Continúa tensión en San Rafael

Vecinos del Parque San Rafael denunciaron presuntas intimidaciones y amenazas por parte de empleados del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa). Señalaron directamente al ingeniero Iván Tapia. Por su parte, en el organismo negaron los señalamientos. Mientras el Ayuntamiento de Guadalajara rechazó la medida cautelar que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) para suspender los trabajos que en sitio se realizan.

Los inconformes recordaron que tienen una suspensión definitiva en su favor, dentro del juicio de amparo 613/207 que se lleva en el Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, para que el Siapa y el Ayuntamiento tapatío paren las obras.

No obstante, la tensión ha aumentado. “Nos amenazaron diciendo que si no dejamos que abran la calle, aunque saben que están violentando una orden judicial federal, nos van a llevar presos a todos”, denunció la presidenta del Colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, Gabriela Cervantes. Los hechos ocurrieron este miércoles al medio día.

Además de empleados del Siapa, señalaron la participación de elementos de la policía municipal tapatía que operaban en las patrullas identificadas con los números 1511 y 5108.

Tras varias horas de resistencia civil, los empleados públicos se retiraron del lugar advirtiendo que volverán porque deben acatar órdenes de sus superiores jerárquicos, relataron los vecinos.

Más de seis horas después de la denuncia de los habitantes, el Siapa contestó que no ha violado instrucciones judiciales. “Se han acatado en todo momento, las determinaciones emitidas en actuaciones de Juicio de Amparo y en el incidente de suspensión (…) se dio cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en donde se mandataba paralizar la ejecución de los trabajos al interior del Parque San Rafael, tal como obra en autos de fechas 8 de septiembre y 27 de octubre del presente año, dentro de dicho incidente, en los que el Organismo Jurisdiccional competente tuvo a bien proveer el debido cumplimiento”.

Sin embargo, la CEDHJ giró medidas cautelares tanto al Siapa como al Ayuntamiento para que no se realicen trabajos ni en el interior ni en el exterior del parque hasta que se resuelva el tema en tribunales. “Nosotros atendiendo al principio precautorio, tomando en cuenta que la intervención de las calles son parte de una obra integral y no de acciones aisladas, estamos pidiendo que no se realice ninguna obra hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo”, explicó el segundo visitar de la CEDHJ, César Alejandro Orozco Sánchez.

En el ayuntamiento tapatío “nos respondieron que no se aceptaba la medida cautelar, que tiene que ver con las podas de los árboles, ellos argumentaron que los trabajos son para el plan de manejo de especies que están afectadas por el muérdago”.

Del Siapa aún se espera una respuesta formal. Los medidas cautelares equivalen a llamados provisionales, sin juzgar sobre cuál de las partes tiene la razón respecto al proyecto, agregó el segundo visitador.

La CEDHJ revisará las respuestas para en base a ellas reiterar o revocar las medidas cautelares. Al margen de éstas, seguirán las investigaciones para determinar si procede o no emitir recomendaciones por posibles violaciones a los derechos humanos.

JJ