SEA: ¿autogol o simulación?

A principios de esta semana las organizaciones cúpula del sector privado en la entidad y 37 organizaciones civiles integrantes del Consejo de las Instituciones para el Desarrollo Social (CIDES), mayoritariamente asistenciales, publicaron sendos desplegados en los que manifiestan su respaldo a la metodología propuesta por el Comité de Participación Social para elegir al fiscal anticorrupción, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Administrativo, auditor superior y los órganos de control.

En su desplegado, los empresarios exhortaron a los aspirantes “a lo que la metodología dicta, en especial lo relacionado a la aplicación de pruebas, casos prácticos y declaración 3 de 3”, en tanto los organismos civiles extendieron su petición también a los diputados “a no elegir a ningún candidato candidata (…) que no cumplan con el 100% de los requisitos y procedimientos planteados”.

Las cúpulas de la IP manifiestan su confianza en que los integrantes del Comité de Participación Social “realizarán una excelente labor que sumará al desarrollo y competitividad de nuestra entidad”, mientras los integrantes del CIDES advierten que “estaremos atentos al proceso” en espera de que “éstas consideraciones sean atendidas por nuestros miembros del Congreso del Estado y los candidatos y candidatas”.

Resulta importante destacar las posturas anteriores, toda vez que nubarrones del sospechosismo se han apostado sobre la actuación inicial de los diputados y de candidatos y candidatas a los cargos en juego para conformar el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que los desplegados referidos no son gratuitos ni mera coincidencia. Por el contrario, son un mensaje de que la sociedad civil está y estará atenta a las decisiones que tomen los integrantes del Comité de Participación Social y los diputados, así como la conducta que guarden los aspirantes.

En este sentido, la demanda de los abajofirmantes de dichos desplegados deberá ser atendida por los diputados, los miembros del CPS y los y las aspirantes en función de los criterios para la elaboración de la opinión técnica del perfil… y se agrega: fiscal anticorrupción, auditor superior, magistrados y órganos de control.

Y en estos criterios se habla de requisitos de elegibilidad y aptitud para ocupar el cargo, puntos que deberán de ser estrictamente cumplidos por quienes aspiran a los cargos en disputa y por quienes son los encargados de evaluarlos y elegirlos, pues dada la trascendencia de estas nuevas figuras no pueden darse el lujo de que sus decisiones sean impugnadas ante los tribunales por quienes se consideren agraviados o afectados.

Que ocurra una situación así evidencia el papelón que hicieron unos y otros, tanto los participantes como los electores. Judicializar estos asuntos no es buena señal ni es el resultado que la ciudadanía quiere ver como final de estos procesos en donde está de por medio el combate a la corrupción y la impunidad.

Los postulantes están obligados a cumplir con los requisitos establecidos en las respectivas convocatorias “bajo protesta de decir verdad”, y en cumplimiento a la declaración 3 de 3 deberá confirmar que no existe conflicto de intereses, supuesto en el que se encuentran varios aspirantes particularmente a la titularidad de la Auditoría Superior.

Los integrantes del CPS y más de un diputado deben tener colmillo para saber que hay algunos aspirantes que se han inscrito no para ser, sino para no dejar que otros sean, mientras que otros dejan pasar para luego dar el sablazo y quedarse con el pastel.

Por eso, los responsables de procesos que enmarcan el Sistema Estatal Anticorrupción no deben prestarse a la simulación o para legitimar el reparto de cuotas, porque a final de cuentas todo caerá por su propio peso. Al tiempo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ