Además de la pretendida opacidad que pelean desde tribunales seis desarrolladores inmobiliarios para ocultar información de los procesos a los que se sometieron para regularizar construcciones fuera de norma, tampoco el ayuntamiento tapatío ha cumplido con la máxima publicidad en los otros 54 casos adheridos al nuevo esquema de mitigación, compensación e indemnización urbanística, esto pese a que fue la actual administración tapatía la que marcó dichas reglas.
“Se creará un micrositio en el que se publiquen todas las actuaciones del procedimiento descrito en este ordenamiento”, establece el artículo 2 las disposiciones administrativas de aplicación general que regulan los mecanismos para la regularización de edificaciones chuecas.
Dicho micrositio no existe. Incluso, regidores de oposición han tenido que pedir desde el pleno del ayuntamiento y en comisiones edilicias que se transparente el destino de los más de 186 millones de pesos fijados hasta la fecha a los desarrolladores, con pagos monetarios y en especie como condicionante para legalizar las construcciones; los avances del cumplimiento de los convenios y documentos son información fundamental.
Una vez más, los coordinadores de las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), Sergio Javier Otal Lobo y Alfonso Petersen Farah, respectivamente, insistieron en la exigencia para que el ayuntamiento cumpla con los lineamientos establecidos por el gobierno en turno.
En entrevistas por separado, los líderes de la fracción tricolor y la blanquiazul hicieron un llamado al gobierno municipal para que se reflejen todas las asesorías, contratación de bufetes jurídicos particulares y servicios profesionales externos que ha pagado el ayuntamiento; también que combatan las suspensiones definitivas que lograron seis edificadores para ocultar información sobre el tema, plantearon.
Aunque hay seis casos en los que por orden judicial no se puede revelar información, existen otros 54 en los que deberían ser públicos los documentos respecto al proceso de regularización de edificios ilegales, añadieron.
“A toda la gente que vive en estos edificios debemos de darles la certeza de que están en un lugar seguro. Y el ayuntamiento tiene que ser garante, como autoridad que es”, señaló Otal Lobo.
“Incluso, con lo que estamos viviendo y que hemos vivido de los temblores, de cómo particularmente en el Distrito Federal muchas edificaciones nuevas cayeron con el terremoto, tenemos que reforzar nuestras medidas de revisión, de supervisión sobre las construcciones, tanto las que tienen licencias que se les dieron de acuerdo a los Planes Parciales, como las que estén amparadas o las que se haya sumado al esquema de compensación y mitigación”.
La transparencia daría certeza a los ciudadanos “que al final de cuentas son los impactados con este tipo de acciones urbanísticas”, apuntó Petersen Farah.
“Es lamentable que algunas empresas se hayan amparado, porque al final de cuentas el programa de indemnización y mitigación tiene dos finalidades: una es, sin duda, llevar a cabo acciones que permitan mitigar un poco el impacto que las acciones urbanísticas tienen sobre el contexto; y la segunda es conocer cuáles son las acciones que como compensación los inversionistas se comprometieron a realizar”, añadió el panista.
“Se creará un micrositio en el que se publiquen todas las actuaciones del procedimiento descrito en este ordenamiento”
Artículo 2 del reglamento en la materia
“A toda la gente que vive en estos edificios debemos de darles la certeza de que están en un lugar seguro. Y el ayuntamiento tiene que ser garante, como autoridad que es”
Sergio Javier Otal Lobo, regidor priísta
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