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Abuso de poder
Después del debate
En la cárcel municipal de Ocotlán hay casi 400 por ciento más personas privadas de la libertad que la capacidad que tiene para alojarlos, mientras que en la de Colotlán no hay un espacio para mujeres, a pesar de que cuando fue revisada había dos detenidas. Éstos son sólo algunos de los puntos que ubican a las prisiones administradas por ayuntamientos del estado en la lista de las peores del país.
Jalisco es la tercera entidad peor evaluada por las condiciones de sus cárceles municipales, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sólo están peor los estados de Hidalgo y Nayarit.
En total se revisaron 131 cárceles municipales en el país, de las cuales ocho corresponden a Jalisco. La evaluación para la entidad, que fue reprobada, es de 3.57. Los centros revisados son los que se ubican en Colotlán, Zapotlanejo, Ocotlán, La Barca, Zacoalco de Torres, Tala, Sayula y Cihuatlán.
Todas las cárceles revisadas salen en números rojos. La peor evaluada es la de Cihuatlán, con 2.75, mientras que la de Tala tiene 2.88 y la de Colotlán, apenas 3 puntos.
Salvo la cárcel municipal de La Barca, las ocho restantes tienen sobrepoblación, según lo observado por la CNDH. Además del caso de Ocotlán, los más delicados son los de Tala, que tiene 287 por ciento más internos de los de su capacidad, y la de Cihuatlán, con 105.7 por ciento más.
Además de la sobrepoblación, la CNDH encontró hacinamiento, falta de servicios de salud, que el titular del centro no supervisa el lugar, además de insuficiencia en la prevención y atención de incidentes violentos; tampoco hay atención a personas que se encuentran en condiciones de aislamiento.
Sobre la gobernabilidad de los centros, se hacen señalamientos por la falta de normas internas, así como deficiencias en la imposición de sanciones disciplinarias y la falta de capacitación del personal penitenciario.
También hay observaciones sobre las malas condiciones en que funcionan las cárceles municipales. Por ejemplo, se menciona que no hay higiene en el área en que se alojan los internos, en cocinas y comedores, así como deficiencias en la alimentación.
En la evaluación que se hace sobre la reinserción social para los internos, la comisión encontró que no están debidamente integrados los expedientes jurídico-técnicos de las personas privadas de la libertad, y que éstas no están bien clasificadas. Además, no hay separación entre procesados y sentenciados ni se proporcionan actividades laborales y de capacitación y educativas, para que al salir tengan una mejor reincorporación a la vida cotidiana.
Tampoco hay programas para libertades anticipadas.
Entre los detalles que se señalan está la falta de atención a mujeres, a adultos mayores, a personas con discapacidad, a personas de la diversidad sexual, a quienes viven con VIH/sida y a indígenas. Además, no disponen de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
En la cárcel municipal de Sayula se encontraron actividades ilícitas.
El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 2, ubicado en Puente Grande, superó sus principales dificultades. En 2015 había bajado su recuperación, pero en 2016 logró mejorar; sin embargo, todavía quedan algunos puntos en los que se lanzó una alerta roja, como la insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaría que elaboró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se revisaron 19 centros federales, entre los que está el de Jalisco. En la puntuación, el Cefereso de Puente Grande aparece en el séptimo lugar, con 7.15.
El año anterior, la calificación para el Cefereso había sido de 7.3, cuatro puntos porcentuales menos que en 2014 y 2013, que había sido evaluado con 7.7, por 7.69 de 2012.
Para la revisión se tomaron en cuenta cinco temas, de los cuales en cuatro aparece con semáforo amarillo y uno en verde. El año anterior había tenido dos en rojo: uno sobre los aspectos que garantizan la integridad personal de los internos, que ahora está en amarillo, y el de condiciones de gobernabilidad, que este año aparece en verde.
Uno de los puntos que ayudan a mejorar la calificación es que tiene menos internos de los que marca su capacidad. En el Cefereso de Jalisco se puede recibir a mil 40 internos, pero hay mil 2.
Los puntos que se señalan de cualquier forma como alerta roja, además de la falta de vigilancia, son la falta de garantías sobre el derecho a la salud, a la prevención de violaciones a los derechos humanos y procedimientos para la presentación de quejas.
También se mencionan las malas condiciones materiales y de higiene en las áreas donde se alojan los internos y médica. Además, se menciona la falta de actividades laborales y de capacitación, educativas y deportivas, así como de vinculación con la sociedad.
Tampoco hay atención especial para adultos mayores y no hay programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
JJ/I