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No al ‘aplausómetro’ legislativo

Cuentan los jesuitas que en alguna ocasión San Ignacio de Loyola envió a uno de sus compañeros a un país lejano a cerrar un colegio, puesto que los informes que tenía le indicaban que no valía la pena mantenerlo operando. Ignacio le dio al jesuita designado la libertad necesaria para decidir el procedimiento a seguir, una vez que hubiera analizado el contexto del colegio.

En aquella época los viajes tomaban varios meses, incluso años, así que cuando el jesuita llegó al lugar se dio cuenta de que en el ínter la circunstancia había cambiado, y no sólo no cerró el colegio, sino que abrió varios más. Cuando el jesuita regresó le contó a Ignacio de Loyola lo que había encontrado, y le informó sobre la decisión que había tomado, en vista de lo cual, Ignacio de Loyola le confirmó que había tomado la decisión correcta, y además hizo saber a los demás jesuitas que ése era un buen ejemplo de la correcta obediencia, pese a que no hizo exactamente lo que le ordenó.

La anécdota viene al caso porque ayuda a comprender lo que implica la rendición de cuentas: ofrecer una explicación convincente de lo que motivó a alguien a tomar cierta decisión.

Ahora bien, en el contexto de la próxima designación de quienes ocuparán la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia, los que habitamos Jalisco esperamos que quienes nos representan en el Congreso nos den cuentas de su trabajo: que nos expliquen cómo analizaron los perfiles de quienes aspiran a esos puestos, y cómo contrastaron esos perfiles con el contexto sociopolítico de nuestro estado, para determinar quién es la persona idónea en este momento para ese puesto.

Lo que como ciudadanos no merecemos es que quienes nos representan tomen decisiones con base en criterios que no quieren hacer públicos, especialmente si sólo buscan su beneficio particular, o el de sus allegados, en vez del beneficio general.

Por otro lado, tampoco es correcto que nuestros diputados renuncien a su responsabilidad, y en vez de asumir seriamente su deber de decidir, y explicar los motivos de la decisión, se lo quieran devolver a la ciudadanía, especialmente si lo hacen a través de mecanismos que sólo toman en cuenta la popularidad de una persona, y no la idoneidad de su perfil con respecto al puesto que va a ocupar. Las consecuencias negativas de decidir con base en los “me gusta” ya las están padeciendo en Estados Unidos con Trump.

Lo anterior no significa que los ciudadanos no podamos colaborar en la toma de decisión. Los ciudadanos podemos aportar pruebas o evidencias de que alguien no cumple con el perfil especificado. Y también podemos diseñar instrumentos que ayuden a ponderar mejor el perfil de cada aspirante, de manera que les resulte menos difícil discernir quién tiene las mejores cualidades. Pero estos son sólo apoyos para que diputadas y diputados tengan más elementos a considerar para tomar su decisión, y si toman en cuenta esos apoyos deben explicar por qué los consideraron pertinentes.

En otras palabras, si los diputados y diputadas hacen su tarea, entonces son las personas más apropiadas para decidir, porque tienen a la vista un panorama social y político que la mayoría de los ciudadanos no tenemos ni podemos tener, y por eso responsablemente deben tomarlo en consideración al decidir.

Quienes nos representan no deben degradar la democracia a una cuestión de popularidad, y sus decisiones no deben basarse en un aplausómetro. Lo que tienen que hacer es tomarse en serio el ejercicio de las encomiendas que los ciudadanos les dimos, y rendir cuentas de ello.

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@albayardo

JJ/I