México, ¿en paz?

Esta semana tres hechos regresaron la atención al asunto de la inseguridad en el país: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que octubre se convirtió en el mes más violento en 20 años al registrarse un total de 2 mil 371 homicidios dolosos. La cifra representa un crimen cada cuatro horas, un récord de esos que dan escalofrío. Nunca antes se había matado tanto en México, fue como se consignó la noticia en la prensa extranjera.

En ese reporte destacó el caso de Baja California Sur, subrayado con doble rojo por el alarmante aumento de los homicidios dolosos. La entidad está en el tercer sitio con mil 914 crímenes en lo que va del año y un nivel de violencia que ya supera al de Sinaloa, Chihuahua y la otra Baja California y que se acerca al de Guerrero.

Como una coincidencia fatal, el mismo día en que se presentaron las estadísticas también se supo del asesinato del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, atacado junto con su esposa e hijos, uno de los cuales también perdió la vida.

El ataque parece corroborar lo que se está viviendo en aquella entidad que pasó de 147 casos de enero a octubre de 2016 a 409 en este mismo periodo. Se trata de un incremento de 178 por ciento de los asesinatos.

Las cifras que arroja el Secretariado Ejecutivo hacen ver que la inseguridad está fuera de control. Con octubre fue la cuarta vez en 2017 en que se rompió el récord mensual de homicidios y fue también el mes más violento en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Con lo acumulado el mes pasado ya suman, en lo que va del año, 20 mil 878 carpetas de investigación por homicidio, lo cual también es un récord.

Seguimos viendo cómo Guerrero, Estado de México, Chihuahua y Veracruz se mantienen como los estados más rojos; ni las estrategias ni el apoyo de las Fuerzas Armadas han cambiado su contexto violento y lo peor es que entidades antes tranquilas y emblemáticas para el turismo, como Baja California Sur, se convierten en focos de alerta sin que nadie haga nada.

El reporte del Secretariado Ejecutivo y el asesinato del ombudsman recrudecieron los reclamos al gobierno federal por el fracaso en materia de seguridad, pero la autoridad parece que, como en muchos otros casos, se esfuerza más en el discurso para salir al quite que en abatir los índices de violencia.

En su comparecencia en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, respondió a los cuestionamientos con lo mismo que se la pasó diciendo todo el sexenio: que el asunto es grave y que la autoridad de todos los niveles debe ser corresponsable.

A estas alturas de la administración de Enrique Peña Nieto, analistas ya hablan de un Estado fallido que fue sometido por el crimen organizado.

Que intenten dar el volantazo para enderezar el rumbo es poco probable. Aunque en la verborrea se afirme que lo electoral no está haciendo a un lado las acciones de gobierno, lo cierto es que, incluso en materia de seguridad, el interés va galopando hacia otra dirección: la estrategia que los ocupa ahora está en retener la Presidencia o de lo contrario lo que seguiría sería la persecución porque así como creció la violencia avanzó la corrupción y la sociedad exige castigo a la impunidad.

Como colofón a este esquema, un tercer hecho: el informe El yugo zeta, del Colegio de México, reveló cómo la célula criminal convirtió la cárcel de Piedras Negras no sólo en un centro de operaciones, también en un campo de exterminio.

Ante las críticas, el presidente se defiende diciendo que todavía no termina su gestión, pero ¿qué probabilidad hay de que consiga el México en paz que ofreció en campaña antes de que se vaya?

JJ/I