Quieren que funcionarios paguen los laudos

La propuesta de los diputados locales es sencilla: si los funcionarios públicos despiden a empleados de manera injustificada, y así lo determina un tribunal de escalafón, deberán pagar de su bolsa el laudo.

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Miguel Ángel Monraz, recordó que presentaron una reforma para hacer responsable al funcionario público que despida de manera injustificada a un trabajador.

"Aquel servidor público que corra de manera irresponsable, y que al final de cuentas el tribunal determine que se corrió a un servidor público sin tener responsabilidad, el que sea corresponsable directo y pleno de pagar con su patrimonio propio será el director o el servidor público que haya corrido sin ninguna justificación previa", afirmó el blanquiazul.

Mencionó que al paso de los años son los gobiernos municipales y estatales o alguna dependencia pública los que terminan pagando el laudo y no la persona responsable de correr al empleado.

Por ello, ahora quieren establecer una legislación; sin embargo, sólo funcionaría con los nuevos casos a partir de que se apruebe la reforma.

Actualmente, la crisis de pago es tan grave que la suma de todos los laudos es de 5 mil millones de pesos, lo cual afectaría de manera grave no solamente a los servicios públicos, sino también causaría inestabilidad con tantas suspensiones de los alcaldes.

"Es una reforma que permite amortiguar la crisis financiera que tengan los Municipios", señaló el panista como objetivo. Actualmente, la ley establece que los laudos no podrán pagar más de un año de salarios caídos.

Lo que falta es que los tribunales resuelvan también el asunto en un año, sino se afectaría al trabajador, ya que su situación podría resolverse mucho tiempo después, incluso hasta en un periodo de cinco años.

En estos momentos se está trabajando en reuniones con el Poder Ejecutivo y magistrados de los tribunales para revisar de manera clara y precisa cada uno de los expedientes laborales que quedan, a fin de impulsar convenios con los entes públicos en beneficio de ambas partes.

Monraz aseguró que tienen detectado que entre 70 y 80 por ciento de los juicios los llevan tres despachos de abogados, los cuales intencionalmente los alargan para cobrar una comisión por el monto que recuperan.

DN/I