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Crucificándose
Empiezan las campañas
Originalmente esta columna estaba destinada a la tragedia de Mara, la responsabilidad de Cabify y la evidencia, una vez más, de que nos enfrentamos a un Estado fallido. En el feminicidio de la joven estudiante de ciencias políticas se condensaban, por una parte, las execrables conductas de una cultura patriarcal y machista que promueve la desigualdad y justifica la violencia hacia las mujeres y, por otra, la inadmisible incapacidad de las instituciones gubernamentales para proteger la vida e integridad de las mujeres y erradicar, de manera radical y definitiva, las conductas y los comportamientos que amenazan su seguridad. Con el asesinato de tantas Maras en la memoria, la demanda de #NiUnaMás se diseminó en las redes sociales y se materializó en numerosas marchas en diversas ciudades.
Pero justo el martes a mediodía otra tragedia, ésta provocada por fenómenos naturales, estremeció una vasta región del centro y sur del país, causando el desplome de numerosos edificios y, lo más lamentable, la pérdida de vidas humanas, 225 hasta este momento. El 19 de septiembre, como hace 32 años un sismo de alta intensidad, 7.1, según los expertos, sacudió las ciudades de Puebla, Cuernavaca, Juchitán, Olinalá y México. Y, como hace 32 años, apenas terminado el siniestro miles de ciudadanos se apresuraron a intervenir en las labores de rescate. De manera espontánea y generando una organización sobre la marcha, los diversos videos que circularon por las redes sociales dejaron testimonio de una sociedad civil que ante la adversidad reacciona de una forma solidaria y generosa.
Es cierto que a diferencia de 1985, en esta ocasión el sismo se encontró con una sociedad civil con mayor conocimiento y habilidades para enfrentar sus consecuencias. Cierto también que ahora las instancias gubernamentales, a nivel estatal y federal, reaccionaron con mayor celeridad que en la pasada tragedia. Y es cierto también que ante este tipo de sucesos se intensifican los sentimientos de empatía y compasión por las víctimas y a nivel colectivo se generan dinámicas de colaboración y de auxilio hacia los damnificados. Si bien es cierto que algo similar sucedió en 1985, ahora, con el despliegue de las redes sociales, se han incrementado exponencialmente. Como nunca antes, ahora, todos hemos lamentado la muerte de los niños en la escuela Enrique Rébsamen.
Pero también es cierto que a diferencia del 85, cuando el sismo influyó en el despertar ciudadano ante la inacción oficial, en el sismo de ayer las instancias gubernamentales se enfrentan a un creciente descontento de la sociedad civil hacia la corrupción e impunidad que permea a sus élites políticas y gubernamentales. Muchos de los centenares de mujeres y hombres que desfilaron el domingo exigiendo justicia para Mara son los mismos que se incorporaron a las brigadas de rescate en los edificios colapsados, los mismos que se encuentran en los centros de acopio y albergues. Son los mismos que levantan la voz, ya desde ahora, para realizar un deslinde de responsabilidades –la alarma no sonó a tiempo– y que demandan que los recursos presupuestados para el financiamiento de las elecciones de 2018 sean destinados para la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos.
El hartazgo frente a una clase política que se ha visto insensible ante la devastación se ha traducido en la demanda de exigir que los 7 mil millones de pesos que el INE entregaría a los partidos políticos sean “donados a los damnificados de la tragedia”. Al momento de escribir esto, la petición localizada en el sitio de change.org acumulaba más de medio millón de firmas.
Al fin de cuentas la justicia a Mara y a los damnificados de los sismos son el mismo desafío para un Estado que se antoja fallido.
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JJ/I