Reclaman tardanza en convenio de agua

El alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, lamentó la falta de eficacia gubernamental que impide que el Municipio firme un convenio con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) para que éste dote al municipio de 900 litros de agua por segundo, requeridos para solventar la falta del servicio de múltiples colonias.

El mes pasado, durante su informe de actividades, Uribe Camacho pidió al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz que agilizara el proceso. El convenio, expuso, tendría tres cláusulas principales.

En principio consistiría en que el Siapa potabilizara 300 litros de agua desde la planta de Toluquilla, para lo que se requeriría infraestructura por una inversión aproximada de 150 millones de pesos que podrían salir de las arcas municipales; un segundo punto sería la llegada de 600 litros de agua por segundo, para lo que se requiere disponer de terrenos que el Municipio ya gestiona; finalmente, se busca hacer llegar 8 litros por segundo más para dotar al fraccionamiento Los Tulipanes. Un proyecto que ya va más avanzado.

“Ellos (el Siapa) tienen una planta muy grande subutilizada y a partir de ahí es que planteamos quedarnos con los 300 litros. Con ello resolveríamos el problema de Santa Fe, Chulavista, como de 14 fraccionamientos, porque estaríamos haciendo toda una red completa y además un gran tanque de almacenaje”, expuso Uribe Camacho.

Por ello, urgió al gobierno estatal a que se concrete el acuerdo. En caso de que se logre el convenio, Tlajomulco tendría que construir una planta potabilizadora propia, misma que tendría un costo aproximado de 700 millones de pesos, que ya no sería costeada con un crédito.

“Estoy revisando (que se haga) por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), en donde 49 por ciento se va a fondo perdido y 51 por ciento se hace un PPS (proyecto de prestación de servicios) que sería administrada por la iniciativa privada. Sería un convenio de entre 15 y 20 años de operación”.

Sin acuerdos

El gobierno federal no tiene disposición para interceder entre el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Tlajomulco respecto a las demandas de este último para que se le pague el predial correspondiente al suelo donde se ubica parte de la infraestructura del aeropuerto, lamentó Alberto Uribe.

Ante la negativa de pago por parte de la operadora de la terminal aérea, el alcalde había solicitado a la Federación que se le entregara al menos uno por ciento de lo que recibe como contraprestación por la concesión entregada a los particulares. En ninguna de las dos posibilidades ha habido acuerdos.

“Hay una gran confusión. La concesión es nada más para lo indispensable de operación; es decir, de pistas, hangares y la parte donde está la gente de manera general, no tendría que pagar predial; pero todo lo que no es indispensable para la operación, como el estacionamiento, una serie de terrenos y de espacio donde son negocios para ellos (el GAP), tendrían que estar pagando el predial, pero éste es el litigio que tenemos desde 2011, que no está caminando, porque hay muchísimos intereses que lo detienen y porque la Federación no tiene el mínimo respeto por los Municipios”.

No obstante, dijo, eso no ha sido impedimento para que existan negociaciones con la operadora del aeropuerto respecto a la construcción de la segunda pista, un proyecto planeado para 2022, pero que requiere el cambio de uso de suelo de los terrenos contemplados para ésta, 10 por ciento de los cuales pertenece al ejido de El Zapote, que actualmente mantiene un reclamo por el pago de los terrenos en los que se encuentra la terminal.

“Ellos (el Siapa) tienen una planta muy grande subutilizada y a partir de ahí es que planteamos quedarnos con los 300 litros. Con ello resolveríamos el problema de Santa Fe, Chulavista, como de 14 fraccionamientos”
Alberto Uribe Camacho, alcalde de Tlajomulco

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