Se busca fiscal

La parálisis legislativa por el tema del fiscal general de la República deja en claro, una vez más, cómo el Poder Legislativo se gobierna a capricho, repartiendo descalificaciones según sea el momento y llegando a acuerdos cuando los intereses lo ameriten.

Diputados del Partido Acción Nacional, junto con perredistas y emecistas, alteraron el reloj del Legislativo hasta lograr la total garantía de que quien llegue a la fiscalía general no sea el actual titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade.

Sus nexos con el presidente Enrique Peña Nieto (de ahí que le llamen fiscal carnal) y el hecho de que sea un reconocido priísta son los argumentos para el rechazo de Cervantes Andrade y, sí, son razones válidas que organismos civiles y la misma ONU respaldan porque una fiscalía sin autonomía sería pan con lo mismo.

Nacería bajo sospecha de cuidar la espalda de quienes ya van de salida tras un sexenio profundamente ligado a la corrupción de grandes vuelos. Si del actual procurador se dice que es un jurista con buenas cartas credenciales, eso ya no cuenta. Dejarlo en el puesto equivaldría a sellar la naciente fiscalía como una institución para impartir justicia de forma discrecional.

Pero con esta polémica, lo que llama la atención es el nivel que está exhibiendo la clase política. En 2014, cuando el PAN llevaba mano en la dictaminación para la fiscalía, votaron por el pase automático, ahora dicen que siempre no.

Poco abona a la credibilidad de Ricardo Anaya, líder nacional panista, que suelte un comunicado argumentando que en 2014 él estaba de vacaciones y por tanto no votó por el pase automático.

A los ciudadanos no nos queda más que dudar de que la actitud de este frente de diputados de oposición sea la legítima defensa de una fiscalía independiente que haga justicia y no abra la puerta a la impunidad, si se da el caso. A como manejan la labor legislativa, la sospecha es que la parálisis en la Cámara de Diputados es otro juego de intereses más. Un nuevo toma y daca.

De entrada, el tema de la fiscalía general ya trae detrás un sueño de tres años. Desde 2014 los legisladores le fueron dando largas y más largas porque así convenía a los intereses políticos no a los intereses de un país cuya sociedad expresa a gritos el hartazgo ante las corruptelas –cada vez más evidentes–, el cinismo de quienes las cometen y una justicia a modo.

Que despierte esta iniciativa justo ahora es, a todas luces, una maniobra para que unos partidos se alcen como defensores de la impartición de justicia y otros queden como los que apuestan a la impunidad. Todo con miras a 2018.

De cómo se mueven las cosas en la política da otro ejemplo Enrique Ochoa Reza quien primero dejó en claro que sus piezas priístas en el Legislativo darían el respaldo a Cervantes Andrade y luego cambió la línea afirmando que su partido no votaría por el pase automático.

Pero ahora afirma que el cambio de parecer es porque el PRI dialoga y construye acuerdos, no porque la oposición les esté ganando la partida. Desde su punto de vista, el frente que formaron diputados del PAN, PRD y MC es secuestro del Legislativo y chantaje. Pero secuestro y chantaje también es que los priístas revienten sesiones y empantanen votaciones por intereses políticos.

Si la elección del fiscal general de la República tiene que ser escrupulosamente cuidadosa, responsable, transparente y analizando todos los perfiles que haya sobre la mesa, pues que venga el conflicto entre las fracciones partidistas. Sin embargo, el zafarrancho que se cargan y sus decisiones incongruentes hacen pensar en todo, menos en la posibilidad de que pretendan evitar otra cachetada para la sociedad.

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JJ/I