SEA: credibilidad en juego

Los próximos días serán clave para la conformación de todo el cuadro que tiene que ver con el Sistema Estatal Anticorrupción y todo parece indicar que las decisiones que se tomarán dentro y fuera del Congreso del Estado responderán más a las cuotas partidistas o de intereses en concreto.

Tarea importante en esta labor tienen los cinco integrantes del Comité de Participación Social, Jorge Alberto Alatorre Flores, Lucía Almaraz Cázares, Annel Alejandra Vázquez Anderson, Freddy Mariñez Navarro y José de Jesús Ibarra Cárdenas, pero de la decisión que tomen finalmente los diputados a la hora de elegir a quienes ocuparán los espacios del SEA confirmaremos la trascendencia de su trabajo: valió la pena o simplemente cumplieron el papel de aduana para legitimar lo que decidan las fracciones legislativas mayoritarias.

Y es que al inocultable mensaje de que está tomada la decisión de que Cynthia Cantero Pacheco sea la titular de la Auditoría Superior del Estado –aunque seguramente terminará por imponerse su calidad de inelegible– ya se escuchan en los pasillos del Congreso del Estado y de palacio de gobierno, así también como en las guaridas del alfarismo y en otros corrillos políticos, nombres y apellidos de quienes presuntamente está decidido ocupen los cargos del Sistema Estatal Anticorrupción, si es que no se les atraviesa un obstáculo que los eche por tierra.

Uno de los nombres que se apuesta está decidido para ser el primer fiscal anticorrupción es el de Adrián Talamantes Lobato, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, y hombre al que se le identifica cercano al partido Movimiento Ciudadano, particularmente al alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez.

Como decíamos líneas arriba, para la Auditoría Superior de Jalisco se coloca a la actual presidente del Instituto de Transparencia, Cynthia Cantero Pacheco, quien ocuparía el espacio que le corresponde al PRI; sólo que de ser impuesta se abre la puerta de par en par para que su designación sea impugnada y con grandes posibilidades de perder en los tribunales.

Para la Sala Superior del Tribunal Administrativo del Estado se asegura que los tres magistrados designados saldrían de entre estos nombres: Martha Gloria Gómez Hernández, subsecretaria de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado; Laurentino López Villaseñor, magistrado y actual presidente del propio Tribunal Administrativo; Miguel Gutiérrez Barba, ex consejero de la Judicatura, a quien en ese cargo se le identificó con el hoy senador panista José María Martínez Martínez, pero se considera una posición favorable al alfarismo en caso de ser designado; Jesús Reynoso Loza, ex magistrado y ex presidente del Tribunal Electoral del Estado y ex secretario general del Congreso del Estado, cargo al que renunció para buscar ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, pero apostándole a ser integrante de esta Sala Superior.

Trasciende además el nombre de una abogada que de alguna manera estaría ligada con el alfarismo y al grupo al que pertenece también el consejero de la Judicatura, Eduardo Moel Modiano.

En estos corrillos políticos, vale referirlo, se cuenta que Reynoso Loza pudiera ser nuevamente sacrificado por el alfarismo en caso de que Adrián Talamantes fuese designado fiscal anticorrupción, pues consideran que sería darle dos espacios importantes al mismo grupo.

Se asegura que estos nombramientos que tienen que ver con el Sistema Estatal Anticorrupción están ligados de alguna manera con las 42 notarías que están en juego y sobre las que se asegura hay un acuerdo para que la mitad de los nombramientos estén a cargo del Ejecutivo y la otra mitad saldrían de los acuerdos entre los grupos políticos, particularmente de los dos mayoritarios en el Congreso del Estado. Y si no, al tiempo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I