Funciona a medias sistema de justicia

El nuevo sistema de justicia penal, llamado acusatorio-adversarial, atraviesa por una serie de críticas que cuestionan su eficacia y que, además, de acuerdo con las opiniones de funcionarios, policías y ciudadanos, privilegia a los delincuentes.

Ante esto, Rafael Castellanos, notario público y ex titular de la Fiscalía Central, además de introductor del nuevo sistema en Jalisco, explicó las carencias y las virtudes del cambio de paradigma de la justicia penal.

Carencias en la ejecución

El nuevo sistema se creó con una serie de necesidades que tendrían que subsanarse en un periodo de ocho años. La fecha límite fue el 31 de junio de 2016. Durante el periodo entre su aprobación y la puesta en marcha, no sólo se harían las reformas respectivas en los congresos de los estados y se establecerían los órganos implementadores, sino que también se capacitaría e incrementaría la plantilla de trabajadores. Jalisco fue de las últimas entidades, pues cumplió apenas unos días antes que venciera el plazo.

Pese al retraso que dio un mayor margen de tiempo para cumplir, a la fecha continúa el déficit de los actores involucrados en el nuevo sistema, que son policías municipales, estatales, ministeriales; agentes del Ministerio Público (MP), sociales o defensores de oficio; peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y mediadores del Instituto de Justicia Alternativa (IJA).

El ex fiscal central explicó que en 2017 se cuenta con 24 mil policías en los municipios, pese a que se necesitan 36 mil 544; es decir, está cubierto 65.6 por ciento de la necesidad total.

En las policías estatales hay 2 mil 500 elementos cuando el número debería ascender a 5 mil, lo que significa que apenas opera la mitad de agentes respecto a los que se necesitan; la situación con los policías ministeriales no mejora, pues sólo se tiene una tercera parte de lo que se necesita, con mil trabajadores.

La situación se agrava si se toma en cuenta que cada año disminuye la cifra de policías, pues debe darse de baja aquéllos que no han pasado los exámenes de control de confianza.

Por otra parte, existe déficit de agentes del MP: hay 400, cuando el ideal es que presten el servicio 900; es decir, no se llega ni a la mitad de lo necesario. El personal de IJCF que realiza los peritajes y las pruebas incontrovertibles se compone de 180 personas, cuando el ideal es de 300.

El número de agentes sociales o defensores de oficio que facilita la Procuraduría Social también está por debajo del requerimiento, pues de 300 que se necesitan para la defensa de imputados y víctimas que no puedan pagar un abogado, sólo hay 170.

Un dato que expone la debilidad de la implementación son los 50 mediadores del IJA, quienes deben ser las figuras centrales en un sistema que pretende mediar antes que consignar; según el ex fiscal central, tendrían que ser 300.

Una propuesta sería incrementar la plantilla y así cumplir con el objetivo; sin embargo, el estado no podría erogar los 8 mil millones de pesos más al presupuesto, aseguró el ex funcionario.

Falta capacitación

Rafael Castellanos, tal como lo había mencionado antes para el noticiario local de MVS, aseguró que a su llegada a la Fiscalía Central no se había hecho nada respecto a la capacitación, pese a la existencia de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Aunque se erogaron cerca de 27 millones de pesos para la capacitación, esto no se vio en la práctica.

“Después del decreto de 2009 del consejo implementador del sistema, sólo apareció en papel y no hizo nada, absolutamente nada”, aseguró Rafael Castellanos.

El gobierno estatal recibió el fondo federal de recursos entre 2010 y 2012, “pero nadie sabe dónde están. No estoy diciendo que se los robaron ni en qué se utilizaron, (tal vez) se utilizarían en otra cosa, menos en capacitación de los actores del sistema”.

Retraso en la implementación

En abril 2013 comenzó el órgano implementador a cargo de Jorge Humberto Chavira Martínez, quien fungió como secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Jalisco.

Cuando eso sucedió, todavía existía el rezago de la creación de 14 leyes y tres acuerdos para que la entidad entrara a la implementación del sistema.

A esas alturas, consideró el ex fiscal central, “en una escala del uno al 100 teníamos cuatro puntos, la Ley de Justicia Alternativa y el Instituto de Justicia Alternativa (IJA)”, contexto que rezagó la implementación; “entramos mucho después”, dijo.

Aunado al retraso en la implementación, las carencias de personal y la falta de capacitación, “la gente no entiende el nuevo sistema, pues una de sus cualidades es la mediación, opción que no se toma (…) lo primero que quiere es que se consigne al imputado”.

En este sentido, aunque las instituciones se encuentran en transición, la población mantiene la aspiración del antiguo sistema punitivo-castigador, dijo. Prueba de ello, amplió Rafael Castellanos, son los casos de justicia por propia mano de algunos ciudadanos que, aseguraron, se originaron ante la indolencia de las autoridades.

Además, la práctica, de acuerdo con el ex funcionario, se explica por el déficit de policías en la entidad, pues reiteró que para que el nuevo sistema sea exitoso, debe operar con una serie de agentes que brinden la integridad física y patrimonial de la población.

¿Sirve o no?

Aunque funcionarios, policías y ciudadanos consideren que el nuevo sistema favorece a los imputados, Rafael Castellanos, ex fiscal central, dijo que funciona, pues contempla “un privilegio que es fundamental: la presunción de inocencia. Eso solo justifica el sistema”

•  Destacó que en el anterior sistema, no obstante que la Constitución alude a la seguridad como un derecho humano “y que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, la verdad era que, en cuanto te detenían, tú tenías que demostrar tu inocencia, no la autoridad; así había muchos inocentes en la cárcel”
•  Otro cambio fue que el viejo sistema “detenía para investigar y no investigaba para detener”
•  Destacó que una de las salidas del sistema es la mediación y conciliación de ambas partes, de la víctima y el indiciado, donde la prisión preventiva “es extraordinaria, el último recurso y sólo destinado para quienes cometen delitos graves” como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos ejecutados con medios violentos, como armas y explosivos.

Falta de jueces favorece impunidad: Ricardo Suro

En México existe un déficit importante de jueces, lo que influye en los altos niveles de impunidad que se viven en el país, consideró el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), Ricardo Suro Esteves.

“Según el Índice Global de Impunidad 2016, se estima que en México la media nacional de jueces es de cuatro por cada 100 mil habitantes, cifra muy inferior al promedio global de 17 jueces por cada 100 mil habitantes y muy por debajo de países como Croacia, el más bajo en índice de impunidad, que cuenta con 45 jueces, o Nicaragua, que cuenta con 57 por cada 100 mil habitantes”, expuso el magistrado al participar en la inauguración de la Reunión Nacional de Juzgadores.

Aunque no lo mencionó, ese mismo estudio ubica a Jalisco ligeramente por arriba de la media nacional respecto al grado de impunidad que prevalece. En una escala donde 100 representaba la impunidad total, Jalisco obtuvo 67.45 puntos (67.42 fue el promedio mexicano) tras evaluarse diversos indicadores de seguridad pública, gobierno e impartición de justicia.

Suro Esteves consideró que la carencia de jueces se relaciona de forma estrecha con cuestiones presupuestales.

En ese sentido, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz indicó que Jalisco tomará medidas para asegurar la disponibilidad de recursos y así garantizar el funcionamiento del nuevo sistema de justicia.

“En los próximos días estaremos dando a conocer un paquete financiero que vamos a poner a discusión, convocando al Poder Legislativo, al Poder Judicial de Jalisco, para que cuente con mejores herramientas para capacitar y profesionalizar a quienes forman parte del nuevo sistema (...) Seré un portavoz ante la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), donde estaremos impulsando las medidas para que los poderes judiciales de las distintas entidades cuenten con lo necesario para llevar a buen puerto la implementación de los juicios ejecutivos mercantiles orales, la reforma laboral o las reformas en materia de niñez y de adolescentes”, expresó el mandatario estatal.

Sin mencionarlo directamente, Sandoval Díaz calificó como simplista la visión expresada con anterioridad por el comisario de la policía tapatía, Salvador Caro Cabrera, quien ha asegurado que el incremento en la comisión de algunos delitos se debe a la implementación del nuevo sistema de justicia.

Durante la reunión que inició ayer y concluirá hoy se analizarán diversos temas relacionados con la impartición de justicia en las materias civil, mercantil, familiar y de adolescentes.

JJ/I