Las malas señales

De repente, sin avisar, el Poder Ejecutivo de Jalisco cambió las reglas para nombrar al encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, de modo que ahora se puede nombrar a un fiscal provisional, sin que tenga que ser avalado por el Congreso de Jalisco. ¿Quién se beneficia con esto? ¿Cuál es la pretensión del Ejecutivo? ¿Será una muestra de que el gobernador no desea rendir cuentas de sus decisiones a quienes representan al pueblo de Jalisco? ¿O es señal de algo más?

Estas preguntas no son ociosas dado que nos encontramos en proceso de que sean designadas las personas que se harán cargo de las instituciones que habrán de colaborar en el control de la corrupción, con excepción, precisamente, del fiscal general.

En ese sentido es preocupante que quienes integran la Junta de Coordinación Política del Congreso, que tanta prisa han manifestado por nombrar antes del próximo 15 de diciembre a quienes habrán de investigar, perseguir y sancionar la corrupción, no manifestaran ninguna prisa en reformar las leyes necesarias para asegurar la autonomía e independencia del fiscal general de Jalisco.

Al parecer, quienes toman las decisiones en el Congreso y gobierno de Jalisco prefirieron seguir la moda impuesta por el presidente Peña Nieto y posponer el nombramiento de un funcionario que tendrá un encargo fundamental en los asuntos públicos de nuestro estado: abatir la impunidad y con ello hacer valer el Estado constitucional y democrático de derecho.

El problema de la impunidad es tan grave que, como se ha expuesto en algún medio de comunicación, es más probable que un delincuente se saque la lotería a que sea detenido a consecuencia de sus delitos. Éste es el tipo de situaciones que debería resolver el próximo fiscal general, y para ello debería ser independiente y autónomo, para evitar que intereses ajenos le impidan llevar a cabo su labor, y así pueda investigar a cualquier persona sospechosa de haber cometido un delito, incluidos funcionarios de alto nivel.

Esto es lo que prefirieron posponer el gobernador y los diputados, lo que a mí me parece una mala señal, pues nos deja claro que para ellos no es prioritario acabar con la impunidad.

Por otra parte, y retomando lo que expresé en este mismo espacio la semana pasada, considero muy importante resaltar el hecho de que no sólo los rectores de las cinco universidades más importantes del estado respaldaron la metodología de valoración de perfiles propuesta por el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción, sino que también lo han hecho 13 organizaciones de la sociedad civil con mucho prestigio, así como los principales organismos empresariales.

Es decir, la academia, la sociedad civil y la iniciativa privada están de acuerdo en que se valore con evidencias la idoneidad del perfil de las personas que aspiran a formar parte de nuestro Sistema Anticorrupción, y confían en la labor del CPS al respecto. Sin embargo, cinco aspirantes al cargo de fiscal anticorrupción no se presentaron para llevar a cabo la resolución del caso práctico, que forma parte de la metodología de valoración propuesta.

En ese sentido, considero que en principio esas cinco personas no deberían ser elegibles, así como las otras que se nieguen a demostrar su capacidad mediante la resolución del caso que se les proponga. Si el gobernador y los diputados eligieran de entre esas personas a quienes integrarán el Sistema Anticorrupción estarían mandando otra mala señal.

Ahora bien, las malas señales son útiles, de cualquier modo, pues indirectamente nos muestran los temas o asuntos que nuestra clase política no quiere que vigilemos, así que ya sabemos hacia dónde mirar.

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@albayardo

JJ/I