Mirarse el ombligo o representarnos

Reducir el presupuesto de los partidos en un 100 por ciento se antoja una medida cuando menos sospechosa. El gobernador Aristóteles Sandoval sabe que su propuesta, así planteada, realmente no va a ser aceptada por los representantes de las diversas fracciones parlamentarias. Sin duda, sabe que de aceptarse en el Congreso local inmediatamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declararía inconstitucional, puesto que los partidos deben tener presupuesto asignado con la idea de que no reciban dinero de dudosa procedencia. ¿De verdad el gobernador se cree y sostendría una propuesta tan radical? Como que no va con quien en su momento logró que Guadalajara estuviera en la cima de los municipios más endeudados y dejó atados de manos a los gobiernos que le han sucedido.

A debate y todo, parece mucho más aceptable la propuesta de que quienes aspiran a ser representantes populares y los partidos que los postulan, aporten cuotas a sus institutos políticos si es que de verdad creen en ellos, y además se ganen el presupuesto que se les asigna a partir de un trabajo que convenza a los ciudadanos y les lleve a ganar el voto de sus electores potenciales.

En ese sentido, parecería más coherente la propuesta del diputado Kumamoto de asignar un presupuesto a los partidos -y diría que también a los independientes-, que corresponda a los votos efectivos que se hayan emitido a favor de cada partido político o de algún candidato independiente. Pero esa propuesta tampoco gusta a los políticos clásicos, acostumbrados a recibir jugosas “prerrogativas” sin el esfuerzo que implica acercarse en verdad a sus representados, convencer de que vale la pena votar por una plataforma política y después rendir cuentas de lo que en verdad se ha trabajado por los intereses y los derechos de los ciudadanos.

Esta discusión, si bien es necesaria, en el fondo refleja la corta mira de quienes dicen o quieren representarnos; su mirada sólo les alcanza para ver lo que les conviene o afecta directamente. Coloquialmente diríamos que se miran el ombligo habiendo tantos temas a tratar que realmente interesarían a los representados y se han quedado en el cajón de los pendientes.

Desde hace dos o tres semanas el tema del Sistema Nacional y estatal Anticorrupción da vueltas y ronda a nuestro alrededor, aunque todo está dispuesto para que en el Congreso de la Unión y en el Congreso Local se discuta, precise y se decida ponerlo en marcha, nada más no vemos para cuándo se les antoje a nuestros legisladores que arranque. Hay disposiciones legales ya preparadas, un diseño institucional. A escala nacional ya hay hasta un consejo de ciudadanos capaces y dispuestos a trabajar y dar seguimiento a lo que se determine en el sistema anticorrupción; pero ni a nivel nacional ni estatal parece haber una voluntad seria para nombrar a quienes encabezarían las fiscalías correspondientes.

No se explica el retraso, pues ni siquiera se ha aprovechado el tiempo en informar de qué se trataría el dichoso Sistema Nacional Anticorrupción y menos el estatal. Tampoco se ha empezado a “socializar” con lo población cuáles serían sus atribuciones, responsabilidades y el alcance de las fiscalías. Sólo así podríamos evaluar si sus responsables podrían cumplir cabalmente su cometido. No quisiéramos ser sólo testigos de un arranque impetuoso, que genere altas expectativas y en el corto plazo se desinfle y muestre poca efectividad. Realmente lamentaríamos que ante uno de los problemas percibidos como importantes en el país, dispongamos para combatirlo de una fiera a la que le faltan los dientes.

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JJ/I