Estar peor no es imposible

Cuando pensamos que las cosas no podían estar peor, un subprocurador, en funciones de procurador, cimbra a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) al despedir a su titular bajo el argumento de violar el código de conducta de la Procuraduría General de la República.

El consenso desde entonces ha sido que el cese fulminante del fiscal Santiago Nieto Castillo por parte de Alberto Elías Beltrán más que escandaloso es ominoso.

La decisión del subprocurador abrió una caja de Pandora y liberó un desastre institucional; sobra decir que de grandes proporciones.

Con esta determinación, la procuración de justicia tiene ahora tres áreas acéfalas: la general, con la renuncia de Raúl Cervantes hace no más de dos semanas; la anticorrupción, para la que nada más no hay acuerdo en cuanto a la designación de su fiscal, y ahora la que persigue los delitos electorales.

Poco importa, y de hecho nadie cree, que los motivos para echar a Santiago Nieto hayan sido meramente jurídicos. Nadie lo cree por las justificaciones escuetas y con cuentagotas que el subprocurador Elías Beltrán ha expresado para solventar su decisión.

El argumento oficial es, en pocas palabras, que el mediático ex fiscal abrió la boca de más y puso en riesgo la investigación de los supuestos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, violó la presunción de inocencia y la reserva de datos.

Pero la paranoia nos da otras razones; una de ellas es que el caso de Odebrecht salpicó no sólo al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, sino también al mismo presidente Enrique Peña Nieto por los supuestos aportes a su campaña. Entonces, había que hacer a un lado al fiscal incómodo, porque el escándalo podía ir escalando hasta llegar al partido del mandatario; es decir, el PRI, y colocarlo en la comisión de un delito electoral de altos vuelos.

Otra razón que nos da la paranoia en la que estamos sumidos es que una mente perversa quiso debilitar a la fiscalía en pleno jaloneo electoral rumbo a 2018.

La decisión de Elías Beltrán, para muchos desaseada, debilita a una institución creada con autonomía técnica y operativa para procesar a los delincuentes electorales y con eso no se puede pensar en otra cosa más que el país se encamina a un periodo electoral que ya empieza a apestar.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, es de los que advierten contra la incertidumbre e inestabilidad institucional de cara a las elecciones de 2018.

Desde su punto de vista, no hay que buscarle mucho: el debate por el despido de Santiago Nieto es un elemento negativo, contrario a las necesidades del país de estabilidad, certeza, instituciones sólidas, así como de un Estado capaz de procesar las decisiones políticas de manera pacífica, ordenada y democrática.

Lejos de eso, el procurador interino llevó al Senado de la República a una nueva crisis. Ahí definirán si Santiago Nieto debe ser reinstalado o no, pero de entrada resultó sospechoso que los priístas hayan impulsado que la decisión se tome mediante voto secreto.

Tan no cuadró su método que los senadores de oposición reventaron la sesión; es más, ni siquiera se presentaron y los priístas se encargaron de tildarlos de irresponsables y chantajistas.

¿Qué sigue ahora? Si los senadores de oposición logran la restitución de Santiago Nieto, éste quedará descalificado, pero si no lo reinstalan quedará un vacío muy oportuno para un proceso electoral lo más sucio posible, un tufo a impunidad en el caso Odebrecht y una fiscalía que ya no estará libre de la sospecha.

[email protected]

JJ/I