Hacer de la necesidad, virtud

Un reporte presentado recientemente por Transparencia Internacional (Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe) muestra que México es el país con mayor incidencia en el nivel de corrupción, pues por lo menos 51 por ciento de la población habría sobornado a alguna autoridad para poder tener acceso a un servicio público.

Esta situación es un problema muy grave porque, como se menciona en el mismo reporte, en nuestro país ha habido un incremento de 31 por ciento en el número de asesinatos cometidos, y la experiencia internacional muestra que la incidencia de este tipo de delitos tiende a crecer en contextos de alta corrupción, y especialmente a causa de ella, “ya que este fenómeno afecta a las instituciones de justicia, debilita el estado de derecho, distorsiona los procesos políticos y permite la impunidad”.

La propia organización Transparencia Internacional comenta que es muy preocupante que la policía y los funcionarios electos sean percibidos como los más corruptos, porque esas dos instituciones son claves para lograr una gobernanza efectiva. En otras palabras, si las instituciones que deberían servir de fundamento a nuestra convivencia pacífica y al mantenimiento del tejido social están tan dañadas, ¿qué futuro nos espera?

Al respecto, el propio reporte da cuenta de que existen varias iniciativas para combatir la corrupción en toda Latinoamérica y el Caribe; en el caso mexicano tenemos la ley #3de3, que obliga a los funcionarios a hacer públicas tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses. Más recientemente han comenzado a implementarse el Sistema Nacional Anticorrupción, y sus equivalentes en las entidades federativas. Precisamente en las próximas semanas habrá de designarse a las cinco personas que presidirán el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, desde el Comité de Participación Social.

Transparencia Internacional también da cuenta que existe un gran número de personas que dicen estar dispuestas a involucrarse en la lucha contra el soborno en el sector público, aunque en los hechos muy pocas son las que denunciaron los casos de corrupción a los que se enfrentaron. Tal vez debido a la experiencia negativa que tuvieron quienes sí presentaron denuncias, pues además de haber sufrido consecuencias negativas, pocos tuvieron la oportunidad de ver que las autoridades actuaran efectivamente en contra de los autores de los actos de corrupción.

Así pues, es claro que los mexicanos tenemos motivos para desconfiar de nuestras autoridades y de lo que nos ofrecen, porque además existen evidencias de que es muy fácil que alguien se beneficie ilegítimamente de los apoyos dirigidos a quienes más lo requieren, como ha sido el caso reciente de quienes se apropiaron de recursos destinados a los damnificados por los recientes terremotos, sin que hasta el momento se sepa que recibieron una sanción.

En circunstancias como éstas es lógico que desconfiemos. Es muy fácil, entonces, que la desconfianza se traduzca en descalificación anticipada de los espacios de participación, y en una parálisis práctica, que finalmente termina beneficiando a los corruptos, y dejando solas a las personas que quieren que las cosas se hagan bien. Por eso propongo que hagamos de la necesidad, virtud.

Mantengamos la desconfianza en nuestras autoridades, pero usemos esa desconfianza como motor para involucrarnos en lo público; supervisemos el desempeño de nuestras instituciones y exijamos transparencia y rendición de cuentas de sus decisiones. Y si no sabemos cómo hacerlo, capacitémonos para hacerlo, y hagámonos cargo de los espacios de participación que los esfuerzos de varias organizaciones ciudadanas han ido abriendo, para hacer lo posible para que nuestras instituciones trabajen a favor de la sociedad, y no de unos cuantos.

El texto completo del reporte de Transparencia Internacional se puede consultar en la siguiente dirección: https://goo.gl/DwMg6g

protagoras_xxi@yahoo.com.mx

@albayardo

JJ/I