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Crucificándose
Empiezan las campañas
El primer paquete de reformas en materia anticorrupción quedó listo con la declaratoria de la reforma constitucional, tras el aval de 92 Municipios y la creación de la ley del sistema anticorrupción del estado.
De manera unánime, los 35 diputados presentes aprobaron las primeras reformas legales para crear el sistema estatal anticorrupción, que estará operando hasta el 1 de enero.
Con la reforma constitucional se crea la fiscalía anticorrupción, se hace autónoma la Fiscalía General; el Tribunal de lo Administrativo del Estado pasa a ser el tribunal de justicia administrativa, entre otros cambios.
Esta nueva ley establece las reglas para su operación, los mecanismos de coordinación, define a las autoridades competentes y los criterios para los delitos anticorrupción.
El sistema estará integrado por los comités coordinador y de participación social, y por el sistema estatal de fiscalización; sólo el segundo estará integrado complemente por ciudadanos.
En el caso del primero, sólo uno de los siete espacios será ciudadano, y el tercero lo integran únicamente dependencias gubernamentales.
El comité coordinador será el responsable de establecer mecanismos entre los sistemas estatal y nacional, y le tocará el diseño, la promoción, la implementación y la evaluación de las políticas públicas de combate a la corrupción.
Estará integrado por siete personas: un representante del comité de participación social y del Consejo de la Judicatura, además de los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la fiscalía especializada en materia anticorrupción, Contraloría del Estado, del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei) y del tribunal de justicia administrativa.
La presidencia de este comité durará un año y será rotativa entre los miembros del de Participación Social; además, tendrá la obligación de reunirse cuando menos en forma ordinaria cada tres meses.
En contraste, el comité de participación social estará integrado por cinco personas de probidad y prestigio, quienes durarán cinco años sin poder reelegirse.
“(Será) la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la materia anticorrupción, además de llevar los índices de percepción que se tengan de la corrupción por los diferentes entes públicos”, especificó la diputada priísta Rocío Corona Nakamura.
Estos integrantes no podrán tener en su gestión un empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal, y recibirán una remuneración económica que no se ha especificado.
Para elegir a los integrantes del comité de participación social se creó un comité seleccionador integrado por nueve personas, quienes destacan en áreas de transparencia y corrupción.
A través de un comunicado, diversas organizaciones e instituciones destacaron el proceso para la creación del sistema estatal anticorrupción, principalmente la participación ciudadana.
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jalisco Cómo Vamos, Tómala y Congreso Ciudadano de Jalisco establecieron dos puntos que, si bien afirmaron que no desprestigian el trabajo hecho, sí son para tomarse en cuenta.
Uno de esos puntos es el papel del comité de participación social, mismo que, a su parecer, conserva un buen grado de discrecionalidad, pues incide de manera marginal en la elección del fiscal anticorrupción, y lo hace de manera nula para el fiscal general, auditor y magistrados administrativos.
Por otro lado, señalaron que el tribunal de justicia administrativa queda prácticamente con las mismas atribuciones que el Tribunal de lo Administrativo del Estado, cuando lo deseable es que pudiera revisar y anular actos administrativos de los tres poderes.
Las leyes secundarias serían aprobadas en septiembre; el presupuesto quedaría entre noviembre y diciembre, y los nombramientos, también para el último mes del año
JJ/I