Corrupción inmobiliaria

A raíz de los graves daños causados por los sismos, los medios han dado cuenta de la innumerable corrupción oficial y privada existente en la construcción de inmuebles en la Ciudad de México y en las entidades afectadas, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Autoridades locales y federales se han quejado de la persistente publicación de irregularidades, insinuándose que es una campaña de desprestigio, pero las evidencias son tantas que hasta la prensa extranjera e investigadores de la UNAM han también alertado de la difícil situación.

Todos, expertos y medios (New York Times y El País) coinciden que urge “revisar la normativa y endurecer los controles”, pero también, con desilusión, advierten que en el fondo el problema no es la ley, sino cómo se acata”, o mejor dicho cómo es que no se acata.

Un estudio de la UNAM, dirigido por Eduardo Reinoso, concluye que 71 por ciento de 150 edificios revisados, construidos desde 2004, no acataron las normas técnicas oficiales por completo, pero 36 por ciento restante ni siquiera cumplió con un estándar mínimo.

Esta es la triste realidad, pero lo peor de todo es que ninguna autoridad resulta ser la responsable de tanta irregularidad y corrupción, ¿acaso se castigará a él o los culpables de tantos muertos, heridos y daños?

 

AHORROS

Cuando el Presidente Peña anticipa que las pérdidas provocadas por los sismos ascienden a más de 38 mil millones de pesos, los partidos políticos siguen en su show de donar sus presupuestos públicos para la reconstrucción.

El PRI, que criticó tan severamente a Andrés Manuel López Obrador por ofrecer 20 por ciento de financiamiento público de Morena para beneficio de los damnificados del sismo del 7 de septiembre, quiso ganar la jugada política mediática y ofreció todo su presupuesto del resto del año y, hasta, eliminar las aportaciones federales a los partidos políticos.

Claro está que la intención no es regresar o no recibir dineros públicos sino ganar simpatías de la ciudadanía con demagogia, pues es difícil alcanzar la reforma legal para ello, y de darse abriría la puerta al financiamiento privado.

Mucho cuidado debe tenerse en este aspecto pues de no existir una regulación precisa, adecuada y pública, los partidos podrían caer en el dominio de la gran empresa transnacional, o peor aún caer en las garras del narco.

@salvador_mtz

JJ/I