El sistema anticorrupción de todos

El proceso para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Jalisco ha estado salpicado de algunos puntos que generan dudas, aunque hasta el momento la transparencia y la atención de la sociedad civil organizada ha impedido que naufrague. Sin embargo, viene la etapa más complicada y, por lo tanto, hay que abrir los ojos.

En la primera parte, con la integración de la comisión que debía seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Social, el principal problema fue la exclusión de dos universidades de las que tienen mayor peso en el estado, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y la del Valle de Atemajac (Univa).

El trabajo de los integrantes de la comisión de selección finalmente le dio certeza a esa etapa del proceso. Además, cuando tuvieron que tomar decisiones, lo hicieron con transparencia y contundencia, eliminando los perfiles que podrían generar suspicacias.

De los integrantes del comité se podrían tener algunas dudas, pero nadie puede asegurar que responden abiertamente o de manera directa a algún actor político o poder fáctico.

El problema que hay, una vez que se integró el comité, fue generado más bien por los partidos políticos a través de sus diputados, que el mismo día que rindieron protesta las cinco personas que llevarán el control ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, emitieron las convocatorias para elegir a los funcionarios que lo implementarán.

Lo anterior representa que los integrantes del comité no fueron tomados en cuenta para la elaboración de esas convocatorias, o al menos para que opinaran si se apegan a lo establecido en la ley y generan condiciones para tener a los mejores perfiles.

La prisa de los diputados volvió a prender las señalas de alerta, especialmente entre las agrupaciones que han acompañado el proceso. En los riesgos que se observan está el que los ciudadanos que podrían tener condiciones para contender sin estar ligados a intereses de partidos o fácticos no alcanzarán a cubrir los requisitos; en cambio, a quienes impulsarán desde esos poderes seguramente tienen todos sus documentos listos.

Las organizaciones ciudadanas habían insistido en la necesidad de que se aplazara la elección del fiscal anticorrupción, los magistrados del tribunal administrativo, del auditor superior y de quienes formarán los órganos internos. Esto para que hubieran mayor claridad en las reglas. Pero no fue así.

A pesar de lo anterior, las primeras respuestas de los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción son alentadoras. Han admitido en algunos encuentros que los tiempos que marcaron los diputados pueden generar presión, pero pueden hacer frente. Es decir, hay toda la disposición para dedicarse a partir del momento en que rindieron protesta a vigilar los procesos.

Eso no bastará. El éxito del Sistema Anticorrupción nos conviene a todos y no podemos apostar al fracaso sólo para decir que sucede lo mismo que a escala nacional o que se trata sólo de figuras gatopardistas. Será clave seguir muy de cerca, como sociedad, todo lo que viene.

Para los medios de comunicación será indispensable una estricta vigilancia de cada uno de los pasos que se den y, en general, los jaliscienses no debemos perder de vista los perfiles que se impulsen para cada uno de los cargos.

Tal vez para los actores políticos sea apenas una oportunidad de repartirse nuevamente espacios. Para los ciudadanos es obligatorio no permitir que tiren a la basura esta oportunidad de, al menos, empezar a caminar en una dirección diferente y disponer en los nuevos espacios de funcionarios que realmente cumplan con la función para la cual serán nombrados: acabar con la corrupción.

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JJ/I