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Castigo a los culpables

Conforme pasan los días van dimensionándose los alcances de los fuertes sismos registrados en el país en este septiembre negro de 2017. Cientos de muertos y heridos, decenas de miles de afectados y daños por miles de millones de pesos en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y CDMX. La reconstrucción requerirá 37 mil 500 millones de pesos, según cálculos oficiales. Hay 250 mil mexicanos que perdieron su vivienda y están en situación de pobreza patrimonial. El desafío es monumental.

Terminadas las labores de rescate pasaremos a la etapa de remoción de escombros de los edificios colapsados y después a la ardua tarea de evaluación de miles de construcciones afectadas en la capital del país, muchas de las cuales deberán ser demolidas por el grave daño estructural que sufrieron y el riesgo que representan para la población. Luego seguirá la reconstrucción.

 

Conducta criminal

Vendrá también el momento de deslindar responsabilidades, señalar culpables y castigar severamente a todos aquellos constructores y funcionarios públicos que por acción u omisión incurrieron en conducta criminal, pues a ellos es atribuible el daño total o parcial que sufrieron decenas de edificios construidos de manera irregular después de 1985, que llevaron a quienes los habitaban a la muerte, a sufrir lesiones de diversa magnitud (algunas muy graves) o a perder el patrimonio de toda su vida.

El terremoto puso al descubierto la falta de rigor en la aplicación de normas de construcción en la Ciudad de México debido en buena medida a actos de corrupción. A pesar de que las regulaciones mexicanas son consideradas entre las mejores del mundo, los derrumbes ocurridos el 19 de septiembre revelaron que no se cumplen. Uno de los problemas principales es que, para abatir costos, se utilizan de forma irresponsable materiales para la construcción que no corresponden a los estándares técnicos mínimos establecidos en la ley.

 

Denuncias penales

Es imprescindible e impostergable que las autoridades a todos los niveles actúen con firmeza contra los responsables, trátese de quién se trate. La semana pasada, la Procuraduría de la CDMX dijo haber abierto 40 carpetas de investigación contra constructoras fraudulentas por inmuebles que colapsaron durante el terremoto, en muchos de los cuales hubo víctimas mortales.

Existe un clamor para actuar de manera inmediata contra los funcionarios de la delegación Tlalpan y los propietarios del Colegio Enrique Rébsamen –uno de los casos más dolorosos e impactantes– pues las diversas irregularidades registradas en la ampliación del edificio que colapsó derivaron en la muerte de 21 niños y cinco adultos que quedaron sepultados entre los escombros del inmueble.

 

Complicidad infame

Ex directores Jurídico y de Gobierno de la demarcación son investigados por permitir la construcción de departamentos en el cuarto piso de la escuela, a pesar de que fueron advertidos de que dichas obras afectaban la estructura del inmueble. Un oficio de la Dirección de Obras delegacional de fecha 8 de noviembre de 2013 advertía que “se están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado en el tercero y cuarto nivel dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción”.

Por infame complicidad nadie detuvo la obra, el expediente se cerró mediante el pago de una multa de 21 mil pesos y ahí están los resultados. Las víctimas y sus familias exigen una averiguación que llegue hasta las últimas consecuencias. Sería imperdonable que las autoridades den carpetazo a éste o cualquier otro caso similar. Las conductas criminales no deben quedar impunes.

 

Verba volant, scripta manent

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@GOrtegaRuiz

JJ/I