La ley de desaparición, mucho mejor que nada

La aprobación de la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,  deja esa sensación de “es mejor que nada”. Al final, quedaron fuera algunos puntos que las organizaciones de familiares de personas desaparecidas habían puesto sobre la mesa como básicos, pero hasta ellos tuvieron que aceptar que era peor que no saliera.

Las resistencias que mantienen las autoridades cuando se trata de este tema, solo permiten confirmar el temor que tienen ante la participación de los cuerpos de seguridad y de gobernantes en un número importante de desapariciones.

Cuando se integró el Frente Ciudadano por México entre los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, el coordinador de los diputados federales de este último partido, Clemente Castañeda Hoeflich, dijo que uno de los temas que habían marcado en la agenda era justamente el de esta ley.

Desde ese momento el legislador federal también reveló que era muy probable que saliera una ley que priorizara la búsqueda sobre la justicia, aunque fuera doloroso.

Para las autoridades apoyar la búsqueda de los desaparecidos desde las instituciones parece ser la más importante concesión que están dispuestos a hacer. Definir responsabilidades todavía no. Y, en medio del gran dolor y desesperación que este problema ha dejado en nuestro país, parece al menos un paso a favor de quienes no se cansan de buscar.

Los familiares de los desaparecidos habían elaborado un documento con las condiciones mínimas que debía contener la ley, para lo cual recibieron el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales. No todos estos puntos fueron tomados en cuenta; sin embargo, fueron más de dos años de movilizaciones, largas jornadas de trabajo, reuniones, traslados para revisar propuestas y mucho tiempo.

Lo que sigue, una vez que se promulgue y entre en vigor, es que se haga efectiva y que se asignen los recursos suficientes para que las instancias que se crean y los procesos que se marcan, sean una realidad.

El tema de las desapariciones en el país se ha convertido seguramente en el más complejo del entramado de inseguridad. Para comenzar, ni siquiera podemos establecer una dimensión real porque las cifras de las autoridades son muy diferentes a las de las organizaciones y porque la cifra negra sigue en aumento, ante la desconfianza de los familiares para acudir ante las autoridades.

Además, los victimarios son lo mismo la delincuencia organizada que las propias autoridades o algunas veces ambos en alianza. Por eso, la ley tendrá que revisarse cuando empiece a funcionar la estructura que crea.

Lo que sí quedaba claro es que disponer de los lineamientos para la búsqueda desde las instituciones era ineludible. En cada entidad los procesos se siguen de manera diferente y con la indolencia de las autoridades; el delito se clasifica dependiendo el funcionario que recibe la denuncia. Tampoco hay protocolos de búsqueda, los funcionarios no están capacitados ni hay recursos para pruebas elementales como los exámenes de ADN o la creación de bases de datos de los cuerpos que son encontrados.

Jalisco, que no ha sido la excepción, puede ser el botón de muestra. La búsqueda, al menos hasta antes de la creación de la Fiscalía especializada, ha quedado prácticamente en manos de los familiares que buscan pruebas y las aportan, pero que igual no son tomadas en cuenta.

En las declaraciones que han hecho a los medios de comunicación, los dirigentes de los colectivos de búsqueda parecen estar tranquilos con la ley, precisando que tendrá que mejorarse. Pero al menos es el primer reconocimiento formal por parte del gobierno de que los desaparecidos son un problema real, que carcome a nuestro país.

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JJ/I