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Oídos sordos a la contaminación del aire

Históricamente los ayuntamientos han gustado de lavarse las manos en cuanto a contaminación atmosférica se trata, responsabilizan al gobierno del estado por la mala calidad del aire, por multar poco, por no renovar su red de monitoreo, por no deshacerse de sus autos o por lo que prefieran. Difícilmente admiten omisiones, pero claramente la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico los faculta de obligaciones al respecto, algunas incluso compartidas.

La primera omisión grave de los ayuntamientos es su mínimo, por no decir nulo, cumplimiento de la verificación vehicular; su flotilla es un factor que contamina diariamente y no faltan las unidades que lo hacen ostensiblemente sin ser multadas.

Tan sólo Pablo Lemus, de Zapopan, reconoció a principio de año no tener suficiencia presupuestaria para afinar y verificar todos sus autos oficiales, a pesar de que el ayuntamiento posee un taller.

Otro aspecto de relevancia es que tanto su inventario de fuentes contaminantes fijas y su protocolo de acción ante contingencias atmosféricas, ejes rectores de una política seria de control de calidad del aire, se cree que existen, pero no lo han demostrado.

De acuerdo con la Semadet, solamente Tlaquepaque de los nueve municipios metropolitanos le ha hecho llegar estos dos documentos a la autoridad estatal, que es la facultada por ley para coordinar esas políticas. Los demás juran que los tienen y los aplican pero no se los presentan como solicita.

Lo peor del caso es que actualmente existe un Instituto Metropolitano de Planeación, una Junta Metropolitana de Planeación y equipos técnicos para atender en conjunto los problemas urbanos, pero ni los ayuntamientos ni el gobierno del estado han sido capaces de tener una comunión en materia de calidad del aire para aprender a responder ante una precontingencia y evitar una escalada de contaminantes.

Tlajomulco, que reconoce no entregar esos instrumentos a Semadet por voluntad propia, quiere trabajar solo en materia ambiental. Su alcalde Alberto Uribe ha sido el que más ha manejado el tema en su agenda pública y ha iniciado programas interesantes dentro y fuera de sus atribuciones: hacer recolección diferenciada de residuos urbanos y hacer composta (competencia municipal), rescatar especies silvestres (federal) y hasta medir la calidad del aire (estatal). Ha dado algunos pasos positivos pero quiere seguir solo, no nada más desmarcándose de su obligación metropolitana sino también de coordinarse con otros niveles de gobierno.

Es más, ni siquiera el hecho de que la mayoría de alcaldes son de extracción emecista ha sido suficiente para que interese la agenda ambiental en conjunto, en particular la de la calidad del aire que mata prematuramente a 8 mil jaliscienses al año, según el investigador de la UdeG Arturo Curiel Ballesteros, de las cuales la Semadet sólo reconoce 665.

Los alcaldes metropolitanos han preferido hacer mancuerna, incluso de la mano de diputados federales y locales, para posicionarse sobre temas como El Zapotillo, no solamente porque es de enorme interés para la comunidad jalisciense sino porque hay un trasfondo político: la intención es golpear al PRI y ganar simpatías rumbo a 2018, aunque eso implique cambiar de postura con frecuencia.

La agenda de calidad del aire no es menos importante, es capaz de generar deficiencias respiratorias en los niños, agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares e incluso de alojar en el cerebro nanopartículas de metales pesados directo de los escapes, con efectos todavía inciertos.

Es un hecho que la Semadet tiene una agenda enormemente rezagada y cuestionables resultados respecto a los avances que reporta en los informes anuales, pero que los municipios supediten su desempeño a una coordinación metropolitana en calidad del aire es faltar a la ley en perjuicio de la salud pública.

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FV/I