La responsabilidad de tener un auditor

Después de conocerse que sólo cuatro aspirantes a auditor habían pasado el examen con los más de 80 puntos que exige la ley (uno más, en la revisión), aumentaron los rumores sobre la posibilidad que no haya acuerdo político y no se pueda nombrar a quien encabezará el órgano de fiscalización a partir del próximo año.

Las condiciones en que se elaboró el examen y la forma en que se blindó, para evitar que se filtraran las preguntas, fue un paso importante en el procedimiento. Al margen de las ligas políticas que tengan los cinco sobrevivientes, sería lamentable que ahora los diputados no puedan decidir y un proceso, que no tiene cuestionamientos hasta el momento, fracase por culpa de ellos.

De hecho, uno de los reclamos constantes cuando los diputados ejercen atribuciones para nombrar a un funcionario público, ya sea en el Poder Judicial o en los organismos ciudadanos, es justamente que no hay un mecanismo de evaluación que permita garantizar el perfil de quien ocupará el cargo.

Los cinco pasaron de panzazo, porque apenas alcanzaron los puntos que se requieren. El mejor evaluado obtuvo 84. Sin embargo, por lo menos en este procedimiento se tiene la certeza de que quienes irán al dictamen que se presentará en el pleno cubren el perfil y conocen de fiscalización.

La Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado prevé la existencia del examen para garantizar que quien busca el cargo tenga “conocimientos del sistema jurídico jalisciense y nacional”, así como de “administración pública, economía, contabilidad y gasto público, auditoría, responsabilidades y fiscalización”.

Por ello, sería lamentable que en el único procedimiento en el que la ley marca de manera expresa la evaluación de los candidatos, lo que no funcione sea la política.

Una vez que se revise que los cinco aspirantes cumplen con los requisitos que marca la ley y que, según los datos que se publicaron, parece que así será, la Comisión de Vigilancia tiene que enviar al pleno la lista y los expedientes. Los legisladores tendrán un plazo de 30 días para resolver. El nuevo auditor necesita el voto de dos terceras partes de los diputados. El nombramiento del actual titular, Alonso Godoy Pelayo, vence el último día de este año, por lo que queda el resto del mes para resolverlo.

Según lo establecido en la ley, si ninguno de los candidatos a auditor alcanza los votos necesarios se integra una nueva terna con los que tengan más votos, se abre un nuevo plazo de 30 días y nuevamente se requiere mayoría calificada.

La misma ley también prevé que si no hay acuerdo, puede quedarse por un plazo de 30 días el director técnico o el auditor especial con mayor antigüedad.

A pesar de todo lo anterior, lo más importante será que los partidos políticos se pongan de acuerdo. Una tarea que no parece sencilla y que seguramente tendrá que formar parte de otras negociaciones, entre las que seguramente estará la elección del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el próximo 15 de diciembre.

Otro ingrediente importante en todo lo que sucede es la importancia de que quien sea nombrado esté libre de cuestionamientos. Sería terrible que finalmente, después de la negra historia de Alonso Godoy, lo sucediera alguien capaz de dar continuidad a un trabajo de fiscalización que ha sido permanentemente cuestionado y que ha sido utilizado con fines políticos.

Además, los diputados deberán ser cuidadosos con cada paso que den en el proceso, para evitar que quienes han adquirido derechos para contender lo judicialicen y terminemos otra vez enredados en amparos.

El panorama no luce sencillo, sobre todo porque quienes decidirán tendrían que mostrar altura y responsabilidad hacia Jalisco.

DN/I