Migrantes buscan ayuda en Iglesias por miedo

HOUSTON. Los inmigrantes llegan desde todo Houston al gimnasio de una iglesia bautista donde les esperan palés con cajas de cereales, jugo de naranja y productos básicos de limpieza como lejía.

Para muchos de ellos, la iglesia es el lugar más seguro donde buscar ayuda tras el devastador paso del huracán Harvey por Houston, que dejó a miles de migrantes temerosos de pedir asistencia al gobierno por miedo a la deportación. En zonas de Florida con una fuerte presencia de inmigrantes se registró una reacción similar después de que Irma barrió el estado.

“Tenemos que unirnos como iglesia para ayudar a los indocumentados”, dijo el pastor de la Iglesia bautista Emanuel Raúl Hidalgo, mientras se mezcla con las víctimas y voluntarios reunidos en el gimnasio del templo.

Los lugares de culto y las organizaciones caritativas privadas de Texas y Florida juegan un papel esencial en los esfuerzos de recuperación tras los huracanes Harvey e Irma, porque muchas de las víctimas de las tormentas son inmigrantes que no tienen permiso de residencia en el país y, por lo tanto, no pueden optar a las ayudas federales. Como la iglesia de Hidalgo, organizan entregas de ayuda. Las Catholic Charities de la archidiócesis de Galveston-Houston organiza talleres para explicar a los migrantes sus opciones con los programas de alivio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y responder a otras preguntas.

En estos casos, la FEMA permite que la gente que está en el país de forma ilegal solicite ayuda en nombre de menores de 18 años con estatus legal, pero muchos están preocupados porque el gobierno pueda compartir información con las autoridades de inmigración.

Cesia Lux, una guatemalteca de 25 años, acudió a la iglesia en la zona de Houston Heights, de fuerte presencia latina, y llenó la camioneta de un familiar con pañales, latas de frijoles y otros artículos después de su casa quedó anegada por unos 30 centímetros de agua. No tiene permiso de residencia, pero su esposo, su hija de dos años y su hijo de ocho meses son ciudadanos estadounidenses.

Su esposo solicitó ayuda de la FEMA a pesar del recelo por si podría descubrirla ante las autoridades migratorias.

“Uno nunca sabe qué harán con la información”, dijo Lux.

Houston, donde viven casi 600 mil personas sin permisos, es la tercera área metropolitana con más inmigrantes de Estados Unidos, por detrás de Nueva York y Los Ángeles, según estimaciones del Pew Research Center. Florida tiene 850 mil, más que cualquier estado a excepción de California y Texas.

Los inmigrantes de Florida y Texas están en una situación límite después de que agentes federales reforzaron su actividad tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien convirtió la inmigración en una de las prioridades de su gobierno.

Texas aprobó una dura ley contra las ciudades que no cooperen con las autoridades migratorias, alimentando más aún los temores, aunque un juez federal la frenó en gran parte el pasado 30 de agosto. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, elogió al condado Miami-Dade por retirar su política de ciudad santuario y cumplir el pedido de las autoridades para mantener a los sospechosos encarcelados.

Florida registró incidentes por motivos migratorios durante la tormenta Irma. El jefe de la Policía de un condado entre Tampa y Orlando hizo que sus agentes comprobasen la documentación de todos los que entraban a los albergues. La Florida Immigrant Coalition se quejó porque los inmigrantes tenían miedo de buscar refugio allí.

La ciudad de Immokalee, en Florida, que tiene una gran población de trabajadores migrantes, fue muy golpeada por la tormenta. La FEMA habilitó un punto de registro en la ciudad, pero muchos migrantes viven en casas rentadas y no tienen previsto pedir ayuda del gobierno. Las iglesias de la cuidad han estado repartiendo comida y agua a los migrantes en problemas tras el paso de Irma.

Las solicitudes de ayuda de la FEMA advierten a los padres migrantes que solicitan ayuda para sus hijos que la información que ofrecen, incluyendo su dirección, puede ser compartida con las autoridades migratorias, y sugiere consultar las dudas con un abogado u otro experto.

William Booher, director de Asuntos Públicos de la FEMA, dijo que la agencia no compartirá “de forma proactiva” estos datos con las agencias migratorias, pero sí haría si hay un “interés significativo”, especialmente en casos relacionados con la seguridad nacional.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que cuenta con miles de agentes para tareas relacionadas con deportaciones, “normalmente no pediría esta información para propósitos migratorios, excepto en el caso de una amenaza a la seguridad nacional, una amenaza contra la seguridad pública u otra investigación penal”, dijo su vocera, Liz Johnson.

Altos cargos de los gobiernos de los expresidentes George W. Bush y Barack Obama señalaron que la advertencia del FEMA es anterior a sus mandatos, y dijeron que no tuvieron constancia de casos de este tipo durante sus gobiernos.

"En los gobiernos de Bush, cuando hubo un desastre, todos se centraron en ayudar a la parte humanitaria”, dijo Julie Myers Wood, directora del ICE entre 2006 y 2008. "No se trataba de reunir información para aplicar las leyes”.

Craig Fugate, director del FEMA con Obama, dijo que durante una etapa previa como máximo responsable de gestión de crisis en Florida, derivó a migrantes sin permisos a las Catholic Charities.

"La gente tiene tanto miedo a la deportación o a ser arrestados que no pedirán ayuda a no ser que la necesiten para sobrevivir”, dijo.

Los migrantes jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos de forma ilegal siendo niños, enfrentaron un dilema similar al apuntarse a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa puesto en marcha por Obama para protegerlos de la deportación. Cuando Trump anunció la semana pasada que anulará el plan, su gobierno dijo que no compartirá “de forma proactiva” información sobre los 800 mil beneficiarios con las autoridades migratorias a no ser que cumplan determinados criterios, incluyendo ser una amenaza a la seguridad pública o a la seguridad nacional.

Marta Rivera, de 36 años, se sentó en una silla plegable en la Iglesia Bautista Emanuel y dijo a un activista por los derechos de los migrantes, sentado al otro lado de la mesa, que tras la llegada de Harvey evitó acudir a albergues porque pensó que podría ser deportada. Mientras explicaba como la presidencia de Trump aumentó su nivel de nerviosismo, su hija de 10 años comenzó a llorar.

“Siento que mi vida está aquí”, dijo Rivera, que llegó a Estados Unidos cuando era una niña. “Si nos mandan a México, no tengo nada allí, no conozco a nadie”.

Tras una charla, dijo que pediría la ayuda de la FEMA en nombre de sus tres hijos, que nacieron en el país.

JJ/I