Las paradojas de un fiscal anticorrupción

Dice un proverbio antiguo que la inexistencia de la verdad es como la realidad de la mentira, del que se puede aplicar para el nombramiento del fiscal anticorrupción, es decir no puede incorporarse algo, a algo, cuando ese algo no existe, así de sencillo.

Existe la Procuraduría General de la República y si se quiere crear la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, dependiente de aquella institución, es como querer trasplantar un corazón a un ser humano que no lo necesita.

Contario sensu, crear un organismo que diversifique la administración de justicia, que dé respuesta a una necesidad social como lo es la contención, persecución y disuasión de los delitos relacionados con la corrupción, verbigracia, el cohecho pasivo o activo.

No es sencillo, pero tampoco complicado si se tienen los recursos intelectuales, jurídicos y sobre todo políticos para crear, primeramente, la fiscalía general de la nación (o de la República, no se ha decidido tampoco por el nombre), promesa de la actual administración encabezada por el Enrique Peña Nieto, cristalizada en el ordenamiento jurídico el cual entraría en vigor en la fecha en que la Cámara de Senadores realice el nombramiento del titular de la así conocida fiscalía anticorrupción, en los términos previstos en el artículo décimo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de febrero de 2014.

En este sentido primeramente se debe crear y aprobar por el Congreso de la Unión la ley orgánica de la fiscalía general de la nación como el reglamento de la ley orgánica de la fiscalía general de la nación. No se puede concebir un nuevo modelo de fiscal en este caso, cuando persiste el viejo y caduco modelo de procuraduría. La innovación y adaptación a una nueva estructura de gobierno, capaz de ser clara en los procesos, impecable en su actuación y profesional en su personal, podría dar respuesta a una necesidad que reclama la sociedad organizada y bajar los índices negativos que a nivel internacional nos colocan en el deshonroso 13º lugar en países más corruptos según el Foro Económico Mundial.

¿Autónomo?

Además de todo esto el proyecto de creación de la fiscalía anticorrupción cuenta con otro problema visible socialmente, pues genera dudas en relación a la autonomía porque se asocia al Poder Ejecutivo, un excesivo protagonismo especialmente en materias que con facilidad tienen derivaciones políticas, lo que genera suspicacias, fundadas o no, pero reales. El caso de la casa blanca es un ejemplo de esta disyuntiva.

La creación de la fiscalía anticorrupción debe obedecer no sólo a su autonomía frente al Poder Ejecutivo sino también a la percepción de dicha autonomía frente a la sociedad, y uno de los elementos de peso para que cobre protagonismo, con el fin de llegar a ser eficaz en la lucha contra la corrupción de forma independiente, es sin lugar a dudas el traspaso de funciones de investigación de los delitos relacionados a delitos de corrupción al Ministerio Público, lo que significa blindar a esta nueva institución de herramientas jurídicas frente a la injerencia de otros poderes del Estado especialmente del Ejecutivo, creando mecanismos reales y efectivos que alejen la perenne sospecha de que sus actuaciones obedecen a criterios partidistas.

Otra característica que debe considerarse es la unidad de actuación y el de dependencia jerárquica, pues la fiscalía no puede tener un poder omnímodo. Estos temas se deben señalar al momento de su creación y seguramente habrá tiempo de analizar y corregir, pues al parecer las modificaciones estructurales de la administración de justicia a nivel federal tardarán en cristalizarse.

*Jefe del Departamento de Derecho Privado del CUCSH de la UdeG

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GT