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Ante el riesgo de que se limite o simule la participación ciudadana en la reforma para crear el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), organizaciones de la sociedad civil y universidades entregaron al Congreso del Estado una lista de propuestas que consideraron básicas para que sean tomadas en cuenta.
Se trata de precisiones en el procedimiento para nombrar a los comisionados del Instituto de Transparencia, Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, del auditor superior, de los fiscales general y los especializados en delitos electorales y en combate a la corrupción, así como los magistrados del tribunal de justicia administrativa. En todos los casos se indica en qué momento intervendrá el Comité de Participación Social.
Además, piden que se incluya como sujetos de responsabilidad administrativa a los funcionarios de los organismos autónomos, los partidos políticos, equipos de transición, sindicatos y universidades públicas. Las organizaciones civiles proponen que las declaraciones patrimoniales y de intereses sean públicas.
Las propuestas fueron entregadas en un formato de iniciativa de reforma, con el argumento de que sea más fácil su incorporación al documento final que discutirán los diputados. La postura sobre el tema se fijó en la exposición de motivos y es la conclusión de la participación que estas organizaciones tuvieron en la comisión interinstitucional que convocó el Poder Ejecutivo y en la mesa de gobernanza que formó el Congreso del Estado para crear el SEA.
El documento está firmado por la Barra Mexicana Colegios de Abogados, capítulo Jalisco; el Colegio de Jalisco; el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); el observatorio ciudadano Jalisco cómo vamos; la agrupación ciudadana Tómala y la Universidad del Valle de Atemajac (Univa).
En el texto también se refieren a las sanciones. Piden que los delitos por hechos de corrupción no prescriban y precisan también quiénes serían actores en algunas de las figuras que quedarían tipificadas en el Código Penal.
En cuanto a la fiscalización, plantean que los ciudadanos también puedan pedir la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco cuando se presuma desvío de recursos o malos manejos. Establecen los derechos para que la información sea entregada a la fiscalía especializada en combate a la corrupción.
Finalmente, proponen que el voto de los diputados en el nombramiento de los funcionarios que integrarán el SAE no sea secreto, sino nominal.
Cambios a la Constitución
Artículo 1: Este tribunal es “un organismo público autónomo, de control judicial de la Constitución en el ámbito administrativo, que tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y los poderes públicos, Municipios, órganos descentralizados y órganos constitucionales autónomos”. Puede resolver sobre la no aplicación de leyes en materia administrativa contrarias a la Constitución. Sus resoluciones son de carácter público
Artículo 193. La votación es nominal (no secreta) siempre que se trate de designaciones de servidores públicos
La sociedad civil, académica y empresarial, en unión con diputados locales, enmendarán la plana a la propuesta del gobernador Aristóteles Sandoval para evitar que el fiscal general sea una persona que directamente pueda nombrar.
La mesa de gobernanza coincidió en invertir la propuesta del gobernador y obligar a emitir la convocatoria para buscar el perfil más idóneo para ser fiscal general y que el Comité de Participación Social sea el que sugiera los nombres al gobernador, para que a su vez envíe la terna a los diputados locales.
La propuesta que llegó la semana pasada del Ejecutivo establecía que la terna la proponía el mandatario estatal y el comité sólo opinaba.
Gilberto Tinajero, del Consejo Económico y Social, admitió que la presión social provocó que se acepten las propuestas ciudadanas.
Explicó que pareciera una discusión estéril o ya tomada por lo aprobado en el artículo 53 constitucional, pero aún pueden hacer las propuestas en las leyes secundarias.
“Se siguiera un papel semejante al Consejo Consultivo del Itei, donde un grupo de ciudadanos hace todo el proceso incluida la elaboración de exámenes”.
Otra propuesta de la mesa es que las recomendaciones del Consejo de Participación Social sean vinculantes y esperan que se concrete.
“En la medida en que haya independencia, imparcialidad, habrá una profesionalización e interés ciudadano, por eso el debate no puede agotarse”.
La presidente de la mesa de gobernanza, Pilar Pérez Chavira, indicó que la propuesta que se reflejará en los dictámenes es que todos los nombramientos del Sistema Estatal Anticorrupción sean abiertos a través de convocatorias.
Gilberto Tinajero recordó la historia de 2015, cuando se lograron consensos en la Ley de Transparencia, pero se aprobó otra diferente y se tuvo que interponer una acción de inconstitucionalidad.
Aclaró que el reto será la reingeniería del tribunal de justicia administrativa, actualmente Tribunal de lo Administrativo del Estado, para crear salas de segunda instancia.
Mañana se pretenden aprobar las seis leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción y esperan que contemple la metodología de nombramientos.
También se elegirán a los nueve integrantes de la Comisión de Selección, que su vez elegirán a los miembros del Comité de Participación Social. Desde el 1 de septiembre se está trabajando en mesas técnicas
El gobernador Aristóteles Sandoval cambió de opinión en su estrategia de nombramiento del fiscal general porque la propuesta que llegó la semana pasada contradice la apertura a la sociedad que manifestó ayer, comentó la diputada panista Pilar Pérez Chavira.
Insistió que la propuesta inicial del mandatario estatal era que enviaría una terna al Congreso del Estado para que sea votada y el Comité de Participación Social emitiera una opinión.
Enfatizó que los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el independiente Pedro Kumamoto insistían en que no podía el mandatario estatal nombrar a alguien como fiscal si buscaban autonomía en decisiones.
Señaló que la autonomía empieza cuando la persona electa no le debe el palomeo a una sola persona. Descartó que haya tiempo para hacer una reforma constitucional que sea más clara en que el fiscal general saldrá de una convocatoria y que no intervenga el gobernador.
Aclaró que este jueves se pretenden aprobar las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales definirán las reglas de los nombramientos, por lo que no habrá tiempo para hacer una reforma constitucional que deba ser ratificada por los Municipios.
Aseguró que habrá convocatorias para todos los nombramientos del Sistema Estatal Anticorrupción y en éstas se establecerán cuáles son los mecanismos, las condiciones, los tiempos de cada etapa y cómo definir la lista de elegibles.
El coordinador de los diputados priístas, Hugo Contreras Zepeda, informó que harán modificaciones a la propuesta que envió el gobernador para que se haga una convocatoria pública.
“Diputados del PRI nos pronunciamos por que el fiscal general sea nombrado en los mismo términos y en la ruta que es el fiscal anticorrupción”.
La sociedad civil reiteró sus críticas sobre que la propuesta del mandatario estatal era una simulación respecto a la elección del fiscal general porque no se respetaría la autonomía que se le pretendía dar.
“Así es como lo estamos proponiendo también nosotros, que de primer instancia sea una convocatoria abierta y no proponga de una lista que mande Ejecutivo. Una convocatoria abierta donde la sociedad pueda promover o invitar a promover o alguna persona por sí misma pueda y quiera acudir” Pilar Pérez Chavira, diputada panista
“No habrá un fiscal a modo”, sentenció el titular de la Secretaría General de Gobierno (SSG), Roberto López Lara, quien ayer confirmó que en estos días presentará modificaciones a la iniciativa de reforma de ley para que sea la sociedad civil la que elija al fiscal general del estado.
“El gobernador ya instruyó a su servidor para efecto de abrir la elección del fiscal general a la sociedad, el Congreso del Estado emitirá una convocatoria y los expedientes de recepción se enviarán al Consejo (Comité) de Participación Social y éste enviará su opinión al gobernador del estado para efecto de que se mande una terna al Congreso del estado”.
Previamente, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, en su cuenta de Twitter, recordó que se comprometió a que el Comité de Participación Social propondría los perfiles para elegir a los fiscales anticorrupción y el general.
Sin embargo, en la iniciativa que envió al Congreso sólo se contemplaba que la terna del fiscal anticorrupción sería totalmente elección de la ciudadanía, mientras que para la del fiscal general él propondría algunos candidatos y sería revisada por el Comité de Participación Social.
Ahora, como ambas serán abiertas, se tendrán que hacer ajustes en el Congreso a la propuesta del gobernador, cuyo anuncio se reitera después de que organizaciones civiles criticaron que metería mano en la elección de dicho funcionario.
“A veces en el tema de la perfección de iniciativas se manda una visión diferente a la que el gobernador tiene, decirles que es perfectible y en ese caso estaremos a la instrucción del gobernador de mandar lo más pronto posible”, explicó López Lara.
JJ/I