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Propaganda, a la basura
Empiezan las campañas
Hace unos días, se realizó una reforma al artículo 24 del Código Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; en específico, hay un párrafo que dice: “Es obligación que el cincuenta por ciento de las candidaturas a presidentes municipales que postulen los partidos políticos y coaliciones en el estado deberá ser de un mismo género”. Esto es legislación de avanzada que busca corregir los terribles desequilibrios existentes en la política que han provocado que, en otros momentos, 50 por ciento de la población (las mujeres) tenga una mínima representación en los espacios de decisión política.
Lo anterior es una forma de lo que en otros lugares se conoce como “acción afirmativa”, y básicamente consiste en asignar cuotas para garantizar la diversidad en sectores como el laboral, el educativo y ahora el político. Por supuesto, esto ha provocado el enojo de personas que se sienten afectadas por los nuevos criterios de selección; en Estados Unidos, una mujer demandó a una universidad por quitarle su lugar, pese a haber cubierto los requisitos de admisión, para dárselo a un hombre proveniente de una minoría, que había obtenido un puntaje menor. ¿Es esto justo? Quizá para la mujer en cuestión no; pero es una forma de subsanar una inequidad mayor a nivel del sistema: las personas provenientes de minorías tienden notablemente a tener menores oportunidades de acceso a la educación de calidad: asisten a escuelas con menores presupuestos, sin instalaciones adecuadas, con deficiencias terribles. El darles acceso a las minorías a mejores universidades es un mecanismo limitado (y con sus propias aberraciones) para tratar de subsanar esos desequilibrios generalizados; y una de las ventajas es que las mismas escuelas se benefician con una mayor diversidad en su estudiantado, lo cual, se espera, ayude a cerrar las brechas sociales en el futuro.
En el caso de la política mexicana pasa algo similar; las cuotas se han creado para garantizar que no haya una subrrepresentación de un grupo que constituye poco más de la mitad de la población. Claro que esto puede provocar situaciones poco favorables, como la selección de candidatos poco preparados, con el fin de satisfacer una cuota. El ejemplo más evidente de esto me parece que es el de la diputada plurinominal Carmen Salinas Lozano, quien incluso fue objeto de una iniciativa en la plataforma change.org para ser destituida. Pero esto no es privativo de un género: tristemente nuestra clase política está llena de especímenes que llegaron ahí por cuotas (partidarias) y por sus cuates, en un sistema que es clientelar a más no poder.
En mi opinión, el sistema de cuotas no ha llegado lo suficientemente lejos. Es muy bueno que ya haya cuotas para garantizar el acceso a las mujeres en todos los niveles, y no solamente en aquellos espacios en los que, cuando un partido ve perdida la elección de antemano, postula a una mujer. Pero me parece que en el caso de las minorías sigue habiendo importantes desequilibrios. La misma ley ya mencionada indica que en los municipios con mayoría indígena, habrá un representante de estas etnias en las plantillas de los partidos. ¿Siendo mayoría sólo les asignan un espacio en las plantillas?
Esto abre otra discusión sobre los candidatos ideales. Se arguye que las cuotas quitan espacios a buenos candidatos para darlos a personas menos aptas. La respuesta a esto es que es necesario contar con mecanismos para garantizar que cualquier persona tenga acceso a los recursos que le permitan ser un candidato ideal. Cuando todos tengamos educación de calidad sin importar nuestro estatus socioeconómico, entonces las cuotas dejarán de tener sentido, no antes.
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JJ/I