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BARCELONA. El gobierno español anunció ayer un plan sin precedentes para destituir las autoridades separatistas de Cataluña, instalar a su propia gente en su lugar y convocar a elecciones, invocando poderes constitucionales jamás utilizados para controlar la próspera región que amenaza con independizarse.
Tras una sesión especial del Consejo de Ministros, el presidente Mariano Rajoy dijo que pedirá al Senado autorización para que ministros del gobierno central asuman las funciones del gobierno catalán, lo que incluye el control de la Policía, las finanzas y los medios de prensa públicos.
En un esfuerzo por detener el movimiento independentista liderado por políticos separatistas, Rajoy también pedirá al Senado la semana próxima que le dé el poder de llamar a elecciones regionales, algo que por el momento sólo puede hacer el presidente catalán.
En Cataluña reinaba el estupor, incluso entre sectores moderados, y el anuncio provocó bocinazos y cacerolazos en las calles de Barcelona. La alcaldesa Ada Colau, que se opone a la independencia sin un referendo válido con garantías fundamentales, calificó la medida de “ataque grave” a la autonomía catalana.
Políticos del partido separatista de izquierda ERC calificaron la medida de “golpe de estado” para aplastar la autonomía catalana. El vicepresidente de la región, Oriol Junqueras, instó a la población a participar de una marcha de protesta en las próximas horas en Barcelona.
Organizaciones de base en Cataluña que han sido el motor de la campaña de independencia llamaron las medidas “autoritarias” y llamaron a una proclamación inmediata de una república catalana.
El jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, ha amenazado con convocar a una votación en el Parlamento regional para una declaración explícita de la independencia de España.
Rajoy dijo que aplicará el artículo 155 de la Constitución para “restaurar la normalidad” en el país, que enfrenta su crisis institucional más grave en décadas. Dijo que debería realizarse una nueva elección en Cataluña en los próximos seis meses.
“Aplicamos el artículo 155, porque ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley”, dijo Rajoy.
Dijo que invocará el Artículo 155 de la Constitución para “restaurar la normalidad” en el país, que enfrenta su crisis institucional más grave en varias décadas. Añadió que se convocará a elecciones en la región lo antes posible.
El Partido Popular de Rajoy tiene mayoría en el Senado y cuenta con el apoyo de algunos partidos opositores para aplastar el intento independentista de Cataluña y mantener la integridad territorial de España.
Pablo Echenique, del izquierdista Podemos, dijo que el gobierno de Rajoy "acaba de suspender la democracia en Cataluña y en España, rompiendo con los consensos y los pactos del 78".
La crisis constitucional, que ha ido creciendo poco a poco durante años, escaló este mes cuando el gobierno regional de Cataluña afirmó que un cuestionado referendo de independencia celebrado el 1 de octubre le daba base legal para separarse de España.
El Tribunal Constitucional español ha fallado hasta ahora en contra de todas las iniciativas de secesión, incluido el polémico referendo.
Varios partidos de la oposición han acordado apoyar al gobierno español en la intervención de la autonomía catalana para frenar el proceso independentista.
En tanto, activistas catalanes han llamado a otra protesta en Barcelona por el arresto de dos líderes pro independencia que son investigados por sedición.
El sitio web de la corte parecía estar caído ayer, y una portavoz dijo que se habían visto afectados por vandalismo de origen desconocido.
Las autoridades españolas habían advertido el viernes de posibles ataques informáticos y dijeron que en varios sitios web del gobierno habían aparecido lemas a favor de la independencia de Cataluña.
La vocera del Constitucional indicó que la web del tribunal no funcionaba y que no se había visto comprometida información interna. Habló bajo condición de anonimato en línea con las normas internas.
MADRID. La Fiscalía General del Estado español prepara una querella por presunto delito de rebelión contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, si hace efectiva la declaración de independencia catalana.
Las penas por rebelión establecen hasta 30 años de prisión conforme al Código Penal de España por alzarse “violenta y públicamente para”, entre otras cosas “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”, así como “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.
La presentación de la querellas podría darse en función de si Puigdemont, como advirtió en una carta reciente al presidente español Mariano Rajoy, lleva a votación del Parlamento de Cataluña la declaración de independencia.
El código precisa que si sólo hay una promoción de la rebelión y se induce a los demás a la misma, las penas son de entre 15 a 25 años de prisión, y en caso de hacerlo mediante las armas y el combate entre la fuerza de su mando sería de hasta 30 años.
Puigdemont refirió la declaración de independencia el 10 de octubre en un discurso ante el Parlamento catalán, al asegurar que el reciente referéndum (no reconocido por el Estado español) permite avanzar hacia la independencia de Cataluña.
Sin embargo, ese mismo día planteó suspender esa declaración para abrir un diálogo con el Estado español para solucionar la crisis política abierta por el proyecto independentista. Notimex
“Aplicamos el artículo 155, porque ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley” Mariano Rajoy, presidente del gobierno español
REACCIÓN. El presidente catalán, Carles Puigdemont, dice que el intento de Rajoy de “humillar” a Cataluña es un ataque a la democracia
FV/I