Poncitlán y Juanacatlán son municipios de Jalisco que tienen entre sí más similitudes que diferencias: forman parte de la misma región hidrológica Lerma Santiago, el agua que un día era su más grande riqueza hoy es su condena y, al respecto, las autoridades municipales, estatales y federales son igual de omisas ante la tragedia en que viven sus habitantes, muchos de ellos seres humanos que apenas comienzan a vivir.
En Juanacatlán abundan los pacientes de cáncer, jóvenes que ni siquiera alcanzan los 30 años. Su verdugo a simple vista es el río Santiago, pero no, a él también le quitaron la vida: las descargas tóxicas del corredor industrial El Salto-Juanacatlán y el permiso que las autoridades les dieron con su silencio crónico fueron quienes los envenenaron, al río y a la gente que lo respira.
La Comisión Nacional del Agua también ha puesto su parte para esto al inspeccionar sólo a tres de las más de 300 industrias de ese corredor en el lapso de un año y medio, en donde los inspectores reportan que no pudieron acceder a los puntos de descarga de las empresas y entonces tomaron las muestras de otro lado. Y todas, las tres revisadas, salieron bien.
Mientras la Conagua simula que hace su trabajo, los habitantes de Juanacatlán y El Salto respiran en la brisa de la Cola de Caballo los más de mil componentes químicos que se han hallado presentes en el río Santiago, causándoles a veces dolores de cabeza, o cultivándoles tumores o malformando a sus fetos, algunos que no logran ni siquiera nacer.
En Poncitlán, a 30 minutos de distancia, la enfermedad renal es una epidemia declarada, donde la incidencia en niños es 10 veces más alta que en cualquier otro municipio de Jalisco y cuatro veces más en adultos. En esa zona de la ribera de Chapala las causas son menos claras porque se distribuye en más factores, según han documentado estudios de la UdeG.
Lo primero es el agua subterránea que por años ha abastecido comunidades como San Pedro Itzicán y Agua Caliente, también los componentes químicos y orgánicos que entran a Chapala a través del río Lerma, que históricamente ha sido fuente de recreación y alimento para las poblaciones.
Todos esos factores y más se ven agravados por la pobreza, la malnutrición, que predispone a las personas a enfermar. Estudios recientes que siguen en curso por parte de la UdeG han encontrado incluso pesticidas en la orina de los niños, que todavía no saben de dónde vienen.
Pero además de la dolorosa enfermedad renal que todo eso está desencadenando en esas zonas, ya se están presentando también, como en Juanacatlán, malformaciones en fetos, en extremidades de bebés y abortos espontáneos. Vidas truncadas desde antes de nacer.
Ésta es la realidad de esas comunidades de Jalisco, de ese estado que el gobernador presume como reductor de la pobreza cuando no paran las noticias de más niños y adultos enfermos sin acceso a atención médica ni medicinas en su municipio, y otros tantos muertos con periodicidad.
¿Cuántos funcionarios de Jalisco, de la Conagua y del municipio, de éstas y de administraciones pasadas, van a ser responsabilizados por no hacer su trabajo y dejar a la gente enfermar y morir? ¿Cuántos empresarios van a pisar la cárcel por contaminar durante décadas con elementos tóxicos, de los que 50 ni siquiera están en la legislación mexicana? ¿Hasta cuándo seguirán con el pacto implícito de generar empleos mal pagados a cambio de traer contaminación y muerte silenciosas? Urge la salud, pero también justicia.
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