Se retractan diputados de plazos para reformas

A los diputados locales no les importó tener que modificar la Constitución local para retractarse del plazo establecido respecto a que el 27 de marzo aprobarían la segunda parte de las reformas anticorrupción, por lo que quitaron esa obligación del decreto publicado el 26 de noviembre.

Los coordinadores parlamentarios justificaron que ellos se autoimpusieron esta fecha y no pasaría nada si se quedan con la obligación de la ley federal en la materia de hacerlo hasta el 18 de julio, y que además fue una solicitud hecha también por la sociedad civil organizada.

El presidente de la Mesa Directiva, Ismael del Toro Castro, aseguró que tenían lista esta reforma para aprobarse, pero sólo establecía generalidades, como la definición de atribuciones a los tribunales, y era mejor esperarse hasta que discutieran los temas importantes, como la elección de auditor superior y el fiscal anticorrupción, o la nueva integración del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE).

“Lo que vimos inclusive con colectivos ciudadanos, con la iniciativa privada y todos los que están inmersos en el sistema es que requiere más irse al fondo a terminar todos los temas, y parecía más como un absurdo hacer una minireforma constitucional que obligaba inmediatamente hacer una reforma de más calado”.

Sin embargo, en el decreto aprobado ayer en fast track por el pleno legislativo se establece que las razones fueron que había inexactitudes en la redacción y el plazo establecido resultaba insuficiente para la deliberación parlamentaria.

Del Toro admitió que las peticiones de cámaras empresariales y colectivos ciudadanos les hicieron reflexionar respecto a quitar el candado y meterse de lleno al análisis.

“Cancelar este candado autoimpuesto y mejor meternos de lleno a sacar la reforma en el mes de junio, con todo lo que implica constitucionalmente, leyes complementarias, nombramientos de nuevos funcionarios y nuevas instituciones, como es el Tribunal de Justicia Administrativa”.

Falta el nuevo nombre del Tribunal de lo Administrativo, quitar la anualidad de la fiscalización y poner en la Constitución las diferencias entre responsabilidades graves y no graves, opinó Del Toro.

El coordinador de los diputados priístas, Hugo Contreras Zepeda, señaló que fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para hacerlo con más tiempo de análisis.

“En una parte debo decirles que sí (nos adelantamos). El estado de Jalisco fue uno de los primeros estados que dio un paso en una parte y nosotros le nombramos la primera parte”.

El coordinador de los panistas, Miguel Ángel Monraz, expresó que no fue un atorón, sólo un límite que se pusieron y ahora lo quitan para irse al plazo federal.

Aseguró que sí han avanzado y sólo faltan algunos detalles, como aclarar el nuevo modelo de fiscalización y darle más herramientas al Tribunal de lo Administrativo.

HJ/I