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Exigen poner alto a violencia machista


Que no fue su culpa, que tenía todo el derecho a salir de fiesta a la hora que quisiera, que su asesinato duele y provoca miedo. Ésos son algunos de los mensajes que tapatías y tapatíos dirigieron a Mara Fernanda Castilla Miranda, la joven de 19 años cuyo homicidio acontecido en Puebla cimbró al país y volvió a visibilizar las alarmas sobre las violencias machistas a las que las mujeres mexicanas se enfrentan cada día.

Ayer, poco menos de un millar de personas se manifestaron en repudio a los hechos y bajo la premisa de que ni un feminicidio más debe ser perpetrado. Con el Sol a plomo, la marcha salió al mediodía desde el Andador Escorza e irrumpió en el trayecto de la Vía RecreActiva hasta llegar a la Plaza Liberación.

Los asistentes, en su mayoría mujeres, entonaron cánticos y lanzaron consignas apelando a las conciencias de los transeúntes, advirtiendo a los asesinos que sus crímenes no quedarán impunes para siempre o recordando que el acoso lo sufren todos los días en todos los espacios.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “no es piropo, es acoso”, “ni de la iglesia ni del Estado; ni del marido, ni del patrón, mi cuerpo es mío y sólo mío”, fueron algunos de los mensajes que transmitieron a deportistas y transeúntes.

Ya en el destino, desde la base del asta bandera que hizo las veces de templete, representantes de algunos colectivos tomaron la voz para hacer públicos diversos posicionamientos y, posteriormente, participantes de la marcha hicieron lo propio para hablar del miedo, del acoso, de las libertades que no se tienen.

“Exigimos a las autoridades de Puebla que el caso de Mara Fernanda sea investigado con perspectiva de género, que no se le criminalice. Las mujeres tenemos derecho a salir, a ser libres y no valientes. Exigimos que no quede impune, que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para que su familia obtenga justicia ante este daño irreparable, que lastima no sólo a su familia, sino a un país entero donde la violencia feminicida se ha incrementado (...) En Jalisco han sido asesinadas 96 mujeres al día de hoy, 262 mujeres siguen desaparecidas. Cuatro mujeres desaparecen diariamente. Desde que inició el Protocolo Alba, el 10 de abril, al 31 de agosto, han desaparecido en Jalisco 2 mil mujeres, mil 700 han aparecido, pero no sabemos en qué circunstancias. De las 80 autopsias de mujeres, al 10 de septiembre, sólo 13 se han confirmado como feminicidios”, expuso Alejandra Cartagena a nombre del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

Alrededor de las 14 horas la Plaza Liberación se fue vaciando, no sin dejar escenas tanto de abrazos como de lágrimas. Después de alzar la voz, los participantes volvieron a su vida cotidiana en un país en el que se calcula que la violencia feminicida cobra siete vidas cada día.

Exigen justicia para su hija

Una pancarta sobresalía entre las decenas que portaban los manifestantes. “Exigimos justicia para Carolina” era la leyenda que se hacía acompañar de la fotografía de una joven con el cabello al aire mientras disfrutaba el aroma de una flor.

El 11 de diciembre, Carolina Bastidas Armentas, una joven de 20 años que trabajaba como barista en un café de la colonia Americana, fue invitada por un cliente que frecuentaba el lugar a comer a su departamento. Nunca regresó.

“Mi hija sale supuestamente del trabajo, (el cliente) le hace esa invitación dizque a comer y ya no regresa. Yo la busco al siguiente día en la mañana y la encuentro muerta, con el tipo ahí drogado (en el departamento)”, narra el padre de Carolina, Daniel Bastidas.

El caso no fue tipificado como feminicidio por la Fiscalía General del Estado debido a que la causa de muerte que se recoge en los documentos pertinentes fue una broncoaspiración, conclusión que no convence a sus familiares y que, además, lamentan, significó la exoneración de quien ellos siguen considerando como sospechoso de la muerte de Carolina.

“(La versión del hombre que la invitó) es que Carolina se fue a dormir, que nomás la vio que entró a una habitación y se fue a dormir, siendo que era una invitación, no debió de haberse ido a dormir, él debió de haberme hablado (...) Para mí que este tipo le dio alguna bebida, y el cuerpo de mi hija, al no estar acostumbrado, reaccionó así, pero el tipo no me la auxilia. ¿Cómo que se va a dormir, por qué no aplican bien las leyes, por qué no lo investigan, cómo que ‘me fui a dormir’ y así tan fácil la libro?”, narra Daniel con evidente frustración.

Ante la situación, los padres de Carolina exigen a la fiscalía una revisión del caso y que la carpeta de investigación no sea cerrada.

“En la fiscalía nos insisten en que no es feminicidio, sino que fue una broncoaspiración, que a todos nos puede pasar (...) Simplemente por el hecho de ser mujer lleva ya un grado de feminicidio y no me lo aplican, (el fiscal, Eduardo) Almaguer dice que va a ayudarnos, pero nada (...) Este tipo al parecer tiene medios económicos para mantener su libertad, y uno no, entonces por eso mismo está uno sin apoyo”, se lamenta el padre de Carolina.

“Exigimos a las autoridades de Puebla que el caso de Mara Fernanda sea investigado con perspectiva de género, que no se le criminalice. Las mujeres tenemos derecho a salir, a ser libres y no valientes”
Alejandra Cartagena, integrante de Cladem

“Mi hija sale supuestamente del trabajo, (el cliente) le hace esa invitación dizque a comer y ya no regresa. Yo la busco al siguiente día en la mañana y la encuentro muerta, con el tipo ahí drogado (en el departamento)”
Daniel Bastidas, padre de Carolina

Usuarios, sin garantías en aplicaciones de transporte

Desde hace algunos años, empresas como Uber, City Drive y Cabify llegaron a México ofreciendo una alternativa a los usuarios de los taxis convencionales, señalados con frecuencia por diversas deficiencias en su servicio; sin embargo, los términos y condiciones que se deben aceptar para hacer uso de las aplicaciones dejan a los ciudadanos en la indefensión, pues en su mayoría incluyen cláusulas en las que se deslindan de responsabilidades ante los delitos en que puedan incurrir sus conductores.

Uber, la empresa más grande del mundo en este giro y que en la actualidad ha emprendido diversas acciones jurídicas para no sujetarse a la legislación aprobada en el estado y que le impondría responsabilidades, especifica en sus condiciones: “Uber no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores. Usted acuerda que todo riesgo derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado en relación con aquéllos será únicamente suyo, en la máxima medida permitida por la ley aplicable”.

Prosigue: “Uber no será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos o emergentes, incluidos el lucro cesante, la pérdida de datos, la lesión personal o el daño a la propiedad, ni de perjuicios relativos, o en relación con, o de otro modo derivados de cualquier uso de los servicios, incluso aunque Uber haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños”.

Algunos ex socios de la plataforma consultados por este medio señalaron que para convertirse en tales se les requieren controles básicos de seguridad, como someterse a un examen psicométrico o presentar una constancia de no antecedentes penales; sin embargo, también refieren que se han vuelto más laxos los esquemas en los últimos años con la entrada de nuevos competidores.

En el caso de City Drive, la empresa mexicana específica que ésta “no será responsable del servicio de traslado que preste el chofer independiente, y no responderá por los daños causados durante el viaje y que sean consecuencia del actuar del chofer. CityDrive se compromete a mantener activos en su plataforma tecnológica a los choferes que cuenten con seguros vigentes para la reparación del daño o la posible responsabilidad civil”.

Cabify, la empresa a la que pertenecía el chofer que presuntamente asesinó a la joven Mara Fernanda Castilla, afirmó en redes sociales lamentar el suceso; sin embargo, también cuenta con un apartado en el que se deslinda de cualquier afectación a los usuarios, sobre quienes recae cualquier responsabilidad.

“Cabify no evaluará la idoneidad, legalidad o capacidad de dicho servicio de transporte, renunciando el usuario y exonerando a Cabify de cualesquiera obligaciones, reclamaciones o daños surgidos como consecuencia de la relación con el tercero transportista”, establece parte de sus políticas.

En ninguna de las tres empresas se encuentran las medidas de seguridad que, según su propia publicidad, ofrecen a los usuarios que viajan a través de ellas.

Prevé Ejecutivo proponer reformas a la legislación

Para evitar que se presenten casos como el de Mara Castilla en Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz exigió una política preventiva efectiva en el servicio de taxis ejecutivos a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Movilidad.

Al expresar su solidaridad con la familia de la joven asesinada en Puebla presuntamente por un chofer de Cabify, Sandoval Díaz dijo que deberán analizarse los servicios de estas plataformas electrónicas y no descarta hacer un cambio a la legislación que las regula.

“Si de esto se desprende que se debe modificar la ley y hacer más estricto el control que el estado debe tener sobre este tipo de empresas, que se haga, propongámoslo a los legisladores”.

Agregó que esto no significa una sobrerregulación a los taxis ejecutivos, sino un control mínimo para dar certeza y confianza a los usuarios.

La regulación de estos servicios apenas hace un año y medio en el Congreso de Jalisco ocasionó un acalorada discusión entre los diputados locales que se alargó por horas para lograr un consenso sobre los puntos que debía incluir esta reforma a la Ley de Movilidad y Transporte del estado.

El secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, anunció que para cumplir con esta encomienda la mesa de transparencia de las empresas redes de transporte y de taxis sesionará de manera extraordinaria esta semana.

Será ahí donde se dé a conocer quiénes no han cumplido con el reglamento, las condiciones que guardan los amparos promovidos por algunas de ellas y cómo va el registro de los vehículos.

Uber es una de estas empresas con un amparo para operar en ciudades medias como Puerto Vallarta, aunque el secretario dijo que también tienen conocimiento del funcionamiento sin autorización en Tepatitlán y Ciudad Guzmán.

“Seremos claros, estableceremos quiénes no han cumplido, por qué se han negado a cumplir y en su caso que esta mesa que determinó el gobernador establezca cuáles son las propuestas que tendrán que generarse en el Congreso para sujetarse a una regulación real, los incidentes en otras ciudades nos demandan más atención”, sentenció el titular de Movilidad.

A través de la sesión de estas mesas también se dará a conocer el resultado del Registro Estatal de Taxis para conocer el número de taxistas con un permiso en la zona metropolitana y al interior del estado, así como cuántos presentan irregularidades en su funcionamiento.

De ahí surgirán las sanciones y denuncias correspondientes en contra de quienes hayan falsificado documentación u operen con vehículos clonados.

A detalle

  • . Las plataformas de transporte ejecutivo se deslindan en su apartado legal de los daños contra el usuario
  • . Uber, City Drive y Cabify establecen ese mismo principio
  • . El gobierno del estado evaluará modificar la ley para prevenir casos como el de Mara; sin embargo, en el caso de Uber ni siquiera se ha podido aplicar la última actualización, pues tiene un amparo

Algunos casos en la entidad

En el contexto del asesinato de Mara Castilla se documentan algunos casos de feminicidios y violencia contra las mujeres en Jalisco.

El feminicidio de Margarita, presuntamente a manos de su ex pareja el 24 de agosto en la colonia Santa Isabel, en Tlaquepaque, llamó la atención de la sociedad, pues de acuerdo con sus familiares, ya había sido amenazada y acudido al Centro de Justicia para la Mujer para intentar protegerse.

En el caso de Margarita, de 24 años, la fiscal central Marisela Gómez Cobo aseguró que le prestaron las medidas de protección necesarias ante las amenazas; sin embargo, después de las 9 horas, cuando Margarita regresaba de dejar a su hija en el kínder, su pareja le disparó cuatro veces.

Aunque la misma víctima declaró que el 24 de abril que había sido víctima de violencia psicológica e interpuso la respectiva denuncia un día después, la fiscalía recabó las pruebas psicológicas hasta mayo. Tres meses después la mataron.

Otro caso del cual no se conocieron las causas de muerte fue el hallazgo de una mujer semidesnuda sobre una brecha El Canal, también en Tlaquepaque. La mujer quedó como no identificada. Tenía una herida de arma de fuego en la sien derecha.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) reporta a través de su página de Internet 57 autopsias practicadas a mujeres, 8.2 por ciento por muertes por herida de arma de fuego y 11.4 por ciento con objetos punzocortantes.

Delitos sexuales

Por otra parte, hasta julio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 291 carpetas de investigación por delitos sexuales o violaciones en Jalisco; en el mismo periodo de 2016 reportó 280 carpetas de investigación por violaciones.

Un caso se reportó el 16 de agosto. La Fiscalía Central informó que una mujer fue víctima de violación y robo dentro de su casa en la colonia Jardines de San Ignacio. Dos hombres la abordaron cuando entraba a su casa, donde se cometió el delito sexual.

Tras la agresión, los hombres le robaron diversos artículos de su casa, la ataron y abandonaron el lugar. La mujer permaneció así hasta que fue socorrida.

JJ/I