El manejo político de la ASEJ

El informe final de la auditoría a la cuenta pública de Zapopan, correspondiente al ejercicio 2015, es una muestra más del uso político que se le da a la fiscalización en el estado. Cuando el interés es salvar a quien tiene problemas, la cuenta va a la lavandería; cuando se requiere afectar a algún actor político se propone rechazarla.

El problema es que ni siquiera se hace de manera correcta. En los últimos años, todos los que han sido señalados por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) por inconsistencias en sus cuentas públicas y van al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo en el Estado, han conseguido suspensiones para evitar los cargos.

La ASEJ envió al Congreso del Estado la propuesta de rechazar la cuenta pública de Zapopan y fincar cargos por más de mil 282 millones de pesos. De estos, alrededor de 99 por ciento corresponden a trámites que no han cubierto fraccionamientos, los cuales no han sido recibidos formalmente por el municipio.

Lo curioso es que esos fraccionamientos fueron autorizados en las tres administraciones anteriores. Es decir, en caso de existir inconsistencias, también tendrían que haberse señalado a los alcaldes priístas Héctor Vielma Ordóñez y Héctor Robles; sin embargo, sus cuentas han salido limpias.

Cuando fue presidente de Coparmex Jalisco pero, sobre todo, cuando conducía un programa de radio, Pablo Lemus fue un duro crítico de las irregularidades en que incurrió el exauditor superior, Alonso Godoy Pelayo.

 El exfuncionario se llevó 9.8 millones de pesos adicionales a su salario, sin que todavía exista una explicación; su suegro, Alfredo Vargas Padilla, recibió cinco millones de pesos del Congreso del Estado sin acreditar la razón, además de la compra a sobreprecio y el excesivo costo del edificio que construyó como sede de la auditoría.

Esos son algunos de los temas que empresarios tomaron como base para exigir la salida de Alonso Godoy de la Auditoría Superior, entre los que estuvo Pablo Lemus.

Por eso, es evidente que el exauditor buscaría vengarse de Pablo Lemus. El problema es que el tiempo ya no le alcanzaba, pues al perder el apoyo para continuar en el cargo sólo revisó los primeros tres meses de la actual administración de Zapopan. Así, su margen de actuación fue limitado y lo único que pudo hacer fue proponer cargos, no por la forma en que gastó los recursos públicos el gobierno de Lemus, sino por pagos que debieron hacer los fraccionamientos.

Los señalamientos son tan burdos, que por los mismos fraccionamientos en los primeros nueve meses se determina aprobar la cuenta pública 2015, y en los últimos tres se rechaza.

Este tipo de acciones no son únicas en la actuación de Godoy Pelayo, quien una vez decidió fincar al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) cargos por todos los adeudos de todos los usuarios morosos. Claro, sin problema, el TAE concedió la suspensión en este caso.

Además, en la Quincuagésima Novena legislatura cometió un grave error, al enviar informes duplicados de tres cuentas públicas. En uno proponía rechazarlas y fincar cargos, y en otro daba todos los señalamientos por solventados.

Y seguramente habrá más ejemplos, pero el trabajo de la ASEJ se guarda en una oscura caja, pues Alonso Godoy se negó de manera reiterada a cumplir con las obligaciones que le marca la Ley de Transparencia.

En el caso de la cuenta de Zapopan, seguramente las autoridades irán al TAE, pero el problema de fondo es que los diputados siguen sin hacer los cambios a la legislación para modificar la forma en que funciona la ASEJ, incluso después de la salida de Godoy.

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JJ/I