A deber, esquema contra feminicidio

Alondra es una víctima mortal de la negligencia y el machismo, una de las miles de mujeres que solicitan protección por violencia de sus parejas cada año en Guadalajara y zona metropolitana.

A ella la estranguló presuntamente el padre de sus dos hijos el 10 de marzo, a pesar de que desde un mes antes ella había pedido al estado protección contra su agresor por el daño que ya había sufrido.

Lo único que consiguió fueron unos papeles de la Fiscalía General cuyo efecto fue nulo en su vida y, después de su muerte, tampoco sirvieron para capturar al feminicida.

“Me dijo que soy una perra malagradecida, que él se droga por mi culpa, que si él me golpea y es así es por mi culpa”, escribió Alondra a mano en su declaración ante el Ministerio Público el 6 de febrero, el día que se animó a ir al Centro de Justicia para las Mujeres, tres semanas antes de dar a luz a su segundo bebé.

“Quiero mencionar que mi pareja, Pedro Giovanni N, comenzó a agredirme porque le pedí que dejara de drogarse”.

El personal ministerial le entregó oficios dirigidos a distintas instancias, entre éstas a la comisaría de Tlajomulco de Zúñiga, municipio donde residía Alondra.

“Le solicito sirva girar sus instrucciones al personal correspondiente para los efectos de que se tenga a bien en brindarle protección y vigilancia a la ofendida de nombre Alondra Guadalupe González Arias, por un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar y lesiones”, es parte del texto.

La ayuda nunca llegó.

Obligación

Existe una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y entre algunas de las obligaciones de cada una de las entidades federativas de la República las órdenes de protección son una prioridad inicial, según una recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), órgano de las Naciones Unidas.

“Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo” es apremiante para Cedaw.

Sin embargo, las medidas dictadas por las autoridades ministeriales en Jalisco suelen quedarse en el papel, consideró la investigadora de la Universidad de Guadalajara María Guadalupe Ramos Ponce.

“Hay algo que no se ha entendido: cada Municipio empezó a hacer su propio modelo de atención, y ni siquiera todos los Municipios, sólo algunos de la Zona Metropolitana de Guadalajara comenzaron a realizar esos avances, pero los Municipios que están en el interior del estado ni siquiera conocen, ni siquiera saben en qué consisten esos modelos”.

“Ante la presión de las organizaciones de la sociedad civil porque no se emitían estas órdenes de protección, comenzaron a otorgarlas, pero sin ningún mecanismo de seguimiento, es decir, lo único que hacen es otorgar un oficio a la víctima que dice que pueden llamar a la Policía cuando tiene una situación de riesgo y van a ir”.

Primer contacto

Las mujeres a veces tienen tanto miedo de su agresor, que no se atreven a denunciarlo o carecen de información, por lo que las Policías municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara han buscado métodos de acercamiento, como los cursos Mujer Segura, que las comisarías ofrecen a grupos de mujeres para enseñar.

En el caso de Guadalajara, repartir trípticos en estancias infantiles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha sido una práctica con la que se ha logrado que 491 mujeres se integren al Código Rosa, indicó Francisco Gutiérrez Sánchez, jefe de la Unidad de Intervención Primaria y Atención a Víctimas; también ocurre que una persona cercana a la mujer realiza el reporte.

“Alguien reporta que a la vecina la están agrediendo, una vecina que no levanta su denuncia, llega la unidad de zona, valora la situación, si por alguna razón la mujer dice no pasa nada, como suele pasar, al día siguiente nosotros nos acercamos con trabajadora social, donde se hace el abordaje a la mujer con la intención de buscar el empoderamiento para que denuncie”, aseguró Gutiérrez Sánchez.

Tratándose de una zona con escasa densidad poblacional, en la calle Ingenieros, del fraccionamiento Los Cántaros, donde vivía Alondra, nadie se preocupó por ella y, además, su agresor la había aislado, reflexionó Nancy Arias Arteaga, su madre.

 “Me dijeron los vecinos que sí oyeron gritos, que oyeron cosas raras, pero que no marcaron a la Policía por no meterse en problemas”, recordó refiriéndose al momento del crimen, cometido hacia la media noche del jueves 9 de marzo.

“Él, con su maltrato que le hacía, como que él la alejó de la gente, porque ella no era así, hasta las mismas personas me decían ‘es que Alondra cambió mucho’, él la hizo cambiar mucho porque ella no era así, ella era más alegre y de un momento a otro ella se veía desmejorada”.

Burocracia para las víctimas

La coordinación que existe entre la Fiscalía General y los Municipios para dar inicio a las órdenes de protección consiste en un mensajero saturado de trabajo.

“El Ministerio Público emite su oficio y en la práctica se lo da a su notificador, a su estafeta; éste tiene que venir a la comisaría, presentarlo en la Oficialía de Partes, se turna al despacho del comisario general, él a su vez lo deriva a las áreas que nos lo hacen llegar a nosotros”, detalló Marco Aurelio del Toro Barajas, encargado de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género de la comisaría de Zapopan.

El proceso de notificación es el mismo para todos los Municipios, indicó personal de las comisarías.

“Podemos hablar de que es un proceso de un día a dos en lo que la unidad ya está abocada al conocimiento de esa medida de protección en lo general, habrá casos en particular que se demoran porque los oficios se los entrega el Ministerio Público a la propia víctima, hay víctimas que lo traen en tiempo prudente, otras se exceden u otras de plano no lo entregan”, consideró Del Toro Barajas.

Así pasó con Alondra: le entregaron los documentos para presentarlos a la Policía de Tlajomulco cuando pudiera, pero estando embarazada y sin dinero ni apoyo para desplazarse, prefirió quedarse en casa a esperar el parto, que sucedió el 27 de febrero y de su vientre nació otra Alondra.

Le dijeron de la fiscalía que la contactarían por teléfono y ella, por temor a que su pareja la descubriera, dio el número de celular de su madre, pero nunca recibieron la llamada

Formas de protección

Como víctimas de un delito con riesgo inminente en contra de su seguridad por parte del agresor, las mujeres que sufren violencia deben recibir los tipos de protección establecidos en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Ministerio Público puede prohibir al imputado acercarse o comunicarse la mujer, restringirle acercarse a su domicilio o al lugar donde se encuentre, separarlo inmediatamente de su domicilio, prohibirle la intimidación o molestia a la víctima o a sus familiares.

Tiene facultad de obligarlo a entregar de inmediato objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima.

Puede ordenar vigilancia en el domicilio de la mujer, protección policial para ella y auxilio policial inmediato cuando lo solicite, así como trasladarla junto con sus hijos a refugios o albergues temporales y forzar el reingreso de la familia a su domicilio cuando estén seguros.

Por lo general, las medidas de protección tienen una duración máxima de 60 días, prorrogables hasta llegar a 90, en tanto el Ministerio Público judicializa el caso.

“A Alondra, por la situación en que estaba de embarazo, le dijeron que se le iba a ejecutar una orden de restricción a él, donde ya no se le pudiera acercar ni hacerle daño, que en cualquier momento que lo viera pidiera una patrulla”, relató su madre, Nancy.

Ni vigilancia, ni protección, ni auxilio inmediato recibió la joven de 20 años. Su familia ni siquiera sabía que podían pedir a la Policía que se llevaran a Pedro Giovanni cuando apareció para trasladarla al hospital el día que entró en labor de parto. Y desde ese momento, cuenta Nancy, la intimidó los siguientes 10 días hasta que presumiblemente la estranguló con un lazo de plástico.

Mecanismos municipales

De manera inconexa, cada Municipio de la zona metropolitana ha respondido a la demanda de cumplir órdenes de protección como pudo.

Guadalajara inventó el Código Rosa, una línea telefónica exclusiva para mujeres violentadas por medio de la cual se les da preferencia en la intervención policial si llegan a requerirla; pero después de la primera visita para presentar la línea telefónica, ya no hay vigilancia para las víctimas.

En Zapopan se asigna a los patrulleros la obligación de realizar visitas de manera discrecional, mientras que en Tonalá y en Tlaquepaque no se tenía información de que la Policía visitara a las víctimas, a menos que lo solicitaran por medio de los teléfonos de emergencias.

Tlajomulco, aseguró el comisario Carlos Guadalupe Burguete Ortiz, otorga un teléfono celular de bajo costo a las víctimas con órdenes de protección que no cuentan con medios para comunicarse con la Policía.

“Se le asigna una unidad de vigilancia permanente todos los días y a diferentes horas”, enfatizó el comisario, aunque Alondra nunca recibió equipo alguno para avisar de la presencia de su violentador, ni en los 21 días previos al parto ni en los 10 días que siguieron hasta su muerte.

Personal de todas las comisarías aseguró que se ofrece a las mujeres que así lo deseen trasladarlas al Centro de Justicia para las Mujeres para realizar su denuncia y apoyo psicológico posterior, con la opción de derivarlas a distintos programas de asistencia social.

Crimen impune

Nancy, la madre de Alondra, fue quien insistió la mañana del 10 de marzo para que la Policía forzara la entrada a la pequeña casa en Los Cántaros, donde la encontraron envuelta en unas bolsas y cobijas con un lazo enredado en el cuello.

“No, señora, ya no es de ambulancia, está muerta”, salió a informarle un agente después de la segunda revisión de la casa.

“Todavía tuvo la paciencia de embolsarla, de ponerle su cobija de princesa, de llevarse todos los papeles, de quebrar celulares, de agarrar ropa”, estableció Nancy acerca del presunto feminicida.

Municipios

4 mil 727 órdenes de protección atendió Guadalajara desde octubre de 2015

1,172 órdenes están vigentes

2 mil 959 medidas de protección tuvo Zapopan desde octubre de 2015

531 medidas permanecen activas

2 mil 848 órdenes dio Tonalá desde octubre de 2015

368 órdenes siguen válidas

300 órdenes de protección dio Tlajomulco en 2017

45 recursos están vigentes

“Ante la presión de las organizaciones de la sociedad civil porque no se emitían estas órdenes de protección, comenzaron a otorgarlas, pero sin ningún mecanismo de seguimiento, es decir, lo único que hacen es otorgar un oficio a la víctima que dice que pueden llamar a la Policía cuando tiene una situación de riesgo y van a ir”
María Guadalupe Ramos Ponce, académica de la UdeG

“A Alondra, por la situación en que estaba de embarazo, le dijeron que se le iba a ejecutar una orden de restricción a él, donde ya no se le pudiera acercar ni hacerle daño, que en cualquier momento que lo viera pidiera una patrulla”
Nancy, madre de Alondra

“Me dijo que soy una perra malagradecida, que él se droga por mi culpa, que si él me golpea y es así es por mi culpa”
Declaración de Alondra ante el Ministerio Público

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