Ciclovía: consulta onerosa e inútil

A menos que suceda algo inesperado, como que en un destello de lucidez los consejeros del IEPC recuperen el sentido común y revoquen ese enorme desatino, el domingo 9 de julio se realizará una consulta ciudadana sobre la suspensión –o no– de la ciclovía que se construye sobre el bulevar Marcelino García Barragán.

El problema se remite a fines del año pasado cuando el gobierno del estado, dentro de su programa de impulso a la movilidad no motorizada, inició los trabajos sobre la arteria referida para construir una ciclovía de 3.5 kilómetros de extensión. La obra avanzó sin contratiempos hasta noviembre, cuando con un avance de 70 por ciento un grupo de vecinos inconformes bloqueó por dos horas la circulación, demandando la supresión de las obras.

Dos días después, la diputada priísta Claudia Delgadillo solicitó suspender las obras y propuso realizar una consulta pública con el apoyo del IEPC. Por su parte, el colectivo que aglutina a 18 organizaciones de ciclistas emitió el pronunciamiento Las mismas vías, los mismos derechos, en el que reivindicaba su derecho al uso de la vía.

El 30 de noviembre el Congreso rechazó la iniciativa de la diputada Delgadillo para solicitar al IEPC la realización de esta consulta. Empero, cinco días después, un grupo de vecinos encabezado por la diputada entregó al IEPC un poco más de las 2 mil firmas requeridas para que procediera su análisis. Finalmente, de manera unánime los consejeros del IEPC aprobaron la realización de la consulta.

Quienes aprobaron la consulta deberían saber que hay temas que no pueden someterse a debate. Así como el oxígeno es esencial para la vida del individuo, la calle constituye el bien común por antonomasia para el ciudadano. No hay en el derecho a la ciudad un bien más importante que ése. Su acceso es universal y su regulación, si la hay, debe apegarse a una lógica de ampliar el beneficio colectivo.

Empero, no hay en la exposición de motivos para autorizar la consulta ningún elemento que tenga que ver con la problemática de la movilidad y el espacio urbano. No, los consejeros aprobaron la solicitud simple y llanamente “por el respeto a la libertad de expresión” de los solicitantes. Bajo ese criterio, se me ocurren algunas docenas de temas que me gustaría llevar a consulta. Por ejemplo, apegados a esta misma “libertad de expresión”, solicitar la disolución de los dispendiosos institutos electorales de los estados. Estoy seguro de que rebasaríamos con creces el número de firmas para su aprobación.

La consulta ha suscitado la oposición de numerosas organizaciones de diversa índole. A la previsible reacción de las agrupaciones de ciclistas como GDL en Bici, En Bici, FemiBici y Bici Blanca GDL, que presentaron un recurso apelando a su derecho a la movilidad, mismo que el IEPC desestimó, se han sumado otros actores como la FEU y el alcalde de Guadalajara, que han logrado que la consulta se abra a todos los ciudadanos, en contraste a la solicitud de los vecinos que pretendían restringirla solamente a los habitantes de las colonias aledañas.

No es dato menor saber que la realización de este experimento participativo tendrá un costo de un millón 700 mil pesos que saldrán de nuestros impuestos. Aunque lo grave no es en este caso el dispendio económico; lo inaudito y fuera de toda lógica es que el resultado de la misma no tendrá un carácter vinculante con las decisiones de la autoridad estatal o municipal.

Es decir que, opinen lo que opinen los ciudadanos, el gobierno no se encuentra obligado a asumir sus resoluciones. En palabras llanas, los ciudadanos pueden opinar lo que sea, pero el gobierno hará finalmente lo que le quiera.

Así de oneroso e inútil pinta este ejercicio de participación ciudadana. Digámoslo claro. Una consulta ciudadana cuyos resultados no sean vinculantes no deja de ser una soberana vacilada.

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JJ/I