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Zapopan
Posando para la foto
El próximo 10 de octubre estaremos conmemorando el Día Internacional de la Salud Mental y uno de sus propósitos será revisar las políticas públicas, los programas y las acciones de los gobiernos sobre la investigación, la atención y la prevención a los problemas de salud mental, pero también sobre la promoción de los indicadores positivos de salud mental de la población y del bienestar social.
En el caso de nuestro país, es muy lamentable el abandono que existe de estos asuntos de salud pública; por un lado es increíble que se carezca de una ley federal de salud mental y que solo en cinco de 32 entidades federativas se cuente con ella, y por otro lado, es notable la escasa inversión de los gobiernos federal, estatales y municipales para los servicios de salud mental.
Por ello se entiende, pero no se justifica, que en la inmensa mayoría de hospitales y centros de salud no existan departamentos de salud mental, que los que sí cuentan con limitados servicios de salud mental sean de muy baja calidad y que en las escuelas públicas de educación básica y media igualmente sólo se cuente con un psicólogo por cada 10 ó 15 escuelas para atender a nuestros niños, adolescentes, padres de familia y maestros, por lo que también la calidad de estos servicios de salud mental sea deplorable.
En este contexto se entiende porque se ha incrementado significativamente el suicidio en menores de edad y el índice de adicciones en adolescentes (en los últimos cinco años en adolescentes hombres se incrementó 78 por ciento y en adolescentes mujeres se incrementó 222 por ciento); porque los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado del ánimo están deteriorando la calidad de vida de los mexicanos, y porque a la inmensa mayoría de enfermos y pacientes terminales no se les están brindando servicios integrales de salud para recuperarse y hasta para morir con dignidad.
Incluso, es lamentable saber que casi no contamos con estudios epidemiológicos precisos y confiables en cada entidad federativa sobre la situación de los problemas de salud mental de la población y mucho menos sobre los indicadores positivos de salud mental de las y los ciudadanos.
No debemos, ni nos conviene como sociedad, tener servicios de salud mental marginales y de baja calidad para la gran mayoría de la población que no tiene recursos económicos para pagárselos, ¡porque la salud mental también es nuestro derecho!
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FV/I