Medidas cautelares son insuficientes: abogado

Favorables pero insuficientes, así consideró el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en contra de la Comisión Estatal del Agua (CEA) por el acoso que han sufrido habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo después de que el Ejecutivo estatal diera luz verde a la Presa El Zapotillo con una cortina de 105 metros de altura.

Después de que el 3 de agosto se presentara una queja ante a la comisión, el 8 el organismo determinó que, en el ámbito de su competencia, la CEA deberá girar las instrucciones necesarias “a efecto de evitar que se realicen actos de hostigamiento en contra de los pobladores y propietarios de las fincas en Temacapulín, Acasico y Palmarejo, para desocupar sus viviendas debido a la puesta en operación de la Presa El Zapotillo”.

Ante ello, el defensor de los afectados consideró que la CEA no es la única instancia que debió ser señalada por el organismo protector de los derechos humanos.

“Creo que se queda corta la medida. Está bien, pero tenemos que ampliarla, porque no sólo es la CEA, es también gobierno del estado, es Aristóteles (Sandoval), es el secretario general de Gobierno, es la Subdirección de Asuntos Jurídicos, donde hay procedimientos de expropiación de predios y fincas en Temacapulín. Sobre todo ésos y también incluir a la Semadet y también a los Municipios de Cañadas de Obregón y de Mexticacán, al que pertenece Acasico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ampliar la queja y vamos a pedir que las medida cautelares sean más abarcadoras”.

Originalmente, la CEDHJ concedió a la CEA un plazo de tres días hábiles a partir del 8 de agosto para manifestar si aceptaba las medidas emitidas y uno de 15 días hábiles para acreditar su cumplimiento; sin embargo, será hasta el lunes cuando se notifique de forma oficial a la dependencia, ya que toda vez que la queja se procesa en la visitaduría ubicada en Tepatitlán, la decisión se hizo de su conocimiento vía correo electrónico en documentos que la CEA consideró como no legibles, por lo que ahora tendrán que ser enviados de forma física.

Ahora, indicó Espinoza Sauceda, la comunidad se prepara para ofrecer pruebas y alegatos ante la respuesta que otorgue la CEA.

En la queja, presentada por el abogado en conjunto con los ciudadanos María González Valencia, María de Jesús García, Luis Villegas Ruiz, Alfonso Íñiguez Pérez y el padre Gabriel Espinoza, se recuerda que la CEDHJ ya emitió una recomendación por el caso, la 35/2009, en la que se establece que la eventual conclusión de la obra sería violatoria del derecho a la identidad de las comunidades, su derecho a la democracia y los derechos colectivos como poblaciones organizadas, sin que la anterior o la actual administración estatal la hayan acatado.

“No sólo es la CEA, es también gobierno del estado, es Aristóteles (Sandoval), es el secretario general de Gobierno, es la Subdirección de Asuntos Jurídicos, donde hay procedimientos de expropiación de predios y fincas en Temacapulín”
Guadalupe Espinoza, abogado

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