Evidencian ineficacia de Auditoría Superior

Mientras que la Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto 444 denuncias y ha logrado la consignación de siete servidores públicos, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) tiene sus números en cero en ambos rubros, afirmó Jesús Ibarra, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

“Este dato significa o en Jalisco no hay corrupción política o la Auditoría local ha sido incapaz de notificarla”.

Esos datos los dio durante el foro Justicia constitucional y anticorrupción. Agregó que para que la fiscalía anticorrupción funcione deberá tener facultades como el levantamiento del secreto bancario. Señaló la dificultad que significa perseguir sobornos y el uso indebido de recursos.

“Porque rápidamente se ocultan, decía yo que es invisible ese tema, se ocultan en el secreto bancario, en el secreto fiduciario, en el fiscal”.

Afirmó que el problema más grave es el soborno con la finalidad de librar una sanción o acceder a servicios públicos.

Señaló que la corrupción es la más clara muestra de la impunidad, por lo que el Tribunal Constitucional Administrativo debe garantizar sanciones efectivas.

Propuso dotar de técnicas y competencias constitucionales a las instituciones para que efectivamente se visibilice la corrupción y se generen incentivos para evitarla; además de levantar el velo para sociedades mercantiles, el fraude de ley, el abuso de derecho y la desviación de poder.

Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, investigadora del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara, recomendó que localmente es necesario emitir una norma adecuada e integral, ya que por omisiones legislativas en algunos casos no se reúnen los elementos necesarios para hacerla constitucional.

También propuso evitar la politización para nombrar a los juzgadores que integren el organismo correspondiente y seleccionar a los más eficientes y capacitados, sin descuidar la paridad de género.

Armando Enrique Cruz Covarrubias, de la Universidad Panamericana, comentó que las normas federales generalmente rebasan a las estatales, quitándoles facultades y soberanía, por lo que el problema es estructural, pero aplaudió cualquier intento por abatir la corrupción.

Luis Antonio Corona Nakamura, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), señaló que el control constitucional debe entenderse como los instrumentos y mecanismos de defensa para ejercer ese principio de supremacía y propuso realizar una reforma integral para rescatar los principios locales.

Mónica Almeida López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó que se acordó impulsar el diálogo con la sociedad e investigadores para diseñar el modelo que erradique la corrupción y la impunidad en Jalisco, y que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, por lo que las consultas y análisis continuarán.

En esta mesa se concluyó que el estado tiene la oportunidad histórica de rectificar lo que no se ha hecho bien contra la corrupción y crear un modelo de justicia constitucional eficiente para combatirla.

Cifra:

444 denuncias ha interpuesto la Auditoría Superior de la Federación contra funcionarios públicos

HJ/I