Vigente, espionaje del gobierno estatal

Porque el gobierno de Jalisco no da cuentas claras sobre el sistema de espionaje que utiliza la Fiscalía General del Estado (FGE), el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, definirá esta semana si el ayuntamiento abandona su puesto en el secretariado técnico ejecutivo de Gobierno Abierto.

Dicho órgano, conformado por el gobierno de Jalisco y el de Guadalajara, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, así como representantes de la sociedad civil, busca mejorar las condiciones de seguridad, mantener avances en temas de transparencia y determinar acciones para combatir la corrupción.

Tras la publicación de The New York Times que revela prácticas de espionaje a políticos, activistas y comunicadores por parte del gobierno federal, Enrique Alfaro aseguró que en Jalisco también hay espionaje.

“Yo estoy permanentemente espiado, vigilado, intervenido mi teléfono. El gobierno de Guadalajara está analizando en esta semana anunciar algunas determinaciones debe ser un mensaje claro para el gobernador y decirle que nosotros no vamos a tener una agenda de trabajo con un gobierno que se dedica a espiar a los ciudadanos y que no rinde cuentas respecto a qué están haciendo con este equipo de espionaje, en particular estamos evaluando la posibilidad de salirnos del secretariado técnico de Gobierno Abierto”, dijo el edil.

Agregó que no puede haber gobiernos abiertos y el derecho al acceso a la información cuando “un gobierno está espiando a los ciudadanos jaliscienses”, ya que es una simulación por parte del Ejecutivo, por lo que esta semana podría anunciar oficialmente que deja este órgano conformado en 2015.

Tras su postura, Roberto López Lara, secretario general de Gobierno, insistió en que en la entidad no hay espionaje alguno y le pidió al alcalde tapatío reconsiderar su postura de abandonar las mesas del secretariado de Gobierno Abierto.

“Lo invito a que reconsidere y se mantenga en la mesa de Gobierno Abierto, en donde trabajamos en una agenda constructiva para Jalisco, debemos de tener puentes y no destruirlos, los temas de seguridad deben tratarse en el escenario del diálogo y debate entre todos los actores”.

Rechaza Almaguer las acusaciones

“En Jalisco lo que se cuentan son equipos que permiten revisar o tener información siempre y de manera física o directa y siempre a través de un mandamiento judicial, porque de lo contrario no tendría ningún tipo de validez las investigaciones que se realizan particularmente en el tema de secuestros”, aseguró Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal del estado.

Presumió que gracias a estos instrumentos y herramientas operativas, tácticas y de información han dado resultados positivos porque se ha desintegrado a 60 bandas de secuestradores, además de la detención de más de 100 personas en los últimos tres años; se ha rescatado a 98 por ciento de las víctimas, aseguró.

Respecto a las extorsiones, dijo que gracias a estos instrumentos se ha logrado reducir en 90 por ciento este delito, aunque lo que falta es detectar cuando una llamada proviene de alguna otra entidad.

Sin embargo, el funcionario no pudo precisar el total de casos en los que se ha aplicado este sistema ni el número de personas que lo manejan, esto último al ser confidencial.

El año pasado, tres organizaciones ciudadanas que forman parte de la plataforma Gobierno Abierto solicitaron información al gobierno estatal sobre los protocolos que se realizan bajo este sistema, así como los fundamentos legales en los que se basan para aplicarlos.

Según un estudio que presentó en diciembre de 2016 la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el software y las herramientas que usa el Ejecutivo sólo se ha utilizado en dos ocasiones de manera oficial.

Almaguer Ramírez dijo que la información que solicitaron estas organizaciones se les entregó con detalles y la mayoría es relativa a acciones del grupo antisecuestros de la fiscalía.

“En Jalisco no hay alguna prueba, alguna razón para que se pudiera mencionar que se invade la vida pública o privada de alguna persona y que todo esto ha venido mencionándose a partir de una situación en la que es ajena el gobierno y el estado de Jalisco”
Eduardo Almaguer, fiscal del estado

Responde

Si tiene pruebas de que hay espionaje, que denuncie ante la PGR, contestó el fiscal Eduardo Almaguer al diputado local Alejandro Hermosillo

Contrato sigue vigente; hubo cambios en 2015

Jalisco es ajeno al espionaje contra activistas y periodistas ventilado a nivel nacional, aseguró el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eduardo Almaguer; sin embargo, los servicios de investigación que provee la empresa SYM Servicios Integrales fueron modificados en octubre 2015 con características para revisar datos de celulares.

El convenio modificatorio al contrato 503-14 fue realizado petición del entonces fiscal general, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.

Se agregaron artículos como el paquete de recuperación de contraseñas Elcomsoft y una herramienta de clasificación de datos móviles para IOS y Android. También una estación digital forense.

Además, se modificaron algunos artículos en cantidad; por ejemplo, se redujeron dos licencias de Oxygen Forensic para la extracción de información de dispositivos móviles. También se modificaron las licencias del software Passware para recuperar contraseñas y de Magnetic Forensics.

Algunos datos en la lista de equipo entregado por SYM fueron borrados del contrato disponible en la página de transparencia del gobierno del estado. Se incluyen productos como software para redes de vínculos de fuentes abiertas, central de monitoreo; así como vehículo de comunicación y observación especial, equipo de video para transmisión en patrulla en tiempo real y de cómputo.

El arrendamiento con la empresa SYM Servicios Integrales, SA de CV, que provee servicios de espionaje al gobierno de Jalisco, se realizó el 28 de octubre de 2014 y termina en 2018.

El contrato 503-14 establece que cada año, desde 2014, se pagan 52 millones 604 mil 912 pesos con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuya finalidad es solventar estrategias nacionales en materia de seguridad pública.

En total, el acuerdo es por 263 millones 24 mil 562 pesos, sujetos a la disposición de recursos federales, aunque la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) se comprometió a garantizar el presupuesto aun si eso significa utilizar recursos estatales.

De acuerdo con una respuesta a solicitud de información realizada por un particular a la FGE, el 13 de julio 2015, la finalidad de contratar estos servicios es “reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población” sobre todo en materia de secuestros. El documento reconoce que no hay antecedentes que puedan aclarar si el contrato fue por orden federal, pero justifica que prioridad nacional equipar a los encargados de la seguridad.

Eduardo Almaguer justificó que el equipo en Jalisco no es igual al software Pegasus utilizado para espiar a periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, así como defensores de derechos humanos.

52 millones 604 mil 912 pesos es el costo que tiene el equipo cada año desde 2014

JJ/I

Ampliado. El sistema de vigilancia ha crecido; el fiscal rechaza que sea para fines políticos.