Impulsan una ley general de derecho a la cultura

“La cultura no es legislable como fenómeno, pero como derecho sí. Está como derecho en nuestra Constitución, por eso insistimos en que se vea la cultura en su ámbito jurídico y no antropológico y que si se me daña un derecho yo pueda hacerlo valer”, esta es premisa que promueve Carlos Lara.

Como asesor externo del Congreso de la Unión, el académico junto con un grupo de estudiosos conformó un consejo redactor de la ley, a petición de los diputados. Lara explica los tres modelos que se están analizando actualmente, ya que la discusión se ha mantenido por muchos años.

El académico, maestro por el Instituto Técnico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), asegura que acorde con el seguimiento que ha dado al tema, a la fecha se han presentado más de 10 proyectos a lo largo de 15 años.

“El primero lo presentó la senadora Angélica de la Peña, otro que presentó el senador Rabidranath Salazar y otra propuesta que está haciendo la presidencia de la comisión por parte de Santiago Taboada, quien nos convocó. Ha habido más, pero ya precluyeron porque el reglamento de la Cámara así lo prevé”.

Relata también que en tiempos recientes uno de los proyectos que se han impulsado provino de la Secretaría de Cultura federa (SCF), antes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), por iniciativa de su anterior titular recién fallecido Rafael Tovar y de Teresa.

Este modelo corresponde a un tipo de ley reglamentaria de cultura que atiende al artículo 4º. “En 2009 que redactamos el párrafo 4º para que quedara aprobado el derecho a la cultura en la Constitución, ese mismo artículo dice que la ley garantizará. ¿Qué ley? Pues la que tiene qué hacer el legislativo”, explica Lara.

Pese al mandato, señala que no se ha emprendido esa tarea y que sigue en diálogos. En 2011 se añadió a la discusión lo que establece la Corte Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos.

El estudioso en temas de comunicación a través de la ciencia y la cultura puntualiza que al no haber una ley reglamentaria se debe recurrir a los tratados internacionales firmados por México.

Estas modificaciones abrieron la posibilidad de hacer una ley más amplia, que Lara ha estado promoviendo como segunda fórmula. "Dicen que no es legislable, nosotros defendemos que no lo es como fenómeno, pero como derecho sí y de esa manera está en la Constitución”.

Asegura que una forma jurídica sería compatible con el modelo mexicano, ya que sería similar a la Ley General de Educación, de Turismo, de Medio Ambiente. Por el contrario, Lara niega estar de acuerdo con la ratificación de los funcionarios de la SCF acorde con el reglamento, pues considera que primero debe aprobarse una ley general.

La Ley de Derechos Culturales, como tercera modalidad, se alinea con las convenciones internacionales con las que México ha pactado con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o Agenda 21, y otras. El experto considera que se trata de un asunto de nomenclatura y de convencionalidad.

Finalmente, el tema se discute a puerta cerrada para evitar controversias públicas antes de una definición. El consejo redactor integrado por Carlos Lara, Lucina Jiménez, Carlos Villaseñor y Raúl Ávila Ortiz esta semana presentará la evaluación de los tres proyectos con puntos a favor y en contra para entrar en materia del objeto a legislar.

Dan reversa a seguridad social

Conforme se han estructurado estos modelos, la SCF el año pasado convocó reuniones temáticas en los estados para integrar propuestas para la ley general de cultura. El asesor del Congreso de la Unión, Carlos Lara aclara algunos de los asuntos que se pusieron a revisión a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA).

“Uno de estos, es el tema de los derechos a la seguridad social de los artistas está en la mesa, lo trae un colega. Cuando se discutió dictaminamos en contra en su momento porque finalmente tú puedes ir como periodista, jardinero, mecánico, con la profesión que quieras porque el Artículo 3º te permite ingresar por el régimen de incorporación voluntaria”.

Desecha la propuesta dado el impacto que tendría al erario y por la complicación para distinguir a los miembros de la comunidad artística y los parámetros para catalogarlos como tales.

DN/I