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Crucificándose
Empiezan las campañas
La cifra de desaparecidos en Jalisco durante los primeros tres años de administración de Aristóteles Sandoval Díaz superó ya con mil 121 casos los registrados en el sexenio del panista Emilio González Márquez, lo que significa un incremento de 12 por ciento.
Según el informe Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: la Lucha por la Verdad y la Justicia, durante toda la administración de González Márquez (2007 a 2012) hubo un registro de 8 mil 829 personas desaparecidas, mientras que a la mitad del periodo de Aristóteles Sandoval (2013 a septiembre de 2016) se reportan 9 mil 950 casos.
El documento elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) contiene un análisis de las desapariciones dentro de la ola de violencia desatada durante el periodo panista, pues fue a partir de 2008 cuando el organismo comenzó a notar el incremento del problema. Además, muestra el contexto de los casos en esta administración, donde se reconocen pero quedan pendientes.
Con los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta abril de 2017, la organización determinó que en Jalisco había 2 mil 744 personas desaparecidas. Los rangos de edad en los que se concentra el problema es de 20 a 39 años en hombres (61 por ciento) y de 15 a 29 años en mujeres (55 por ciento). Además, la zona centro del estado tiene la mayor incidencia, en específico, Guadalajara y Zapopan con más de 400 registros cada uno.
Cepad advierte que el número de desaparecidos en Jalisco reportado en la base nacional no concuerda con los registros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Mientras el RNPED ubica a Jalisco en tercer lugar con estas cifras oficiales, la dependencia estatal reporta 3 mil 462 desapariciones.
“Entre 2007 y 2016, al 30 de septiembre, se reportaron 18 mil 779 desapariciones en nuestro estado, de estos reportes, la Fiscalía señala que 15 mil 317 lograron ser localizadas, pero 3 mil 462 siguen pendientes de ser encontradas, y esto nos abre una gran incógnita de qué pasa entre esta disparidad de cifras”, detalló Ana Cabral Pacheco, integrante de Cepad.
Ante este panorama, la activista recordó que desde 2013, el estado cuenta con el tipo penal de desaparición forzada más cercana a los estándares internacionales; sin embargo, esto no ha generado ningún impacto, porque apenas existen 14 procesos judiciales abiertos, de los cuales sólo hay siete detenidos y ninguna sentencia condenatoria.
Los testimonios de los familiares de desaparecidos también se incluyen para conocer su experiencia en su trayecto de búsqueda.
Areli Fregoso, del colectivo Por Amor a Ellxs, manifestó que hasta ahora las familias no han tenido éxito, “no sabemos por qué se los llevan, quién se los lleva, no hay trípticos de cómo manejarte, qué pasos debes de dar ante una desaparición (...), avanzan muy lentos los casos de investigación, primero investigan a la familia”.
La información fue presentada durante el foro que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y en el que durante ayer y hoy también se discute sobre los pendientes de la ley general sobre desaparición forzada, atorada en el Congreso de la Unión, la desaparición de mujeres en un contexto de violencia, así como la responsabilidad y pendientes del Estado mexicano ante este problema.
Recibe fiscalía hasta 10 denuncias diarias
Desde su entrada en operación, hace poco más de 20 días, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas recibe entre siete y 10 denuncias diarias, aseguró su titular, María Teresa Medina Villalobos.
La funcionaria explicó que en su mayoría resultan ser ausencias voluntarias por problemas familiares y no se tiene una cifra de cuántas de ellas sí resultan ser desapariciones.
La evidencia obtenida en algunos casos hace suponer a esta fiscalía que en 30 por ciento de las desapariciones tiene que ver la delincuencia organizada, sin que las personas afectadas estén involucradas en ella.
Los primeros obstáculos a los que se ha enfrentado esta fiscalía son la falta de equipamiento tecnológico para la investigación, el acceso a las bases de datos y flujo de información lenta cuando el Ministerio Público la solicita a particulares, sobre todo las grabaciones de vídeo de algunas instituciones privadas. Además de la falta de profesionalización y capacitación permanente entre el personal de esta área.
Sin embargo, su titular manifestó que existe la disposición del fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, para la aportación de los recursos humanos y tecnológicos necesarios; mientras tanto, lo que no se va permitir es la falta de sensibilidad ante el dolor de los familiares de desaparecidos, aseguró.
JJ/I