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La 'superfiscalía', un proyecto fracasado

(Foto: Alfonso Hernández)

A poco más de un año de terminar su sexenio, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz decidió que el modelo de seguridad implementado por él mismo al inicio de su administración y el cual ha operado por más de cuatro años no es el adecuado.

En 2013, el mandatario consideró que concentrar todas las funciones de seguridad en un fiscal general, nombrado por él, era lo idóneo para reducir los índices delictivos y dar un combate a la delincuencia organizada; ahora dice que es un organismo constitucional autónomo lo que permitirá garantizar la independencia y objetividad en las labores de investigación y persecución de los delitos. Así lo reflejan dos de sus iniciativas presentadas ante el Congreso de Jalisco.

La inestabilidad de su estrategia de seguridad quedó demostrada con una serie de iniciativas que fue presentando el mandatario estatal a lo largo de sus años de gobierno para hacer cambios a la misma y desmantelar a la fiscalía de todas las áreas que se habían concentrado.

El 14 de febrero de 2013, poco antes de que asumiera el cargo, Sandoval Díaz envió al Legislativo, a través de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una iniciativa de reforma constitucional para modificar toda la estructura administrativa de gobierno.

Propuso además, entre otras cosas, abrogar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Jalisco; es decir, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, encargada en aquel entonces de la persecución de delitos, para integrarla a la fiscalía.

De igual manera, la propuesta incluía integrar a esta dependencia el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Policía Vial y a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.

La iniciativa fue aprobada 10 días después de su presentación, el 24 de febrero.

“La situación actual de violencia recurrente que ha atentado directamente en contra de la tranquilidad y libertad de la población en diversas regiones del estado, y la presencia y riesgos sociales que conlleva el crimen organizado, requiere de obligar a reforzar las tareas de coordinación permanente en materia de seguridad y de todos sus instrumentos en el ámbito operativo”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa.

Además, agrega que “una respuesta eficaz en el tema de seguridad transita entonces por implementar un sistema de información confiable, certero y actualizado que sea útil para la prevención del delito, la procuración de justicia y la reinserción social (…) se propone entonces que la Fiscalía General del Estado tenga las atribuciones para encabezar las políticas en materia de seguridad interior y pública”.

La última iniciativa sobre este tema, presentada el 16 de junio de 2017, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), argumenta lo contrario. Para separar una vez más las funciones de las instituciones, pide el regreso de la secretaría de seguridad pública y la creación de una fiscalía autónoma, donde ahora el Congreso deberá nombrar a su titular tras la intervención de un comité de ciudadanos.

“(…) Que aquélla se constituya como un organismo constitucional autónomo, todo lo cual permitirá garantizar su independencia y objetividad en las funciones que realice en la investigación y persecución de los delitos para la procuración de justicia, lo que se hará con mayor eficiencia al no estar subordinada a otro poder u órgano público”, se consigna en la parte de exposición de motivos de dicha iniciativa.

Primeras reformas

Los cambios legales para la creación de esta súper fiscalía comenzaron a notarse desde antes. En 2015 se presentó el primero de ellos, cuando el gobernador reculó en haber integrado la Policía Vial a esta dependencia porque, según lo expuesto en su iniciativa, “la Secretaría de Movilidad es la dependencia a la que le compete planear y regular el uso adecuado de las comunicaciones terrestres y de los transportes en el estado; actuar en materia de movilidad y transporte”.

El 28 de julio de ese año, se propuso entonces regresar la Policía Vial a dicha secretaría, con la justificación de permitir una mayor especialización de sus elementos en la aplicación de las normas de tránsito de Jalisco.

“Los logros alcanzados con la unificación de todas las policías estatales bajo el mando del Fiscal General, con la integración y operación de la Fuerza Única Jalisco (…), se han colmado diversos aspectos en el rubro de seguridad pública”, fue otro argumento en esa iniciativa aprobada posteriormente el 4 de agosto de ese mismo año.

Casi un mes después, otro cambio fue sugerido por el Ejecutivo, esta vez para desvincular al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) de la Fiscalía General.

La propuesta enviada el 26 de agosto de 2015 señala en su exposición de motivos que esto es necesario para garantizar la independencia de los peritos en la integración de las carpetas de investigación sin ser juez y parte, pues estos dependían directamente del Ministerio Público, que se convierte en parte de los juicios.

“Es menester revisar su estructura administrativa a fin de que no exista viso de subordinación de los peritos con diversa dependencia u organismo administrativo o jurisdiccional que pudiera contaminar su autonomía técnica (…) para dejar de considerarse que el Ministerio Público pudiera tener ventaja o influencia en la elaboración de los dictámenes periciales y con ello en los resultados, a la luz de la dinámica procesal del Sistema Penal Acusatorio Advesarial”, comenta en un extracto de la iniciativa.

La aprobación de esta propuesta quedó unos meses después, el 16 de octubre de 2015.

La más reciente iniciativa presentada por Aristóteles Sandoval aún está en estudio en el Congreso del Estado y se prevé su aprobación hasta finales de año, cuando se tenga claridad de los recursos humanos, materiales y económicos que requiere el regreso de la secretaría de seguridad.

Cambio muestra indefinición

Para el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Rogelio Barba Álvarez, desde el principio la decisión del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz de unificar las funciones de las instituciones de seguridad en una Fiscalía General fue desafortunada; además de que hizo una propuesta al vapor y al aventón, sin medir las consecuencias.

Consideró que este cambio de opinión refleja indefinición e indecisión del Ejecutivo en las estrategias de seguridad, ocasionando confusión y desaliento entre las corporaciones policiacas.

“Se creó un monstruo que no dio resultados y ahora es un retroceso obviamente que genera confusión, desconfianza sobre este tema, evidencia que quien está al frente de las instituciones públicas de seguridad poco entiende del tema”.

“El gobernador está sintiendo que es un fracaso, no saben qué hacer con la seguridad ni él ni los que están al frente”.

Según Barba Álvarez, el modelo de las demás fiscalías en el país y el mundo siempre ha mantenido separada a la secretaría de seguridad pública de la procuraduría general de justicia porque así es el modelo idóneo.

El experto en seguridad también se mostró incrédulo ante la propuesta de una fiscalía autónoma, pues este tema siempre se convierte en un botín político para quienes están al frente.

“Se creó un monstruo que no dio resultados y ahora es un retroceso obviamente que genera confusión, desconfianza sobre este tema, evidencia que quien está al frente de las instituciones públicas de seguridad poco entiende del tema”
Rogelio Barba Álvarez, académico de la UdeG

“Al estado se le otorgaron todo el apoyo y todas las facilidades para combatir la delincuencia en 2013. Sin embargo, tanta concentración de poder y dependencias en una sola persona no funcionó, fracasó, la inseguridad creció”
Miguel Monraz Ibarra, diputado local del PAN

“Se deben defender con números, un tema que es voz de todos los jaliscienses es que las autoridades en materia de seguridad pública no han dado los resultados que se requieren”
Ismael del Toro Castro, diputado local de MC

Oposición ve fracaso

Los diputados de oposición en el Congreso de Jalisco, del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, afirmaron que este modelo de la Fiscalía General representó un evidente fracaso del gobierno estatal, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que sí resultó eficiente.

El coordinador de los diputados panistas, Miguel Monraz Ibarra, opinó que ahora el Ejecutivo echa reversa a este modelo porque está consciente de su error. Dijo que quisieron imponer una visión sin estrategias por capricho que no les resultó eficiente.

“Al estado se le otorgaron todo el apoyo y todas las facilidades para combatir la delincuencia en 2013. Sin embargo, tanta concentración de poder y dependencias en una sola persona no funcionó, fracasó, la inseguridad creció, la Zona Metropolitana de Guadalajara es una de las más violentas en el país, en agosto fue el más violento de los últimos 20 años”.

Agregó que la creación de un mando único reflejó un equipo descoordinado que debilitó a las Policías municipales, cuando, al contrario, debieron fortalecerse por ser las que tienen un primer contacto con los ciudadanos.

A esta opinión se sumó el coordinador emecista Ismael del Toro Castro, quien manifestó que el modelo de la súper Fiscalía General no dio resultados y los argumentos contrarios a ello se desvanecen tan sólo con ver los índices delictivos.

“Se deben defender con números, un tema que es voz de todos los jaliscienses es que las autoridades en materia de seguridad pública no han dado los resultados que se requieren”.

Hugo Contreras Zepeda, coordinador de la fracción priísta, defendió esta estrategia propuesta por el Ejecutivo. Insistió en que hay grandes acciones en materia de seguridad realizadas por esta administración, pero es un problema arrastrado desde el pasado y que involucra a todos los niveles de gobierno.

“Ha habido detenciones importantes, cómo se han desmembrado células de bandas organizadas y se ha combatido a los carteles de Jalisco, ahí están las estadísticas y obviamente ha habido capacidad de combatir; sin embargo, se ha reconocido que en seguridad hay pendientes, pero no sólo en un estado, sino en todo el país y todos los niveles”.

En el nuevo modelo de una fiscalía autónoma, Monraz Ibarra pidió que el gobernador sea claro en su estrategia a implementar porque en sus años de administración ha anunciado varios cambios sin que la violencia deje de crecer.

Del Toro Castro recordó que una vez echado atrás el actual modelo, será importante que los ciudadanos se involucren en el proceso del nuevo nombramiento para que se garantice una fiscalía autónoma.

Cronología

  •  14 de febrero de 2013. Antes de asumir como gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz propone incorporar todas las instituciones de seguridad en una Fiscalía General (Policía Vial, Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses y Protección Civil), para desaparecer la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública
  •  28 de julio de 2015. Da marcha atrás y propone regresar la Policía Vial a la Secretaría de Movilidad con la justificación de que se saturaron aspectos de la seguridad pública
  •  26 de agosto de 2016. Pide desvincular el IJCF de la fiscalía para dar autonomía a los peritos
  •  16 de junio de 2017. Manda iniciativa para crear una fiscalía autónoma y regresar la secretaría de seguridad pública

Incidencia delictiva

Jalisco es el cuarto estado con más delitos registrados a nivel nacional en 2017

77 mil 759 delitos hasta agosto de este año

Entre los índices más altos

25,903 robos: 7,113 de vehículos; 3,347 a casa habitación; 3,334 a negocios; 3,034 a transeúntes

857 homicidios dolosos, de los cuales se registraron 132 en agosto, cifra histórica que lo colocó como el mes más violento del año

JJ/I