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Crucificándose
Empiezan las campañas
Un largo, sinuoso y complicado camino es el que deben afrontar los ciudadanos en su pretensión de convertirse en candidatos a un puesto de elección popular. Me refiero, específicamente, a los independientes genuinos, es decir, a aquellos ciudadanos que han decidido hacer efectivo su derecho a “votar y ser votados” que consagra la Constitución y no a los tránsfugas que al no haber sido beneficiados por las cúpulas de sus partidos con una nominación utilizan la figura de independientes para intentar alcanzar por esta vía, su objetivo de aparecer en la boleta electoral. En rigor, estos últimos no pueden abrogarse legítimamente una condición de independientes, si habría que calificarlos de alguna manera sería como independientes espurios.
En su camino a la candidatura los aspirantes independientes, los genuinos no los espurios, deben recorrer un camino lleno de dificultades y superar los obstáculos, casi infranqueables, que la legislación electoral ha sembrado en su camino. El primero de ellos se refiere a las condiciones inequitativas que tienen que sortear para conquistar su derecho a convertirse en candidatos. La legislación electoral elaborada por la partidocracia fue particularmente cuidadosa en establecer controles sumamente estrictos, con el propósito de desalentar la participación ciudadana.
De entrada, los independientes deben conseguir una cantidad significativa de firmas, que fluctúan entre 1 y 2 por ciento del padrón electoral de la demarcación territorial del cargo al que aspiran –presidente, gobernador, munícipe, diputado federal o local– para materializar su condición de candidato. Esto supone una profunda desventaja respecto a los candidatos de partidos, cuya nominación obedece únicamente a la decisión de sus cúpulas partidarias.
Pero además, se les obliga a recabar las firmas en un plazo perentorio establecido unilateralmente por la autoridad electoral, misma que se encarga de verificar y sancionar la validez de las adhesiones recibidas. En contraste al enorme financiamiento público que reciben los partidos para el desarrollo de sus actividades, los aspirantes a una candidatura independiente –los genuinos, no los espurios– tienen que acudir para allegarse el caudal de firmas, a recursos propios y al trabajo de voluntarios.
El otro problema, no menos importante, tiene que ver con el mecanismo que la autoridad electoral estableció para llevar a cabo la recolección de firmas. En esta ocasión, con el ánimo de simplificar el acopio, el INE puso en operación una plataforma digital que solamente puede funcionar con aparatos habilitados con alguno de los sistemas de tecnología móvil: Android e iOS.
Esto implica serias limitaciones a la recolección dada la desigualdad que existe en el acceso a estas nuevas tecnologías, tanto a nivel nacional como en el interior de los estados. En efecto, si tomamos en cuenta al teléfono celular, según datos del Inegi, 71.5 por ciento de la población general se manifestaba como usuaria, sin embargo, la asimetría en su acceso se manifestaba a nivel estatal. Mientras los usuarios en Baja California Sur llegaban a 87.5 por ciento, en Guerrero apenas sumaban 55.2. Si a esto añadimos que no todos los dispositivos son susceptibles de operar la plataforma diseñada por el INE, la dificultad para cumplir en tiempo con el requisito de las firmas se incrementa.
Sin embargo, el principal escollo lo enfrentan si, luego de sortear el difícil trayecto, resultan triunfadores de la elección y se convierten en diputados. Su acceso a participar en las actividades del Congreso, se topa con una barrera infranqueable erigida por los partidos políticos. Su vulnerabilidad radica en el hecho de que, sea que haya sido de manera accidental o intencional, la reforma legislativa no estableció de manera puntual sus derechos como independientes. Eso los deja a merced de la partidocracia, siempre dispuesta a aplastar todo intento de empoderamiento ciudadano, por embrionario que sea.
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JJ/I