Iniciativa privada debería subsidiar obra urbanas

Contraste. La obra Maíz, de Ismael Vargas, tuvo un costo de 600 mil pesos en Zapopan, contra los 5 millones de Sincretismo, del mismo autor, en Guadalajara. (Foto: Grisel Pajarito)

La semana pasada, para sorpresa de muchos, trascendió una iniciativa de los diputados priístas en Jalisco, Rocío Corona Nakamura y Hugo Contreras Zepeda, una propuesta de Ley de Adquisición de Arte Público del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la reforma a varios artículos de la Ley de Austeridad y Ahorro y la Ley de Planeación de los Estados, según informaron el 24 de agosto.

Este paquete legislativo replantearía el papel que tiene el gobierno como coordinador de la planeación, el desarrollo y la promoción del arte público en todo el estado, básicamente. Esto bajo la excusa de que existen obras prioritarias más importantes que atenderse con recursos públicos y dejando al patrocinio privado la colocación de arte urbano, según dice el documento que acredita esta propuesta frente a la Cámara de Diputados.

En el acta de estas exigencias, los diputados aluden a la urgencia de otros servicios, como de salud y libre tránsito. “...Es dable establecer que una eventual suspensión del programa de arte urbano de Guadalajara habría dado al gobierno municipal la oportunidad de fortalecer otras áreas de la administración pública estrechamente vinculadas con los derechos humanos… esta medida tendería a lograr un equilibrio razonable entre estos derecho(s) humanos y el derecho a la cultura partiendo de la circunstancia de que los primeros tienen graves carencias”, señala.

Entre otras cosas la propuesta de ley busca que para la elección de artistas que erijan obras en el espacio público se procedería a un concurso público en el que se “preferirá a los locales por los nacionales y a los nacionales por los extranjeros” y, de manera mucho más polémica, establece que si el gobierno quiere montar una escultura pública tendría que hacerlo con recursos privados y mediante donación de obra, nunca por compra, y habría de conseguir un comité que funja como servidor público permanente.

Esta propuesta de ley nació a partir del polémico programa de escultura pública que impulsa el Ayuntamiento de Guadalajara y que contempla, como se ha informado antes, cinco ejes, además de la inauguración de 10 nuevas esculturas con un monto total de alrededor de 40 millones de pesos.

Muchas han sido las voces que están en contra del programa, de los gastos y de la opacidad con la que se ha manejado la elección de obras, de espacios para colocarlas y de la selección de artistas que participan.

Muchas también han sido las voces que defienden el programa. La última escultura pública de la que se tiene registro, al menos por su importancia, son los Arcos del Milenio, de Sebastián, que quedaron inconclusos desde principios de siglo y que costaron a Jalisco alrededor de 20 millones de pesos.

En contraparte está la iniciativa de Escultórica Monumental, que se inauguró en Zapopan este año, muy cerca de cuando se inició el programa del ayuntamiento tapatío y que, aunque cuenta con el apoyo del alcalde Pablo Lemus, ya que es el Municipio quien otorga los permisos. El programa es dirigido por el escultor Humberto Baca.

Una de las polémicas que desató su programa tiene que ver con que, casi simultáneamente, se inauguraron dos obras de Ismael Vargas con este programa y el del ayuntamiento de Guadalajara. Maíz en Zapopan costó 600 mil pesos. Sincretismo, en Guadalajara costó más de 5 millones.

Sin embargo ni la comunidad cultural ni los directivos de instituciones y organismos gubernamentales confían en que esta propuesta de ley vaya a mejorar las cosas. El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) en Jalisco emitió un comunicado a principios de la semana pasada después de una reunión en el que describen la propuesta de Nakamura como “una violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión y al acceso a la cultura”.

En dicho comunicado argumentan que la iniciativa en la mayoría de sus puntos resulta limitante a la creatividad artística y al hecho de que se quiera dar preferencia en esta ley a los artistas que ofrezcan su obra como donativo, así como de coartar las posibilidades de los artistas emergentes.

“No se debe prohibir bajo ninguna circunstancia el uso del recurso público para la adquisición de obras de arte público, por el contrario el patrocinio privado y social deberá sumarse al esfuerzo que resulte de la asignación de recursos para este fin”, dice el documento que  señala la propuesta de ley como una falta de respeto para la comunidad cultural y poca sensibilidad hacia los creadores, así como un agravio a los derechos de la ciudadanía.

“El Estado es quien debe proveer de Arte Público y garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano y debe respetarse”.

Además, en una carta dirigida a Kelhia Ku, diputada de la facción de Movimiento Ciudadano, el Grupo Colectivo de los 7 de Guadalajara, conformado por artistas como David Agredano, Estanislao Contreras, Javier Malo, Francisco Gómez, Ulises Sánchez, Agustín Alfaro y la escultora Dolores Ortiz –quien también forma del programa de escultura pública del Ayuntamiento de Guadalajara– se manifestaron en contra de la propuesta de ley antes mencionada.

“El arte público (particularmente la escultura) hace ciudad”, expresan en un comunicado, “se convierte en un referente de las poblaciones determinando un espacio de convivencia…”.

Bajo el argumento de la necesidad de tomar posesión del espacio público a través del arte y de la necesidad que tiene la urbe hacia estas piezas, el comunicado continúa sobre la calidad pública que tienen las esculturas y, defendiendo el derecho al arte mencionan “...su autorización y respaldo dependen del Estado, y por tanto se le define como arte público, pues generalmente está financiado por los distintos gobiernos, aunque también, pero en pocas ocasiones, recibe financiamiento por parte de la iniciativa privada o por algunas instituciones”.

Para ellos hoy más que nunca se necesita al arte público para que “incremente su presencia en las distintas zonas urbanas, para que cada vez haya más gente que goce del arte y refine su sensibilidad”.

La propuesta de ley, sin embargo, tendrá que aceptarse o no en el Congreso del Estado en futuras fechas.

“Es dable establecer que una eventual suspensión del programa de arte urbano de Guadalajara habría dado al gobierno municipal la oportunidad de fortalecer otras áreas de la administración pública estrechamente vinculadas con los derechos humanos”
Texto de la iniciativa de ley

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