El derecho a la salud mental

En los últimos años, cotidianamente a través de los medios de comunicación, se nos ha informado que el número de personas que se suicidan, de personas que se deprimen, de parejas que se divorcian, de casos de violencia familiar, de embarazos tempranos, de adolescentes que se han incorporado a las adicciones y a la delincuencia, de niños y adolescentes que sufren de bullying en sus escuelas, de personas que han sufrido la pérdida de algún ser querido y de personas que han sido víctimas de secuestro, y el número de muchos otros problemas, se ha incrementado.

La inmensa mayoría de personas involucradas en estos hechos requieren que se les atienda psicológicamente y lo cierto es que en nuestro país no existe la infraestructura mínima para ello. Por otro lado, se requieren servicios psicoeducativos para coadyuvar a que las personas se desarrollen optima e integralmente, para que vivan en estado de bienestar y de felicidad, con sus implicaciones positivas en la productividad académica y laboral, en el desarrollo familiar y social y en un descenso de los problemas de salud, de violencia, de accidentes, entre otros.

Por ello, es de gran trascendencia nacional el resultado de los trabajos que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados para crear la ley general de salud mental.

Los psicólogos mexicanos estamos proponiendo que en dicha ley quede plenamente reconocido el derecho de los mexicanos a los servicios de salud mental; que el gobierno federal en diversos sectores (no solo en Salud) incremente e incorpore el gasto en servicios de salud mental; que se establezcan los derechos de los usuarios a los servicios profesionales de salud mental; que se instituya un consejo nacional de salud mental interinstitucional, intersectorial y con participación ciudadana y de los profesionales de la salud mental; que en todos los hospitales, centros de salud y escuelas de educación básica y media públicas se implementen servicios de salud mental con una infraestructura física y tecnológica digna y actualizada, y que la inversión económica para financiar tales servicios sea realizada proporcionalmente durante los próximos cinco años a partir de la vigencia de la misma ley.

Lo que debe quedar claro es que no podemos seguir minimizando el problema de que los mexicanos, sino cuentan con recursos económicos suficientes, no pueden ejercer su derecho inalienable a servicios de salud mental de calidad.

¡Porque la salud mental también es nuestro derecho!

[email protected]