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El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, celebró ayer la última restitución de tierras a wixárikas, ocurrida el viernes en Huajimic, Nayarit, y la de septiembre del año pasado, cuando les devolvieron 184 hectáreas; sin embargo, recordó que todavía “faltan muchas sentencias por ejecutar”.
Sobre el logro del viernes, cuando repusieron a la comunidad indígena un terreno que ronda las 70 hectáreas, destacó que el organismo que encabeza se pronunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para generar recursos de indemnización a quienes ocupaban los predios restituidos.
“En buena medida, se logró que, por fin, el gobierno federal generara los recursos para los procesos de indemnización que ahora permitieron una ejecución sin el clima de tensión y violencia como en ocasiones anteriores”, detalló.
“Todavía el camino sigue porque hay muchas sentencias que ejecutar”, añadió, y describió la urgencia de las autoridades wiraritaris, quienes piden que a la brevedad se cumplimenten las ordenes pendientes, “pues la autoridad jurisdiccional les ha dado la razón”.
Hernández Barrón indicó que la comisión que encabeza continuará con el respaldo a los pueblos wixárikas y autoridades.
En otro tema relacionado a la región Norte, puntualizó que en la localidad Santa Catarina Cuexcomatitlán, en Mexquitic, continúan cerradas las escuelas como una medida de “presión y protesta ante una serie de planteamientos de servicios públicos y de atención” hechos al gobierno estatal.
Asimismo, respaldó las exigencias del pueblo milenario, que “ya ha sido víctima de un aislamiento y marginación que lo ha llevado a una discriminación institucional”.
Sin embargo, Hernández Barrón exhortó a los habitantes de este poblado a que reconsideren el cierre de las escuelas “en la salvaguarda de derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues se pone de por medio sus derecho”.
Luego de la salida de Antonio Cruces Mada de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), y ante la llegada al puesto de Alfonso Petersen Farah, el ombudsman llamó a garantizar el derecho a la salud a los jaliscienses, sobre todo, a los de comunidades rurales e indígenas.
“Hay violaciones de derechos humanos a la salud en comunidades rurales e indígenas”, comentó, y en ese sentido consideró que “cuando no hay un cumplimiento a la garantía de los derechos humanos, (las autoridades tienen) la obligación de la reparación integral del daño”.
Ante el clima de inseguridad y violencia que se vive en el país, el titular de la CEDHJ llamó a la sociedad a que reflexione sobre éste: “El clima de violencia en nuestro país, donde ya hay miles de muertes, nos debe llevar a una reflexión como sociedad, (pues) ya vendrá el juicio de la historia en el contexto de la violencia, impunidad y corrupción”.
El jalisciense, aseveró, día a día se encuentra expuesto a la delincuencia: “Todos somos vulnerables, tenemos presente que podemos ser víctimas, y esto ya no podemos permitirlo, lo que nos lleva a tomar nuestras precauciones”.
En contraparte de la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Roberto López Lara, comentó que la comunidad wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán, asentada en Mezquitic, está debidamente atendida y las movilizaciones que han emprendido sus habitantes son motivadas por intereses políticos.
Ante el pliego petitorio dado a conocer por los wixaritari, en el que en 173 puntos realizaron exigencias como la construcción de caminos y puentes colgantes, mejoras en los servicios de salud y educación, así como una mayor dotación de servicios básicos, el funcionario estatal aseveró que no hay una desatención de la zona por parte de las autoridades.
“Hay ya una cantidad importante de medicamentos; hay ya una cantidad importante, por parte de la Secretaría de Educación, de estantería nueva, mesabancos y demás; están los caminos que se están construyendo por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). Tenemos un gran desarrollo. Hay becas por parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), hay apoyos que se les han dado. Yo creo que se les ha estado atendiendo y, como nunca en ninguna administración, se ha invertido una gran cantidad de recursos a toda la zona norte, sobre todo a Mezquitic y Bolaños”, expresó.
Desde inicios de agosto los comuneros entregaron oficios en los que instaron, en cuatro ocasiones distintas, a que los titulares de diversas secretarías del estado, el secretario general de gobierno y el propio gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, acudieran a la comunidad a plantear soluciones. No hubo respuesta.
Por ello, el 19 de octubre las autoridades agrarias y tradicionales de la comunidad se trasladaron a Guadalajara. En palacio de gobierno convocaron al mandatario estatal a presentarse en la cabecera de la comunidad el jueves.
“Estamos valorándolo (la visita) porque también no vamos a permitir temas políticos ahí. Vamos a ejercer también la parte que tenemos como atribuciones del estado de derecho”, indicó al respecto López Lara, quien no señaló a los actores que estarían detrás de las demandas.
La comunidad indígena mantiene bloqueados los accesos a la zona y determinó cerrar 26 escuelas de educación básica.
“Todavía el camino sigue porque hay muchas sentencias que ejecutar” Alfonso Hernández Barrón, titular de la CEDHJ
JJ/I