Trans, discriminados por las instituciones

La comunidad transexual es víctima de discriminación desde las instituciones públicas. En todo el país, de las 32 entidades solamente en tres se permite el cambio de identidad a las personas trans en documentación oficial, lo que deriva en que se vulneren varios de sus derechos fundamentales, advirtió la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Pamela San Marín Ríos.

Aunque diversos estados se presumen como incluyentes, solamente “queda en papel, el problema es que en los hechos se convierten en una fuente de discriminación”, indicó.

“Uno de los derechos más básicos es contar con una identidad”, es decir, elegir con cuál se siente acorde una persona, al margen de su apariencia física o de la situación sexo-genética, es también un derecho.

El INE está trabajando en la elaboración de un protocolo a fin de evitar que se sigan vulnerando los derechos de las personas trans en lo que respecta en asuntos electorales; sin embargo, los Congresos estatales tienen la tarea de trabajar en legislaciones realmente incluyentes, al margen de fobias personales o religiosas y acordes a la realidad de toda la población, para que todas de las garantías individuales sean respetadas, apuntó la consejera.

Aunque en algunos estados con legislación discriminatoria hay personas que han tenido acceso al cambio de identidad en documentos oficiales, ha sido a través de amparos, lo cual obstaculiza el acceso a otros derechos. “Hay 29 entidades donde se tiene que acudir a un tribunal para acceder a este derecho. Este es un reto que está incorporado a políticas de estado, es ver cómo podemos ir avanzando en estas agendas”, apuntó, ya que no todas las personas tienen los medios para costear la judicialización del proceso además de que éste resulta cansado y en ocasiones revictimizante.

Lo anterior fue expuesto en el foro Retos y oportunidades para la participación de personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas trans, en el que participaron representantes del INE, del Ejecutivo estatal, del Legislativo local, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en donde se realizó el ejercicio de diálogo.

Pamela San Marín señaló que se ha avanzado en eliminar barreras físicas, pero poco en las barreras de trato, por lo que instó impulsar la inclusión de todas las personas en los procesos electorales. 

Por su parte, el presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, señaló que es un principio democrático el reconocimiento de todos los grupos que componen una sociedad, y recalcó que una democracia no estará completa cuando existe exclusión.

“Las agendas de los derechos y la del fortalecimiento democrático no pueden ir por caminos distintos. La exclusión y la discriminación son frenos para la consolidación democrática. En estos términos, la lucha por los derechos de todos y el combate antidiscriminatorio no debe ser una moda, sino una condición de la calidad social de los sistemas democráticos que buscan consolidarse y estabilizarse en el tiempo”, indicó el titular del IEPC.

“Hay 29 entidades donde se tiene que acudir a un tribunal para acceder a este derecho”
Pamela San Marín Ríos, consejera del INE

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