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Al Rey Sol
Cuando me invitaron a escribir sobre los riesgos en la reconstrucción tras los sismos de septiembre, en vista de la desconfianza social hacia el buen proceder del gobierno, lo primero que me vino a la mente fue preguntarme si esta desconfianza social ¿es adquirida, gratuita, innata?
Pareciera no importar, finalmente se desconfía de las acciones del Estado; sin embargo, creo que el origen de la desconfianza permea la visión, las acciones y la evaluación que haremos de ellas durante y concluidos los trabajos de reconstrucción.
Los escándalos en los que se vio involucrado el gobierno de Morelos respecto al acaparamiento de víveres para el DIF estatal, el caso de Frida Sofía y la forma desorganizada de actuar de frente al rescate, han mermado la de por si desgastada confianza que se tenía del gobierno.
Así, podemos afirmar que la desconfianza no es ni gratuita ni innata, por el contrario es ganada a pulso cada día en cada una de las acciones herradas y los actos de abuso y corruptelas en las que se ven involucrados los políticos en su desempeño.
La confianza como valor ha sido retomada en los discursos de funcionarios y líderes de partidos de derecha e izquierda, pero vista ésta como verbo. En la práctica ha sido abandonada, ya que obliga a los políticos al trabajo continuo en pro de ganar la confianza del ciudadano.
Pareciera que en México se trabaja a la inversa, se acciona, pero con la desconfianza en el quehacer cotidiano. Así, la desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno tiene relación directa con la forma de ser y hacer política en México.
Por otro lado, el discurso social de la confianza como pilar de las relaciones humanas (cuántos de nosotros no hemos escuchado a familiares y amigos decir “si se pierde la confianza en el matrimonio se pierde el matrimonio” o” la confianza es la base de una relación”), vuelve aún más caótico el panorama al enfrentarnos a la pérdida de confianza en la relación del estado–sociedad.
Si la confianza es uno de los cimientos base y ya se perdió, entonces, como en el matrimonio, lo que viene no es alentador. Pero al igual que en las relaciones de amor, los ciudadanos aprendemos y maduramos como tal, a fuerza de golpes y errores, y al final, cuando viene la desilusión, cuando nos damos cuenta que nos timaron o que abusaron, ya no somos los mismos de antes, ahora emergen sujetos con una dosis alta de desconfianza con el otro y confianza consigo mismo, que hará que la relación ya no sea la misma de antes.
Los sismos de días pasados marcaron un punto de partida sin precedentes en la relación Estado–sociedad, la ineficiencia del gobierno, su lentitud, su insensibilidad con los damnificados (se volvió viral un video del presiente y la primera dama sonriendo mientras hacían una cadena humana para acomodar despensas), la falta de dolor mostrado ante las pérdidas humanas detonaron en inconformidad, y también en una ciudadanía que fiscaliza, observa de cerca el uso de los recursos provenientes de nuestros impuestos, cuestiona y exige la redistribución de los mismos.
Los riesgos son para ambas partes, en una relación no sólo pierde uno. Por un lado, el gobierno lleva prisa, mucha prisa, se viene un año electoral y los políticos que ocupan un cargo y quieren brincar a otro corren el riesgo de convertirse en damnificados políticos, así que les urge “reconstruir” rápido, más que bien; por otro lado, si lo hacen rápido y mal la ciudadanía se los cobrará en las urnas.
Pero un riesgo latente tiene que ver con no planear, con hacer por hacer, olvidarse que las desgracias son para aprender de ellas; nos enfrentamos a una reconstrucción desarticulada de los riesgos que en el futuro se puedan presentar, una reconstrucción ajena a una política seria, arriesgamos a cosas apresuradas, sin diagnósticos ni análisis de impacto.
El dinero del Fondo de Desastres Nacionales (Fonden), 9 mil millones de pesos, y los donativos que hemos recibido deben ser utilizados de forma transparente, consensuada con los ciudadanos afectados, con la clase empresarial. Hay que armonizar el plan de reconstrucción de tal suerte que tengamos pueblos y ciudades más seguras, de lo contrario, los movimientos sociales no se harán esperar. Se corre el riesgo de llegar a las elecciones del siguiente año fracturados, cansados y desganados de los políticos, sus campañas y sus discursos y con ello se tambalea la democracia.
* Profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara [email protected]
Una decena de organizaciones de la sociedad civil sostienen que el país enfrenta un proceso de reconstrucción y regeneración urbana que requiere acompañamiento permanente en las diferentes fases y permita ofrecer información y certeza a la ciudadanía.
“La reconstrucción va más allá de la reposición de piedras o viviendas; se requiere restaurar la vida de las personas en las ciudades y, en este caso, también la confianza en las instituciones”, se lee en un comunicado firmado por Alianza para la Regeneración Urbana (ARU), Asociación Mexicana de Urbanistas AC, y los colegios de Arquitectos de la Ciudad de México AC, de Urbanistas de México AC y Mexicano de Ingenieros Civiles AC, entre otros.
“Se requiere un acompañamiento integral que permita a las autoridades modificar los procesos institucionales de prevención, gestión y protección; y a los ciudadanos, recuperar los derechos básicos a la vivienda, seguridad, alimentación y educación.
El documento, firmado también por Construcción sin Corrupción, Demo Lab, Forópolis, Integridad Ciudadana AC y World Resources Institute México, destaca que en un contexto actual en donde existe una clara debilidad de las instituciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, es fundamental que, con el objetivo de ofrecer un desarrollo legítimo, se incluya a las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de la toma de decisiones y los avances de las instituciones de gobierno.
“La Federación y gobiernos estatales en las últimas semanas han anunciado sus planes para la reconstrucción; sin embargo, este plan debe de realizarse desde un modelo participativo y desde el reconocimiento de la ciudadanía como titulares de derechos y no desde una perspectiva asistencial o electoral”, enfatizan.
48 Mil millones de pesos, el costo de la reconstrucción
700 Millones de pesos, sólo por impieza de escombros
10 Estados afectados
6 Entidades con declaratoria de emergencia y desastre
3 Estados con declaratoria de desastre
180, 731 Viviendas con daños
127,479 Con daño parcial
50,610 Con daño total
14 Mil personas en 187 albergues
JJ/I