Ser periodista en México

México es una de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Organismos internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, la ONU, Centro Internacional para Periodistas, y Periodistas en Riesgo, coinciden con esta afirmación, avalada por la contundencia de los datos.

De 2000 a 2017, asegura Article 19, han sido asesinados 105 periodistas en el territorio. De ellos, 25 durante el sexenio de Vicente Fox; 48 en el de Felipe Calderón y 32 con Enrique Peña Nieto. Los estados donde son más vulnerables son Veracruz, con 22 asesinatos; Tamaulipas, con 13; Oaxaca, con 12; y Guerrero, con 10. A esta cifra negra habrá que agregarle heridos, muertes colaterales, familias destrozadas, amenazas, pero sobre todo, a los atentados directos contra la libertad de prensa. El mismo medio ha documentado que de 2006 a la fecha se han perpetrado 57 atentados contra las instalaciones de medios de comunicación con explosivos y armas de fuego. El recuento de los daños en lo que va de 2017:

El 2 de marzo, en Ciudad Altamirano, Guerrero, dos individuos a bordo de una motoneta asesinaron al periodista Cecilio Pineda Brito, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal. El 19 de marzo en Yaanga, Veracruz, fue ejecutado el periodista Ricardo Monluir Cabrera, director editorial del periódico de Córdoba El Político y autor de la columna Crisol, de El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa. El 23 de marzo, en la capital de Chihuahua, fue abatida la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal del diario La Jornada, colaboraba con el periódico El Norte de Chihuahua y fue directora editorial de El Norte de Ciudad Juárez. El 14 de abril, en La Paz, Baja California Sur, Maximinio Rodríguez Palacios, cubría las notas rojas para Colectivo Pericú,  un blog de denuncia ciudadana y noticias sobre corrupción, abusos y discriminación.

Estos atentados contra el gremio periodístico motivaron que el miércoles 17 de mayo se realizara una reunión urgente en Los Pinos con el gabinete de seguridad y los gobernadores de los estados. En dicha reunión, el presidente Enrique Peña Nieto propuso tres medidas extraordinarias para acometer el problema: dotar de mayor presupuesto y estructura para el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; implementar un protocolo nacional de operación ante las agresiones a los comunicadores, y fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Vale hacer un comentario en torno a dicha reunión. En principio, se pretende combatir el problema desde el escritorio; esto es, aumentando el presupuesto y la estructura burocrática de la instancia responsable de atender estos delitos. Esto difícilmente puede ser efectivo y contundente para combatir la vulnerabilidad de los periodistas. No hay presupuesto que alcance ni número de burócratas o policías que satisfagan las necesidades de seguridad. Se destinan sumas importantes y estructura para cuidar a unos individuos (importantes, sin lugar a dudas), en detrimento de la ciudadanía de a pie.

Por otro lado, en la reunión se dejó de lado la participación de los principales implicados en el problema: los periodistas (quienes asistieron, y protestaron, lo hicieron como reporteros o fotógrafos). Es precisamente lo que no se ha entendido lo que es gobernanza: ante la imposibilidad del Estado para garantizar el ejercicio del periodismo (entre otras cosas), en necesario que, para implementar políticas públicas efectivas, deberá considerar la participación de los ciudadanos organizados como es el gremio de los comunicadores, pero no estuvieron en la mesa.

 

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