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Sufren por trámites tras daños de la L3

Además de cuarteaduras en paredes, techos y pisos de fincas ubicadas en las inmediaciones de la obra de la Línea 3 del Tren Ligero por donde pasó la tuneladora, los propietarios se han topado con trámites cansados para acceder a los descuentos prometidos en el pago del predial y licencias, bajas ventas en negocios, recibos de agua con cobros excesivos por la ruptura de tuberías y el peloteo entre autoridades para responder por las afectaciones, se quejaron los dueños de inmuebles ubicados sobre avenida Alcalde, entre Reforma y Garibaldi.

Al igual que las grietas y fisuras, las mermas se presentaron en diferentes direcciones.

El 7 de diciembre “se empezaron a oír tronidos y ruidos entre las paredes y el piso; al día siguiente amaneció la finca fisurada en el primer piso; después de que pasó la tuneladora pensé que era el mayor daño, pero las cuarteaduras se fueron al segundo piso, luego al tercero; ahorita estamos en marzo y ya están el cuarto piso; y el subsuelo, donde está el aljibe, está todo roto”, narró Elena Ibáñez, dueña del inmueble ubicado en avenida Alcalde 269. Los daños perceptibles a simple vista fueron apuntados por ella en un recorrido por el lugar.

El 8 de diciembre, la finca marcada con el 283, sobre la misma arteria, tuvo afectaciones en la red hidráulica. “Mis inquilinos se fueron porque la tubería del agua se rompió al inclinarse el edificio por el paso de la tuneladora, yo reporté eso de inmediato y me arreglaron el agua hasta finales de enero”, lamentó la propietaria, quien no quiso dar su nombre.

Desde que las fisuras comenzaron a incrustarse en los edificios conforme avanzaba la maquina encargada de escavar para las obras subterráneas, se solicitó un dictamen al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) del gobierno del estado, así como a Obras Públicas y a la Dirección Protección y Bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara.

“Hasta el día de hoy nadie me ha dicho lo que pregunté sobre la seguridad para mis inquilinos, si estaban o no en riesgo, ellos se fueron ya de los departamentos y sigo sin tener respuesta por parte de las autoridades. En enero nos citaron los de Siteur para decirnos que ellos se iban a hacer responsables, que nos iban a ayudar, pero hasta el día de hoy, nada”, abundó la también dueña del edificio 281.

Con la impotencia de no tener respuesta oficial, la incertidumbre sobre el pago de las afectaciones y la necesidad de documentar la situación para ampararse en caso de considerarlo necesario, los habitantes acudieron al Colegio de Ingenieros. El dictamen arrojó que los daños fueron propiciados por los trabajos que realizan en conjunto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal, el Siteur y una empresa privada como concesionaria.

“Si de aquí a mayo no tenemos respuesta, yo creo que vamos a tener que actuar (por la vía legal) porque no podemos estar esperando”, advirtieron propietarios de fincas.

“El problema es que yo no veo que el Siteur acepte el daño”, comentó Elena Ibáñez y enseguida enlistó el peloteo por el que han pasado: inicialmente el titular del Siteur, Rodolfo Guadalajara, designo a Felipe González de la Cruz como vínculo entre vecinos y autoridades, pero luego la secretaria particular del primero, Janet Plascencia, pidió que la comunicación fuera con César Rodríguez o con ella para “no molestar” al segundo en mención. Ninguno les ha dado respuesta a sus reclamos.

Los afectados se dicen dispuestos a esperar, pero pidieron a cambio intercomunicación. “No dicen que sí, pero nomás no dicen cuándo”, resumió otro de los quejosos.

“Estamos obviamente desesperados (…) Nosotros estamos en el olvido para ellos y eso es lo que me tiene a mi decepcionada de las autoridades, ¿de veras competentes?”, señaló la propietaria de la finca 283.

A esto se suma la burocracia para acceder a los apoyos prometidos, como descuentos en el pago del predial y licencias. Al menos desde hace dos meses en el Ayuntamiento de Guadalajara los traen “a vuelta y vuelta” y a la fecha siguen sin darles respuesta, según expusieron los entrevistados.

De pilón se sumaron los trámites engorrosos para hacer aclaraciones de cobros excesivos o solicitar reparación o reactivación de servicios, como en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por averías derivadas de las obras de la Línea 3.


HJ/I