Cláusula de conciencia para periodistas

El Estado mexicano dispara cañonazos de 38 mil millones de pesos para mejorar su imagen, y esto presiona a las empresas de medios de comunicación, dificultando que los periodistas tengan la oportunidad de realizar su labor de manera independiente respecto de los intereses de los medios y empresas de comunicación para los cuales trabajan.

La inclusión de una cláusula de conciencia para periodistas, en la Ley Federal del Trabajo, iniciativa de la senadora María de la Luz Beristáin Navarrete, se da en el contexto de un proceso electoral, en el cual las empresas de medios de comunicación tienen grandes compromisos.

Tiene un gran significado que este derecho humano es reconocido en las legislaciones de diversos países como un derecho laboral, pero la cláusula de conciencia de los periodistas tiene una significación más profunda, pues representa la posibilidad de que las audiencias cuenten con información de mayor calidad. Este derecho les permite a los periodistas negarse a publicar información con la que no están de acuerdo por cuestiones ideológicas o éticas.

En el contexto internacional, España fue uno de los primeros países europeos que hicieron ley este derecho al incluirlo en la Constitución de 1978 y uno de sus logros fue la incorporación de la cláusula de conciencia en los contratos de los periodistas con sus empresas, como mecanismo de protección frente a órdenes de los jefes de información que vayan contra la ética profesional.

En el caso de México, la cláusula de conciencia no tiene reconocimiento constitucional, ni existe en las leyes laborales. Sin embargo, sí hay un antecedente como cláusula de objeción de conciencia en las políticas de comunicación del canal del Congreso, pero sólo es aplicable para los trabajadores de dichas instancias públicas en la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en sus artículos 5º y 8º, y en el numeral 3.8. El precedente más inmediato es la reciente aprobación de la objeción de conciencia en la Ley General de Salud.

En nuestro país los periodistas realizan su trabajo en un contexto de violencia sistemática por parte de la delincuencia organizada y de algunos servidores públicos, para evitar ser señalados o investigados por corrupción.

Existen también otras formas de coacción contra los periodistas, presentes en su propio entorno laboral. Por ejemplo, es normal que muchos no cuenten con contrato de trabajo; los periodistas no aparecen en la ley de profesiones, pues se le considera un “oficio”. Algunos medios utilizan la figura de becarios, y pueden pasar años pagándoles salarios no profesionales, sin respeto alguno a sus horarios de trabajo y sin realizar las aportaciones de ley a la seguridad social.

Otra de las violencias que sufren los periodistas es el tema de los derechos de autor de los comunicadores, que se ven sistemáticamente violados cuando los editores manipulan, sin el consentimiento expreso de los reporteros, el contenido de sus informaciones y reportajes.

Los periodistas son una comunidad de profesionales que construyen mapas para mirar el mundo. Al apoyar a la sociedad civil, son sus cómplices, y por tanto, son coacusados de hacer bullying a las instituciones de seguridad y a los policías, según el presidente Peña Nieto.

Con toda seguridad, en los próximos días, esta iniciativa enfrentará la oposición de muchas empresas informativas, paradójicamente, argumentando la libertad de expresión. Además de que no existe interés del Estado mexicano por cambiar las condiciones de violencia contra la prensa, y tampoco en sus derechos laborales.

En este contexto de fin de sexenio y ante un proceso electoral complicado, no hay consenso en los legisladores de la urgente necesidad de avanzar en esta materia. La reciente modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que no respeta los derechos de las audiencias, da una idea de lo que pasará con esta iniciativa de la senadora Beristáin.

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JJ/I